Una madre en México, sus hijos y esposo en EEUU; ¿Cómo funciona una familia dividida por la deportación?
Eran las 3:30 a.m. cuando Emma Sánchez le dio un beso de despedida a su esposo, quien se marchaba a trabajar en una mañana de junio. Mientras Michael Paulsen cruzaba a los tres hijos de la pareja al otro lado de la frontera de los EE.UU. y México, Sánchez regresó a la cama. Horas más tarde, se despertó con la casa de dos plantas vacía, en las afueras de Tijuana.
La pareja ha seguido esta misma rutina durante una década. Deportada a México en 2006, Sánchez vive en Tijuana mientras que Paulsen y sus tres hijos, todos ciudadanos de los EE.UU. viven en Vista, California.
Todo mi mundo se vino abajo… no puedes creer que en un minuto ellos –ICE- puedan destruir tu vida y tu familia”.
— Emma Sánchez, madre deportada.
En la primera mitad de 2014, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. deportó a 22,088 inmigrantes no autorizados que dicen tener al menos un niño nacido en los EE.UU., según los datos más recientes de la entidad. Los expertos y activistas estiman que cientos de estos parientes viven en Tijuana. “El grado en que la unidad familiar y las mujeres y los niños se han convertido en el punto crítico de la inmigración no tiene precedente”, sostuvo Ev Meade, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego. “Históricamente, nunca hemos tenido una situación en que las familias hayan sido separadas de esta manera”.
Los padres inmigrantes no autorizados fueron un elemento clave del plan del presidente Obama para proporcionar un alivio de deportación a cerca de cinco millones de personas. Aunque ese proyecto no abarcaría a padres como Sánchez, que ya han sido deportados, ofrecería protección legal a aquellos progenitores que permanecen en el país indocumentados.
Se estima que, entre 2009 y 2013 había cerca de cinco millones de niños menores de 18 años en el país, con al menos un padre indocumentado, tal como lo establece un informe del Migration Policy Institute. Aproximadamente cuatro millones de esos niños eran ciudadanos estadounidenses.
Un bloqueo de la Corte Suprema en junio pasado dejó prevalecer la decisión judicial que bloqueó la acción ejecutiva del presidente Obama.
Los críticos sostienen que los inmigrantes que cruzan la frontera pese a su situación ilegal no tienen derecho a estar en los EE.UU., donde toman recursos y oportunidades de empleo en perjuicio de los ciudadanos y residentes legales. La deportación es, para ellos, el castigo que les corresponde por esas acciones.
Las autoridades señalan que el 97% de los padres inmigrantes deportados en 2014 cumplía con al menos una de las prioridades de control de la agencia de control inmigratorio, por ejemplo antecedentes penales y deportaciones anteriores.
Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, señaló que el término “reunificación familiar” ha sido apropiado por “personas que voluntariamente deciden violar las leyes de inmigración y luego dicen que tienen derecho a una reparación imparcial de las consecuencias de su propia conducta”. “Estamos hablando de personas que simplemente sienten que quieren que sus hijos vivan mejor, y están dispuestas a transgredir las leyes para eso”, afirmó.
Sánchez reconoce que emigró al país ilegalmente, pero sostiene que el castigo fue demasiado severo para ella. “Comprendo que no estoy autorizada y que hice algo mal, que va en contra de la ley de los EE.UU., pero no soy una delincuente”, aseguró. “No he cometido ningún delito grave, como robo, asesinato o prostitución”.
Sánchez ingresó al país ilegalmente en 2000. Antes de ello, había intentado entrar por el Puerto de San Ysidro, pero los agentes la rechazaron. Poco después de su llegada al país conoció a Paulsen, en Vista. Él la vio delante del taller donde trabajaba como mecánico y se sintió atraído por ella, pese a no hablar una palabra de español en ese momento. Los dos comenzaron a verse con un conocido como intérprete. La pareja se casó un mes después de eso.
Sánchez tenía previsto presentar su documentación para obtener el estatus legal en 2006, cuando fue citada a abandonar el país para tener una cita con autoridades inmigratorias en el Consulado de los EE.UU. de Ciudad Juárez. Los funcionarios le dijeron allí que ella no podía volver a Vista por 10 años, pese a que Paulsen, de 51 años, es ciudadano estadounidense y veterano de la Marina.
En ese momento, la ley de inmigración estipulaba que los solicitantes debían regresar a su país de origen y esperar allí. Pero una vez que el solicitante que había vivido en los EE.UU. sin permiso dejaba el país, quedaba automáticamente excluido de volver a ingresar por entre tres y diez años.
“Mi mundo entero se vino abajo… No se puede creer que en un minuto ellos destruyan tu familia, tu vida”, aseguró Sánchez, en español, desde su hogar en Tijuana. La mujer, entonces, le dijo a Paulsen que sería mejor divorciarse. “Pensé: ‘¿Cómo vamos a vivir así, yo en México y mi esposo en los EE.UU.?’”.
Durante sus primeros tres meses en México, Sánchez se quedó con sus tres hijos en el popular lugar turístico Los Cabos, donde uno de sus hermanos trabaja como médico. Su hijo mayor, Alex, tenía por entonces cinco años de edad; Ryan tenía tres y el más pequeño, Brannon, apenas dos meses.
Pero Paulsen quería estar más cerca de su familia, por eso rentaron una casa en Tijuana. Aunque el hombre contempló mudarse allí, sabía que las oportunidades laborales en México eran escasas y que cruzar la frontera a diario para trabajar era demasiado complicado. En Vista, Paulsen y los niños rentaron una casa junto con la madre de Sánchez. Cada fin de semana, todos hacen el recorrido de las 80 millas que los separan de la vivienda en Tijuana. Con el salario de un mecánico, él paga dos rentas, más de $50 en gasolina semanal y alimentos para ambas casas. Sánchez rara vez sale de su vivienda, porque le teme a la delincuencia que hay en su vecindario. En lugar de ello, vende artesanías en su porche un par de veces a la semana y pinta en su tiempo libre.
“Le digo a la gente: ‘Tengo que ir a ver a mi mujer, que vive en otro país’. Es duro”, dice Paulsen. “Me gustaría llegar un día a casa y preguntar: ‘Cariño, ¿qué hay para cenar?’. Quiero que ese día llegue”.
Por lo general, un ciudadano o residente permanente de los EE.UU. puede presentar una petición para que su cónyuge reciba una tarjeta de residencia que le permita vivir legalmente en el país. Los mayores de 21 años pueden solicitar en nombre de los padres, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU.
Sánchez, expulsada del país durante diez años, es elegible para solicitar el reingreso. Los niños vivieron en México por un tiempo, pero allí los recursos de salud y educativos para los niños estadounidenses eran mínimos, y la pareja sintió que sus hijos tenían derecho a la educación pública en los EE.UU., donde habían nacido.
“Aunque los veo los fines de semana y durante los descansos de la escuela, sé que estoy ausente cuando se enferman y en sus actividades diarias”, dice Sánchez. “Sé que he estado ausente durante los momentos más importantes de sus vidas”.
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Traducción: Valeria Agis
