El plan para incrementar la contratación de agentes de la Patrulla Fronteriza, un proyecto con serios riesgos
La promesa del presidente Trump de combatir la inmigración no autorizada no sólo incluye un muro, sino también más personas detrás de éste: unos 5,000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y 10,000 oficiales de inmigración.
Estas ambiciosas metas están rodeadas de incógnitas -tales como qué tan pronto se lograrán, y de dónde saldrá el dinero- y de algunas historias recientes al respecto que suenan a fábulas. Por ejemplo, la de Oscar Ortiz Martínez.
Residents and Border Patrol agents discuss the state of the border and the prospect of President Trump’s wall.
Durante mucho tiempo, Martínez tenía un objetivo en mente: convertirse en un agente federal. Después de cuatro años en el Cuerpo de Marines, regresó en 2002 a su hogar, en El Centro, donde le tomaría un buen tiempo lograr su sueño. Antes de ser contratado por la Aduana y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), en 2006,, trabajó por años como guardia de seguridad en una cárcel para inmigrantes privada.
Al principio, Ortiz tuvo problemas. Fue descartado en 2007 cuando una revisión de antecedentes evidenció una orden de restricción que había interpuesto en su contra su exesposa. Sin darse por vencido, volvió a solicitar un puesto en 2008 y fue contratado.
Era un buen momento para sumarse. El CBP, junto con su agencia hermana, la Patrulla Fronteriza de los EE.UU., estaba en medio de una oleada de contrataciones sin precedentes, que llevaría a ambas instituciones a duplicar su tamaño entre 2003 y 2009.
Ese rápido aumento en la dotación de personal acarreó algunos problemas. Las normas de contratación se redujeron, la capacitación en la Academia de la Patrulla Fronteriza se truncó y las verificaciones de antecedentes -un tema crucial- se retrasaban o no se realizaban en absoluto.
Apenas meses después de ser contratado, una novia acusó a Ortiz por acoso. Poco más tarde se convirtió en blanco de una operación encubierta de una fuerza de trabajo federal enfocada en corrupción fronteriza. Ortiz fue investigado por asociarse con un excolega en la cárcel para inmigrantes y permitir el contrabando de cargas con drogas a los EE.UU. a través del carril de inspección que vigilaba, en el puerto de entrada de Caléxico.
En 2013, fue condenado en un tribunal federal por soborno, y sentenciado a 12 años de prisión. Así, Ortiz ingresó a la ignominiosa lista de cerca de 170 agentes fronterizos que han sido arrestados, procesados o condenados en casos de corrupción desde 2002.
Los funcionarios reconocerían más tarde que la presión para cumplir con las metas de contratación permitieron que candidatos menos calificados se unieran a la fuerza, y alimentaron en parte un aumento de estos casos.
Los ambiciosos objetivos de contratación de Trump han generado preocupación entre algunos expertos, de que la iniciativa pueda llevar a una repetición de la década de 2000, cuando se dejaron de lado las prácticas diseñadas para descartar a aquellos candidatos inapropiados y no calificados.
Otras preocupaciones incluyen la rapidez con que se puede lograr un refuerzo y la capacidad de las agencias para absorber trabajadores extra. “Tendremos que ver si han aprendido las lecciones de la última vez”, expuso Doris Meissner, una investigadora sénior del Migration Policy Institute y excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), reconstituido desde entonces como la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). “La lección principal es que se trata de la aplicación de la ley, y éstas son agencias que han tenido normas rigurosas en los últimos años”, resaltó. “Hay que estar en condiciones de hacerlo sin omitir procedimientos, y eso no es sencillo cuando hay presiones para lograrlo rápido”.
Aduanas y Protección Fronteriza, que incluye la Patrulla Fronteriza, es la mayor agencia policial del país, con cerca de 43,000 oficiales y agentes. La orden ejecutiva firmada por el presidente en enero pasado derivaría en un 25% de aumento de personal para la Patrulla Fronteriza y triplicaría el número de oficiales de ICE, de 5,000 a unos posibles 15,000.
En octubre último, mucho antes de que se anunciaran los planes de seguridad de Trump, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un informe donde se informó que dicha institución demoraba en contratar personal. El reporte mostraba que había tomado 282 días -cerca de nueve meses- contratar a un solo agente para la Patrulla Fronteriza. Pese a todo, era una ‘mejora’ en comparación con 2013, cuando el proceso había tomado 420 días.
En tanto, en 2015, demoraba 212 días contratar a un solo oficial para ICE. Eso también representaba una mejora respecto de 2012, cuando el curso de contratación de un oficial de deportaciones era de 1,161 días.
El informe remarcó la insuficiencia de personal para apoyar la oleada de contrataciones. En 2015, ICE contaba con tres personas para procesar 3,000 solicitudes de puestos de trabajo de oficiales de deportación de nivel inicial, y esto se registraba durante una oleada previa de contrataciones.
En febrero, después de que se emitieran órdenes ejecutivas para convocar más personal para la Patrulla Fronteriza y la agencia ICE, el inspector general John Roth testificó ante un comité del Congreso que DHS “enfrentará varios desafíos” al ejecutar las órdenes. Después de referirse a los largos tiempos de contratación, dijo que su oficina trabajaría con las agencias para ayudar “a evitar las malas prácticas de gestión previamente identificadas y sus impactos negativos”, una referencia a la corrupción y temas de falta de ética profesional.
Aunque sólo una pequeña fracción de la fuerza total de trabajo estuvo implicada, la gran cantidad de casos de mala conducta empañaron la agencia y despertaron críticas de grupos de vigilancia, los medios y el Congreso.
“Incluso uno es demasiado”, afirmó David Aguilar, jefe de la Patrulla Fronteriza durante el gobierno de George W. Bush, cuando comenzó la oleada de contrataciones.
Desde hace varios años, el DHS ha intentado resolver los problemas de corrupción en sus fuerzas de seguridad fronterizas. En 2014, el entonces secretario Jeh Johnson convocó a un panel asesor de integridad de alto nivel y le ordenó que examinara varias cuestiones, entre ellas la prevención de la corrupción.
Entre las primeras recomendaciones del panel surgió que el CBP necesitaba urgentemente agregar cientos de investigadores criminales a su división de Asuntos Internos para evaluar las denuncias. En su reporte final, publicado en marzo de 2016, los expertos sostuvieron que el CBP necesitaba 55o investigadores a tiempo completo y recomendó que se contratara a 350 de ellos en los tres años siguientes.
Según el reporte, la agencia había agregado sólo 57 personas, con planes de incorporar apenas 30 más en el siguiente año fiscal. A ese ritmo, destacó el panel, se necesitaría casi una década para que Asuntos Internos contara con el personal suficiente para erradicar la corrupción. “Esto deja al CBP vulnerable a un escándalo de corrupción que podría amenazar la seguridad de nuestro país”, escribieron los expertos el año pasado.
Al momento del informe -meses antes de que Trump solicitara los aumentos de personal en su decreto- CBP ya tenía problemas para contratar nuevos agentes y oficiales. Uno de ellos parecía ser una medida anticorrupción requerida por el Congreso.
En 2012, en respuesta a los casos de corrupción, el Congreso ordenó al CBP que administrara pruebas de polígrafo a todos los nuevos solicitantes de empleo. En enero, la agencia Associated Press informó que dos de los tres candidatos no había aprobado la prueba; el doble del promedio registrado en otras agencias del orden público.
El exjefe del CBP afirmó que los resultados comprobaban el buen funcionamiento del polígrafo, pero para otros mostraban que las pruebas eran muy estrictas y que los examinadores intentaban confundir a candidatos calificados.
Una nota interna del mes pasado, del comisionado interino del CBP, Kevin McAleenan, remarcó que la agencia quería tomar medidas para cumplir con las metas de contratación, entre ellas renunciar al examen del detector de mentiras para algunos solicitantes y concederse el poder de “determinar el tipo y nivel de investigación de antecedentes necesarios para los puestos del CBP”.
El viernes último, tres senadores presentaron formalmente un proyecto de ley que evitaría las pruebas de polígrafo para los solicitantes pertenecientes a otras agencias del orden y veteranos.
Shawn Moran, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el gremio que representa a los agentes, afirmó que el proceso del detector de mentiras fue reconsiderado porque muchos candidatos calificados habían sido sometidos a largos interrogatorios, a menudo de entre cuatro y ocho horas, o más. No obstante, resaltó que la agencia no puede bajar la guardia en ninguna otra cuestión vinculada con las normas de contratación.
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Traducción: Valeria Agis
