El sheriff simpatiza con los migrantes, pero afirma que convertir a California en ‘santuario’ podría afectarlos

El sheriff del condado de Los Ángeles, Jim McDonnell, comprende la lucha de los inmigrantes que tratan de tener una vida mejor en los Estados Unidos. Sus padres se mudaron a Boston desde Irlanda un año antes de su nacimiento. Su padre era un obrero que, entre otras cosas, excavaba zanjas.

Pero McDonnell se encuentra ahora sobre la cuerda floja y ha roto filas con muchos otros políticos de Los Ángeles al oponerse a un proyecto de ley de “estado santuario”, que pretende impedir que los agentes federales de inmigración detengan a las personas que son liberadas de las cárceles de California.

Ampliamente demócrata y rico en inmigrantes, California es un estado donde resulta favorable para los funcionarios hacer frente a las políticas del presidente Trump, especialmente respecto de su promesa de deportaciones masivas para quienes se encuentren en los EE.UU. sin autorización. Pero McDonnell y algunos otros sheriffs que supervisan las cárceles sostienen que no tienen más opción que revelarse contra la propuesta del santuario, algo que -según creen- podría dañar a los inmigrantes en lugar de beneficiarlos.

“No soy seguidor de Trump. Tampoco soy anti Trump”, aseguró McDonnell. “Sólo soy un policía. Intento proteger la seguridad pública. Un día, el gobierno de Trump me ataca, y al día siguiente me llaman antiinmigrante”.

El proyecto de la ley estatal santuario es apoyado por los líderes demócratas en Sacramento, como una forma de proteger a la gente indocumentada en California de las políticas del nuevo gobierno federal.

Pero McDonnell sostiene que éste podría tener consecuencias no deseadas para las comunidades de inmigrantes. Si los agentes de inmigración no pueden recoger a las personas en las cárceles, explicó, las buscarán en las calles, lo cual inculcaría el miedo entre los inmigrantes y los haría menos propensos a cooperar con la policía en casos criminales.

“No tendrán más opción que ir a las comunidades y arrestar allí no sólo a los individuos que buscan, sino también a quienes están con esa persona, o a otra gente de la zona que está indocumentada”, manifestó el sheriff. “Y eso es algo que nadie de nosotros desea”.

Otros sheriffs, entre ellos Sandra Hutchens, del condado de Orange, han expresado objeciones similares; la Asociación Estatal de Sheriffs de California se opone al proyecto de ley. Pero, en el condado de L.A., McDonnell se diferencia de otros funcionarios, como las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl, así como el alcalde, Eric Garcetti, quienes apoyan la medida.

Charlie Beck, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) -donde McDonnell pasó la mayor parte de su carrera antes de convertirse en jefe de policía de Long Beach y, luego, en sheriff-, afirmó este martes que está de acuerdo con los “principios básicos” del proyecto de ley, aunque quiere asegurarse de que éste no proteja a los delincuentes.

Como supervisor del amplio sistema de cárceles de L.A., McDonnell se enfrenta a altos riesgos. Incluso sin la ley estatal de santuario, el Departamento del Sheriff del Condado de L.A. está en riesgo de perder fondos federales si Trump cumple con su amenaza de castigar a las agencias de la ley que no colaboren con la deportación de indocumentados. Este lunes, el gobierno federal mencionó el Departamento del Sheriff del Condado de L.A. en una lista de agencias locales que “ponen en riesgo a los estadounidenses” al no entregar a todos los presos solicitados por las autoridades de inmigración.

Por décadas, las agencias de la ley en California y otros sitios se han debatido acerca de cómo tratar con las personas indocumentadas. Bajo la Orden Especial 40, adoptada en 1979, los oficiales del LAPD no pueden acercarse a alguien solamente para investigar su estatus migratorio.

Los agentes del sheriff que patrullan las calles del condado siguen una política similar. En sus cárceles, sin embargo, el departamento coopera con las autoridades de inmigraciones de forma limitada. Los nombres y huellas digitales de las personas registradas en las cárceles del condado de L.A. son enviados automáticamente a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE), quienes identifican a aquellos a quienes quieren detener. El Departamento del Sheriff también remite listas de prisioneros que serán liberados próximamente.

El año pasado, los funcionarios de la cárcel del condado de L.A. entregaron cerca de 1,000 reclusos a los agentes de inmigración, una pequeña fracción de las más de 300,000 personas liberadas de prisión ese año.

En California, los sheriffs pueden cumplir con las solicitudes del ICE, conocidas como órdenes de retención, para entregar sólo a aquellos presos que han sido arrestados por ciertos delitos graves o violentos, o que tienen condenas anteriores por ciertos crímenes.

El proyecto de ley estatal santuario, llamado SB 54 y presentado por el presidente interino del Senado Kevin de León (D-Los Ángeles), limitaría la información que el ICE recibe de los reclusos en las cárceles del condado, lo cual dificultaría que los agentes inmigratorios sepan quién está tras las rejas.

Según el proyecto, los sheriffs no podrán compartir sus bases de datos con el ICE ni proporcionar la fecha de liberación de un recluso.Las órdenes de retención, que son típicamente usadas por el ICE para solicitar a un recluso, permiten que éste sea detenido por 48 horas extra. De aprobarse la ley, quedarían prohibidos.

Pese a todo, los sheriffs aun podrían notificar a las autoridades federales acerca de los presos que han sido condenados por ciertos delitos violentos, pero la lista de crímenes es más estrecha de lo que actualmente permite la ley de California. Además, la notificación se haría al FBI, no al ICE. “No podríamos hablar con el ICE acerca de quién está bajo nuestra custodia, ni decirle cuándo alguien será liberado”, detalló Hutchens, la sheriff del condado de Orange. “Después, esta gente sale a las calles; y hablo de criminales violentos y convictos”.

Chris Newman, director legal del National Day Laborer Organizing Network, señaló que en el marco del proyecto de ley, los sheriffs seguirían enviando las huellas digitales de los presos a las autoridades federales, y acusó a McDonnell de conspirar con el ICE para destruir el proyecto en lugar de mejorarlo. “Es muy desafortunado que parezca estar del lado del gobierno de Trump y en oposición a este proyecto de ley, que podría ser el más importante en términos de derechos humanos para toda una generación”, destacó.

Además de las disposiciones específicas para las cárceles del condado, el proyecto de ley estatal de santuario contiene una prohibición general para todas las agencias locales de la ley de colaborar en cualquier tipo de control de inmigración.

Claude Arnold, un agente especial jubilado quien estuvo a cargo de la región, sostuvo que el proyecto de ley, de promulgarse, podría llevar a un enfrentamiento con funcionarios federales, quienes podrían citar los registros de una agencia policial o demandarla en los tribunales. “Obliga a los sheriffs y a los departamentos de policía a amparar a los extranjeros, un delito federal”, remarcó.

En una carta del 9 de marzo pasado donde le explicó a De León su postura respecto del proyecto de ley, McDonnell planteó el espectro de agentes de inmigración que “tenderían una amplia red” en las comunidades locales si se les cerrara el acceso a las cárceles. También escribió que la lista de delitos violentos que los sheriffs tendrían permiso de notificar a las autoridades federales es demasiado estrecha, y que dejaría fuera crímenes como ataques de armas mortales, disparos contra una vivienda ocupada y violación de una víctima inconsciente.

Deportar a personas peligrosas hace más seguras las comunidades, resaltó también McDonnell. “Me veo a mí mismo como hijo de inmigrantes, y me siento sensible sobre las necesidades de esta comunidad”, afirmó. “Pero a la vez, no queremos poner a los depredadores en las comunidades de donde vinieron, para que cobren víctimas una y otra vez”.

El martes, los partidarios del proyecto de ley protestaron en las afueras del Palacio de Justicia, en el centro de Los Ángeles, donde McDonnell ocupa una oficina en un piso superior. Allí, lo acusaron de tomar partido por el gobierno de Trump y sus planes de acelerar las deportaciones.

Con letreros y cánticos en español, los manifestantes intentaron ingresar al edificio, pero fueron bloqueados por los guardias de seguridad, que cerraron las puertas. “Vamos a recordar de qué lado estaba McDonnell”, afirmó Pablo Alvarado, director del National Day Laborer Organizing Network, afirmó en una conferencia de prensa. “Entendemos que el Departamento de Seguridad Nacional está acosando al sheriff McDonnell para que se una a sus fuerzas de deportación”.

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Traducción: Valeria Agis