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El Sheriff de Orange con más recursos para detener a más inmigrantes en sus instalaciones

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Sandra Hutchens, sheriff del condado de Orange, estaba buscando permiso de la Junta de Supervisores para ampliar el número de detenidos federales de inmigración que pueden ser albergados en las cárceles del condado.

Hutchens dijo que la medida que ella apoya compensaría más de la mitad de la capacidad que el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) perdió hace unos meses, cuando los funcionarios de Santa Ana hicieron que la agencia federal cancelara su contrato de cárcel de la ciudad.

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La expansión también “permitirá al sheriff acomodar una mayor capacidad de camas de ICE para los detenidos cuando sea necesario”, según un informe del personal de Hutchens.

La medida fue aprobada el martes 9 de mayo y la expansión se realizará.

Esta decisión permitirá que el Departamento del Sheriff tenga 120 detenidos de inmigración más a la vez, aumentando la capacidad máxima de los detenidos de ICE en las cárceles del condado, de 838 a 958.

El Concejo Municipal de Santa Ana votó en diciembre para reducir la capacidad de ICE en la cárcel de la ciudad de 200 detenidos a 128, antes de eliminar contrato de ICE por completo.

No obstante, ICE respondió en febrero con la cancelación de su contrato de Santa Ana; y ahora el concejo municipal busca amortiguar esos 11 millones de dólares en el presupuesto que perdió con el contrato. Una de las opciones es convertir la cárcel, ahora casi vacía, en un centro de salud mental.

Por otro lado, la expansión del Departamento del Sheriff traería al condado recursos adicionales de $5 millones por año sin la necesidad de personal adicional “en este momento”, de acuerdo con el informe del personal del departamento.

ICE paga al condado $118 por día por cada detenido de inmigración en cárceles del condado, y la expansión aumentaría los ingresos del condado de los actuales $ 22 millones a $ 27 millones, según el departamento del sheriff.

La petición del sheriff llegó cuando la administración del presidente Trump intensificó esfuerzos para deportar ilegalmente a inmigrantes en los Estados Unidos, en particular los acusados de ‘crímenes’. Pero se espera que la expansión de deportaciones de Trump requiera espacio adicional para detener a los detenidos por ICE.

Hutchens dice que sus oficiales no han ejercido ni ejercerán las leyes de inmigración en las comunidades locales. Pero ella ha apoyado públicamente un papel más amplio para las cárceles del condado en detener a los inmigrantes federales detenidos diciendo que, menos criminales serían liberados en las comunidades.

Entre otras medidas, se ha pronunciado en contra de una ley estatal que limitaría la aplicación de la ley local de ayudar a los funcionarios federales a hacer cumplir las leyes de inmigración, diciendo que el departamento del sheriff tendría grandes pérdidas en el presupuesto si pierde el contrato con ICE.

Hutchens también viajó a Washington en febrero para reunirse con el presidente y altos funcionarios de la administración Trump, y ofreció ayuda adicional al gabinete para retener más inmigrantes no autorizados.

Entre los funcionarios de la Administración Trump, se encontraba el fiscal general Jeff Sessions, a quien Hutchens ofreció asistencia adicional para detener a inmigrantes indocumentados. Se dice también que Hutchens habló con Sessions por teléfono, según el Registro del condado de Orange.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que supervisa Sessions, está investigando si el departamento de Hutchens tiene un patrón de violaciones de los derechos civiles, todo relacionado con el abuso de los informadores de la cárcel y la presunta retención de registros clave de los tribunales.

La investigación federal del escándalo de la cárcel fue anunciada en diciembre antes de que Trump se convirtiera en presidente y poco después de que una corte de apelaciones estatales descubriera que el departamento de Hutchens violaba repetidamente los derechos civiles de los detenidos a través de un programa ilegal de informantes.

Hutchens fue a Washington en su papel como presidente de los sheriffs principales del Condado de América, una asociación de sheriffs que sirven colectivamente a unas 100 millones de personas.

Justo antes de su viaje, el personal de Hutchens confirmó que habían rechazado su solicitud de casi 130.000 dólares en compensación por la campaña de Trump para servicios de aplicación de la ley; esa decisión fue celebrada con una manifestación en Costa Mesa el pasado mes de abril.

Durante su viaje la Sheriff, Trump pronunció un discurso el 8 de febrero en el que agradeció a Hutchens por su liderazgo, y le dijo que “hizo un gran servicio” y la llamó “legendaria”.

A fines de febrero, Sessions anunció que su departamento no dará seguimiento a las investigaciones de derechos civiles de las autoridades locales, diciendo que tales esfuerzos hacen a las comunidades menos seguras. Se desconoce si esa decisión afectará la investigación del Departamento del Sheriff y de O.C.

Pero en marzo, después de que la fiscal general Eileen Decker y otros 45 abogados de Estados Unidos fueron despedidos por Trump, un portavoz de la oficina del Procurador de los Estados Unidos en el Distrito Central de California, en Los Ángeles, dijo que no afectaría la investigación.

“La investigación continúa”, dijo el portavoz Thom Mrozek en una breve declaración por correo electrónico. “La salida del fiscal no afectará la investigación”.

Esta historia apareció originalmente en el portal Voice of OC, una organización local sin fines de lucro. El artículo también tiene información actualizada de HOY

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

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