‘Incluso los good hombres no están a salvo’: un juez federal condenó las deportaciones de Trump

Un juez de la corte federal de apelaciones se lamentó este martes de no poder detener la “inhumana” deportación de un exitoso hombre de negocios en Hawái, cuya esposa e hijos son estadounidenses y dependen de él para vivir.

El juez Stephen Reinhardt, de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE.UU., se unió reaciamente a otro jurista para rechazar un recurso de emergencia presentado por Magana Ortíz, de 43 años de edad, un veterano cultivador de café en la región de Kona, en Hawái, quien ha estado en el país desde los 15 años de edad. El hombre intentaba obtener su estatus autorizado para residir en los EE.UU. cuando se ordenó, en el marco de las nuevas reglas inmigratorias del presidente Trump, su deportación a México.

“Estoy de acuerdo como juez, pero no como ciudadano”, escribió Reinhardt en una deliberación al rechazo de la apelación presentada por Ortíz. Aunque se guió por la ley en el caso de Ortiz, Reinhardt escribió por separado para expresar su angustia por las consecuencias para la familia del hombre, y su desconcierto ante la decisión del gobierno estadounidense de deportar a un hombre como él.

“El presidente Trump ha afirmado que sus políticas de inmigración tenían en la mira a los ‘bad hombres’”, escribió Reinhardt, uno de los nombrados por Carter y uno de los jueces federales de apelación más liberales del país. “La decisión del gobierno de deportar a Magana Ortíz muestra que incluso los ‘good hombres’ (hombres buenos) no están a salvo”.

Ortíz había obtenido una suspensión para su deportación en 2014, a modo de poder tramitar su residencia permitida, explicó Reinhardt. Su esposa, Brenda, presentó los documentos necesarios hace más de un año, pero éstos estaban todavía pendientes de acción cuando el presidente Trump llegó al cargo. Posteriormente, se revocó la suspensión y se ordenó la deportación.

No queda claro por qué el gobierno federal buscó la deportación en este caso; los registros presentados por los abogados de la administración no estaban disponibles para la consulta pública en el expediente de la corte.

Por ley, a Ortíz se le prohibirá regresar a los EE.UU. por 10 años después de su deportación, anotó el juez Reinhardt. Después de iniciar su propia compañía, Ortíz trabajó con el Departamento de Agricultura de los EE.UU. para investigar las plagas que afectaban la cosecha de café en Hawái y le permitió al gobierno usar su granja sin costo alguno para un estudio que se prolongó durante cinco años, todos hechos que Reinhardt anotó en su escrito.

“Magana Ortíz es un pilar de su comunidad, y un padre y marido dedicado”, afirmó el magistrado. “Es difícil entender cómo la decisión del gobierno de expulsarlo es coherente con la promesa del presidente de tener un sistema de inmigración con ‘mucho corazón’. No encuentro nada de compasión en la decisión de deportar a Magana Ortíz”.

Reinhardt rastreó la deportación a una serie de órdenes ejecutivas que Trump firmó el 25 de enero pasado. En ellas desmanteló un sistema de prioridades que previamente habían guiado a los funcionarios de inmigración para decidir a quién deportar, y les dio más libertad a los agentes individuales. Los decretos han obligado a los inmigrantes indocumentados a “elegir entre ir al trabajo, la escuela, los hospitales y hasta las cortes, y el riesgo de ser detenidos”, escribió el magistrado.

Ortíz tiene tres hijos, de 12, 14 y 20 años. El mayor de ellos es estudiante de la Universidad de Hawái y su educación es solventada por su padre, detalló Reinhardt. Ninguno de los niños habla español, por lo cual el traslado de toda la familia a México sería una dificultad, estimó el juez.

Si el resto de la familia permanece en los EE.UU., “los niños no sólo perderían a un padre, sino que también podrían ser privados de su hogar, de su oportunidad de recibir una educación superior y apoyo financiero”, agregó. “Someter a menores vulnerables a una opción entre la deportación a una tierra extranjera o perder el cuidado y apoyo de su padre no es la forma en que esta nación debe tratar a sus ciudadanos”, aseguró.

El gobierno de los EE.UU. reconoció que Ortíz es poseedor de un buen carácter moral, escribió Reinhardt. El inmigrante tiene dos “aparentes” condenas por conducir bajo la influencia -la última de ellas hace 14 años-, pero ningún otro antecedente delictivo.

“Todo lo que Magana Ortíz pidió al solicitar una extensión era quedarse en el país, su hogar durante las últimas tres décadas, mientras seguía su camino hacia obtener el estatus documentado”, continuó el juez. “Estaba totalmente dentro de la autoridad del gobierno conceder una vez más su razonable petición”. En cambio, escribió el magistrado, “el gobierno nos obliga a participar en la separación de una familia”.

Otros miembros del poder judiciario también han criticado las políticas de inmigración de Trump. La presidenta de la Corte Suprema de California, Tani Cantil-Sakauye, nombrada por los republicanos, y otros dos jueces del máximo tribunal solicitaron este año a la administración de Trump que cesen los arrestos de inmigrantes en las cortes. Esas acciones, remarcaron, crean miedo entre los inmigrantes al momento de acudir a un tribunal.

Reinhardt, por su parte, utilizó el caso de Ortíz para enfatizar las consecuencias de las políticas del gobierno. El magistrado expresó que la decisión de deportarlo reducía al país y sus cortes judiciales.

“No somos capaces de evitar la deportación de Magana Ortíz, pero ésta es contraria a los valores de esta nación y de su sistema legal”, escribió. “Magana Ortíz y su familia no son, en realidad, las únicas víctimas”.

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Traducción: Valeria Agis

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