La Corte Suprema decidirá si la policía puede usar datos de celulares para rastrear sospechosos

La Suprema Corte de Justicia ha acordado decidir sobre si la policía necesita proporcionar evidencia de un crimen, todo antes de que puedan obtener datos de los teléfonos celulares que muestran a dónde ha viajado un sospechoso.

Aunque esta decisión gira en torno al derecho a la privacidad, el caso no implica la intersección de conversaciones privadas a través de un celular, o la captura de los datos personales que se almacenan en el teléfono.

Hace tres años, en el caso de Riley vs. California, la corte dijo que la policía necesita una orden de registro y pruebas de “causa probable” antes de que puedan descargar el contenido de un teléfono celular.

Pero la mayoría de los tribunales han dicho que la gente no tiene el mismo derecho a la privacidad de los datos guardados, incluyendo los registros de llamadas que son mantenidos por las compañías telefónicas.

Sin embargo, la ley federal limita cómo y cuándo la policía puede obtener registros de llamadas telefónicas. Deben obtener una orden judicial y demostrar que “hay motivos razonables para creer” que los registros y materiales “son relevantes para una investigación criminal en curso”.

Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dicen que la corte debe establecer un estándar más alto, y exigir a la policía que muestre pruebas de “causa probable” sobre un crimen, antes de que puedan obtener registros de los teléfonos móviles. Ellos agregaron que los registros de la compañía telefónica se obtienen “decenas de miles de veces” cada año.

En el caso de Carpenter vs. Estados Unidos, la ACLU apeló en nombre de un individuo de Michigan que fue condenado por una serie de robos a mano armada en el área de Detroit. Los fiscales se basaron en testimonios de sus cómplices, pero también obtuvieron y usaron registros de su uso de teléfonos celulares durante 127 días. Los registros confirmaron que Timothy Carpenter hizo llamadas desde un lugar a una milla o dos de cuatro de los sitios de robo.

Un juez federal y el Tribunal de Apelaciones del 6to Circuito de Estados Unidos, en una sentencia 2-1, rechazaron las afirmaciones de Carpenter, quien argumentaba que el uso de los datos del teléfono móvil violaba sus derechos bajo la 4ª Enmienda. No obstante, los jueces votaron para investigar los datos.

Varios de ellos, incluyendo a la juez Sonia Sotomayor y Samuel A. Alito Jr., han expresado su preocupación porque la recopilación computarizada de datos, si no se controla, podría permitir al gobierno realizar un seguimiento inapropiado de las personas.

El lunes en forma separada, el tribunal dictó las siguientes decisiones:

- En una orden se confirmó la decisión de un tribunal inferior de que los distritos electorales de la Asamblea General de Carolina del Norte, al igual que sus distritos congresionales, estaban delimitados por líneas raciales y esto era inconstitucional. Pero estableció una decisión separada que exigía que el estado redibujara un mapa electoral este año, en lugar de hacerlo hasta el 2018 cuando se programen las próximas elecciones regulares. En una opinión no firmada, los jueces cuestionaron la necesidad de elecciones especiales inmediatas.

- La corte puso un plazo de cinco años en el momento en que la Comisión de Valores e Intercambio pueda recuperar los beneficios mal recibidos de las personas que son condenadas por acciones fraudulentas. La ley estableció un estatuto de limitaciones de cinco años para “cualquier multa civil, penal o confiscación” por violar la ley de valores, pero la agencia había establecido una orden para “deshacer” las ganancias ilícitas que no eran una pena. La corte terminó por discrepar en el caso Kokesh vs SEC con una decisión de 9-0.

- La corte limitó la autoridad del gobierno para obtener dinero de un “co-conspirador” en un crimen donde no se recibió ninguno de las ganancias fraudulentas. Terry Honeycutt trabajó como vendedor en una ferretería de Tennessee, propiedad de su hermano Tony. Ellos fueron acusados como conspiradores de drogas por vender 20.000 botellas de Polar Pure, un producto de purificación de agua que se puede usar para fabricar metanfetamina. Tony se declaró culpable y aceptó perder 200.000 dólares. Terry fue condenado a cinco años de prisión, a pesar de que “no se había beneficiado personalmente” del régimen de drogas.

Los fiscales insistieron en que debía perder casi 70.000 dólares, y el Sexto Circuito acordó que todos los co-conspiradores son responsables. En el caso de Honeycutt vs Estados Unidos, los jueces discreparon unánimemente. Una confiscación “se limita a la propiedad que el propio acusado adquirió como resultado del crimen”, dijo Sotomayor. “Porque Honeycutt nunca obtuvo propiedades ilegales, [la ley] no requiere ningún decomiso”.

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