Trump se enfoca en los trabajadores indocumentados, pero no en los negocios que los contratan

Casi 20 años atrás, Mark Reed, por entonces jefe superior del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), envió agentes a Nebraska para combatir la contratación de inmigrantes no autorizados por parte de las empresas empacadoras de carne.

Los agentes investigaron los registros para descubrir documentos forjados o falsos números de Seguro Social, y miles de trabajadores, temerosos de ser capturados sin papeles, huyeron del estado.

Reed pensó que la iniciativa, llamada Operación Vanguard, podía convertirse en un modelo nacional para combatir el imán de la inmigración no autorizada, y eso mismo le expresó al representante Lamar Smith (R-Texas) durante una audiencia en el Congreso acerca del tema, mientras Vanguard estaba en marcha. “La luz de neón está encendida. Así ha sido por décadas, y ese neón es impulsado por los empleos”, testificó Reed. “Mientras esos trabajos estén disponibles, esas personas ingresarán al país”.

Pero Smith pensaba lo contrario. “La deportación es el mayor obstáculo para la inmigración sin permiso”, afirmó.

Poco después de esa audiencia, en 1999, las consecuencias políticas llevaron a la agencia a detener la Operación Vanguard, y los funcionarios centraron su atención en arrestar a los inmigrantes y militarizar la frontera suroeste.

En los años transcurridos desde entonces, la estrategia del gobierno no ha cambiado mucho.

En la interminable guerra política y retórica acerca de la inmigración no autorizada, los inmigrantes generalmente reciben gran parte de la culpa, mientras que las empresas obtienen cierto perdón, tanto de la aplicación de la ley como de las fuertes críticas sociales. “Si tomamos la hipocresía y le agregamos una buena dosis de consecuencias no deseadas, podemos ver por qué estamos en este lío”, explicó Reed, ahora semiretirado, acerca del control de la inmigración.

A pesar de las duras declaraciones del presidente Trump sobre las deportaciones y la construcción de un muro en la frontera con México, sus órdenes ejecutivas en el tema hasta ahora no mencionan a los empleadores. Tampoco los señaló cuando, en su primer discurso en una sesión conjunta en el Congreso, renovó su promesa de construir el muro fronterizo.

Aunque la retórica de Trump acerca de la inmigración indocumentada es inusual comparada con los presidentes anteriores, su enfoque básico a la aplicación de la ley no lo es.

En los años fiscales 2009 al 2016, agentes de inmigración deportaron a más de 2.5 millones de personas. Durante ese mismo lapso, los funcionarios arrestaron a 1,337 gerentes de negocios por cargos que incluyeron la contratación ilegal, la evasión de impuestos y el lavado de dinero. “Siempre ha sido más fácil ir detrás de los trabajadores”, expuso Doris Meissner, una excomisionada del INS. “¿Pero, es algo más que contar números? ¿Cambia en algo el efecto de atracción de los trabajos? No”.

Durante años, la ley federal no impidió la contratación de personas en el país sin documentos. Eso cambió en 1986, cuando el presidente Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración. La norma, comúnmente conocida como IRCA, por sus siglas en inglés, otorgó residencia a cerca de tres millones de personas que se encontraban en el país sin autorización, reforzó el control en la frontera y por primera vez estableció sanciones por contratar a personas indocumentadas.

Pero para ganar el apoyo de la industria, incluyendo la poderosa Cámara de Comercio de los EE.UU. y las delegaciones agrícolas del Medio Oeste, las sanciones a los empleadores se diluyeron, explicó Peter Brownell, director de investigación del Center on Policy Initiatives, en San Diego, quien ha estudiado el tema.

La ley IRCA fijó multas bajas y declaró que, para ser condenados, los empresarios debían haber “empleado a sabiendas” a una persona indocumentada.

La pena mínima impuesta por el Departamento de Justicia es de $548 por empleado no autorizado. La máxima puede llegar a los $21,916, según se trate de la primera, segunda, tercera -o posterior- infracción del empleador.

Para evitar sanciones, todo lo que los empleadores deben hacer es asegurarse de que, tal como dice la ley, la documentación de un empleado “parezca razonablemente genuina”. También deben atestiguar que hicieron un esfuerzo de buena fe para verificar la elegibilidad del empleado al completar un documento conocido como formulario I-9.

El sólo hecho de emplear a alguien que reside sin autorización en los EE.UU. no es suficiente para incurrir en una violación. “Eso hizo difícil procesar los casos”, explicó Brownell.

Moderar la ley IRCA causó efectos expansivos que aún se sienten, remarcó Reed, el funcionario de inmigración retirado. “Cuando hicimos la amnistía a mediados de los años 1980 y legalizamos a todos, se suponía que sellaríamos la frontera y tendríamos un buen programa de trabajadores huéspedes, para no volver a repetir el problema. Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos hoy en esta situación, pero deliberadamente no hicieron nada al respecto”, aseveró. “Lo único que la IRCA hizo fue dar permiso a todas estas personas y poner algunas luces y vallas en la frontera sur, pero nunca se hizo nada con los empleos. Simplemente permitimos que la situación se saliera de control”.

Casi al mismo momento de la aprobación de la ley IRCA, el gobierno federal desarrolló un programa piloto que luego convirtió en E-Verify, un sistema en línea que le permite a los empleadores verificar si los números de Seguro Social son válidos y, por lo tanto, si un empleado está autorizado para trabajar en los EE.UU. Pero el sistema es voluntario, con la excepción de los contratos con el gobierno federal. Sólo tres estados -Arizona, Alabama y Mississippi- lo exigen para todos los empleados, públicos y privados.

Aun así, el sistema tiene fallas fundamentales; no puede, por ejemplo, detectar números de Seguro Social robados o prestados. En 2009, una revisión independiente de E-Verify realizada a pedido del Departamento de Seguridad Nacional estimó que el 54% de los trabajadores aprobados por el sistema para trabajar se encontraban sin autorización en el país.

No mucho antes de que Reed testificara en la audiencia de julio de 2009, los congresistas de Nevada habían presionado por un control más severo de la inmigración en su estado. Convocaron a Meissner, Reed -por entonces director de operaciones del INS- y a otros funcionarios de la agencia.

“Estaban muy cansados de eso”, afirmó Reed, acerca de la inmigración no autorizada. “¿Qué íbamos a hacer para proteger su estado de esa invasión? Creo que estaban realmente preocupados de que sus comunidades estaban siendo invadidas por personas de piel oscura”.

Las anteriores iniciativas de control se habían enfocado en los trabajadores. Por ejemplo, en julio de 1997, funcionarios de inmigración habían detenido a unos 100 trabajadores durante incursiones de alto perfil en dos plantas de procesamiento de carne en Nebraska.

Pero la Operación Vanguard se enfocó en los empleadores, y luego de que más de 3,500 trabajadores huyeran ante los rumores, los funcionarios que habían instado a Reed a reforzar la aplicación se quejaron de que la iniciativa estaba retrasando el trabajo en las plantas de carne y tenía un impacto negativo en la economía del estado. También le dijeron que los controles estaban “apartando el tejido de su comunidad”.

“Resultó que todas esas personas -los trabajadores- eran parte de la comunidad”, afirmó Reed. “Resultó que todas eran personas que iban a la iglesia; eran aquellos con quienes compartían un rato en el bar. Y ahora todos huían”.

Los estadounidenses están acostumbrados a la mano de obra y los bienes baratos, y no queda claro si podrían soportar un verdadero control a los empleadores y las consecuencias que seguirían, tales como productos más caros y comunidades desiertas, remarcan los expertos.

“Es momento de decidir si eso está alineado con nuestros deseos”, expuso Reed. “Veamos qué quieren los EE.UU. y qué no quieren”.

La Operación Vanguard fue abandonada y el foco cambió hacia la frontera suroeste. Estos esfuerzos se intensificaron después de los ataques del 11 de Septiembre de 2001, especialmente después de que las autoridades federales desmantelaran en INS y lo reorganizaran como el Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, parte del nuevo Departamento de Seguridad Nacional.

Bajo la presidencia de George W. Bush, el control se llevó a cabo en forma de muy publicitadas redadas en fábricas, entre ellas en plantas de procesamiento de carne.

El presidente Obama se alejó de las redadas y, en cambio, instruyó a los agentes para que se centren en las inspecciones, como las de la Operación Vanguard, y para que apunten a los empleadores y no sólo a los trabajadores.

La nueva estrategia hacia las auditorías de los formularios I-9 y las multas administrativas resultó fructífera durante algún tiempo, y alcanzó un pico cuando los funcionarios federales condenaron a 193 gerentes en sus sitios de trabajo durante el año fiscal 2011 -un importante aumento en comparación con los 89 registrados en 2009-.

Pero, finalmente, esas iniciativas se desaceleraron y el año fiscal 2015 marcó 77 condenas. Las últimas cifras muestran 49 condenas, en 2016 (ICE no desglosa estas estadísticas por infracción, por lo cual no está claro cuántas de ellas fueron por contrataciones no autorizadas).

Una de las razones de la baja en sitios de empleo en los años recientes es la decisión de la agencia de centrarse en los infractores más flagrantes, remarcó un funcionario de ICE.

Para Reed, las auditorías pueden ser efectivas e, idealmente, deberían realizarse junto con un Self Check, un programa de verificación electrónica -casi desconocido- que quita al empleador la carga de determinar la elegibilidad del empleado. En lugar de ello, la coloca en el gobierno federal.

Con Self Check, que utiliza las mismas bases de datos de E-Verify, los posibles empleados responden preguntas en línea para probar su elegibilidad para trabajar. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) advierte a las empresas que no se debe forzar a potenciales empleados a emplear el programa voluntario porque hacerlo podría violar las leyes antidiscriminatorias.

El DHS “no permite a los empleados usar el programa porque no están preparados para aceptar las consecuencias de negar el empleo a las personas sin autorización”, expuso Reed. “Un brillante ejemplo de la hipocresía que rodea el control en sitios de trabajo”.

Después de su retiro Reed lanzó una empresa consultora que ayudó a empresarios de la industria de la carne a cumplir con las leyes inmigratorias al deshacerse de sus empleados no autorizados.

El experto vive a 90 minutos del límite divisorio, pero raramente visita el lugar. Cuando lo hace, recuerda por qué el Congreso y sus miembros se han enfocado más en la frontera y quienes la cruzan, en lugar de en los negocios que contratan inmigrantes indocumentados como mano de obra barata.

“Así luce”, dijo, en referencia a los cientos de millas de valla oxidada, que es iluminada por la noche con reflectores. “Se puede tomar una foto de las luces; se pueden tomar fotos de la cerca y del camino que se está construyendo. Se puede mostrar un progreso diario… Todo es un efecto visual”.

En su opinión, “el verdadero muro” sería imponer sanciones a los empleadores.

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Traducción: Valeria Agis