Las ejecuciones en California se podrían reanudar este año

El máximo tribunal de California decidirá si es legal acelerar las ejecuciones

En noviembre, los votantes de California legalizaron la marihuana, aprobaron un plan para reducir la población carcelaria y promulgaron los controles de armas.

Pero en una cuestión clave -la pena de muerte- la marea liberal modificó su pensamiento: los votantes rechazaron una medida para prohibir la pena capital y, en lugar de ello, aprobaron una iniciativa destinada a acelerar las ejecuciones.

La medida está ahora ante la Corte Suprema de California. Si el tribunal la aprueba, es posible que las ejecuciones se reanuden este año, concuerdan los abogados de ambos lados del debate.

La corte votó 5 a 0 en una sesión cerrada el mes pasado para poner en suspenso la Proposición 66, patrocinada por los fiscales y aprobada por el 51% de los votantes. La medida estableció estrictos plazos legales para algunas de las apelaciones por pena de muerte y desplazó algunas revisiones del castigo capital del máximo tribunal de California a las cortes de condado.

La presidente de la Corte Suprema Tani Cantil-Sakauye y el juez Ming W. Chin se retiraron del caso porque ambos forman parte del Consejo Judicial, el órgano de formulación de políticas de los tribunales, y un acusado en la demanda.

Según los jueces de apelación que se designen para ocupar sus puestos, la recusación podría ser una buena noticia para los opositores a la pena de muerte. Tanto Chin como Cantil-Sakauye se encuentran entre los miembros más conservadores de la corte.

Los opositores a la pena capital argumentan que la medida viola los requisitos de separación de poderes porque los votantes, actuando como legisladores, despojaron la autoridad del poder judicial.

El gobierno está dividido en tres ramas equitativas -ejecutiva, legislativa y judicial- y la Constitución sostiene que ninguna de ellas puede usurpar las responsabilidades de otra. “La Legislatura no puede decirle a los tribunales cómo hacer su trabajo”, señaló Christina Von der Ahe Rayburn, quien representa al exfiscal general John Van de Kamp y al exsupervisor del condado de El Dorado, Ron Briggs, en la demanda.

La medida requiere que las apelaciones se decidan dentro de los cinco años de la sentencia. Actualmente puede tomar una década o más para que la Corte Suprema del estado decida en la apelación automática de un preso condenado.

En estas apelaciones, los reclusos desafían sus condenas y sentencias en base a la evidencia del expediente del juicio. Las resoluciones del juez y la forma en que el jurado fue designado pueden ser examinadas muy de cerca por la Corte Suprema de California en estos procesos.

Los presos condenados también tienen derecho a una impugnación de habeas corpus, que se basa en pruebas externas al expediente. ¿El fiscal tuvo evidencias exoneratorias? ¿El abogado defensor era incompetente? ¿Los jurados fueron negligentes?

Pero conseguir que los abogados participen de apelaciones para penas de muerte, en particular en casos de habeas, ha sido un gran obstáculo en California. El pago relativamente bajo y el fuerte impacto emocional que los casos generan en los letrados son solamente una parte del problema.

Los abogados sostienen, además, que los $50,000 que el estado provee para una investigación de habeas corpus son demasiado escasos para contratar a los expertos necesarios para investigar los delitos y la vida de los reclusos.

En 2014, 352 presos en el corredor de la muerte no contaban con un profesional para sus casos de habeas, detalló la profesora de derecho de UC Berkeley Elisabeth Semel.

Para resolver la escasez de abogados, la Proposición 66 requeriría que los profesionales designados para defender a acusados de bajos ingresos también representaran a los reclusos condenados en sus apelaciones automáticas.

La Corte Suprema de California ahora decide tanto la apelación automática como las peticiones de habeas, y nombra a los abogados. Bajo la Proposición 66, el juez de sentencia decidiría el recurso de habeas y designaría a un abogado para representar al condenado.

Kent Scheidegger, asesor jurídico de la Fundación Legal de Justicia Penal y autor de la Proposición 66 sostuvo que los jueces tendrán más suerte que el tribunal estatal para lograr que los abogados tomen los casos. “Los abogados que hacen trabajo penal necesitan mantener buenas relaciones con los jueces de la Corte Suprema”, señaló.

El defensor de la pena capital predijo que el argumento de la separación de poderes por parte de los opositores fracasaría y señaló que los nuevos plazos para la decisión de las apelaciones son necesarios, porque los casos permanecen en los tribunales demasiado tiempo. Además, culpó a los abogados defensores por pedir demasiadas prórrogas para presentar sus argumentos escritos y a la Corte Suprema del estado por concederlas. “Básicamente, el tribunal necesita ser duro con esta gente”, añadió. “Lees una lista de expedientes de pena capital hoy y ves que han 23 prórrogas. Necesitan empezar a decir no”.

La ley permite estas extensiones de plazos, y la corte puede decidir si las otorga. Bajo la Proposición 66, el tribunal generalmente podría conceder extensiones sólo bajo circunstancias extraordinarias.

 Semel, por otra parte, afirmó que la Corte Suprema de California estaría virtualmente gastando todo su tiempo en casos de castigo capital si se permitiera que la Propuesta 66 entrara en vigor. “El tribunal sólo puede manejar un determinado número de estos casos al año”, dijo. Al ritmo previsto por la proposición, la corte tendría poco tiempo para resolver las disputas civiles, remarcó. “No es factible; hay demasiados casos”.

El retraso de los casos plenamente informados ya es importante. Hasta noviembre pasado, 77 peticiones de pena de muerte y 89 de habeas corpus estaban completas y listas para que el tribunal máximo decida, puntualizó Semel.

El profesor de Chapman Law School John Eastman expresó que la Corte Suprema del estado puede avanzar más rápido en los casos. Los jueces “esperan porque no les gusta la pena de muerte”, explicó el docente de derecho constitucional. “No lo hacen porque están abrumados de trabajo”.

El gobernador Jerry Brown designó a tres de los jueces de la Corte Suprema de California. Los gobernadores republicanos nombraron a los otros cuatro, entre los cuales se encuentran tres exfiscales. Durante décadas -hasta enero de 2015-, el tribunal, con sólo un nombramiento demócrata, se consideraba como moderadamente conservador.

El profesor emérito de derecho de la Universidad de Santa Clara Gerald Uelmen, quien se desempeñó como jefe ejecutivo de la comisión estatal que examinó el sistema de pena de muerte en California, afirmó que la decisión del tribunal de poner la medida en suspenso demuestra que los jueces creen que necesita un examen minucioso. “Existen disposiciones individuales de esta medida que plantean serias cuestiones constitucionales”, dijo Uelmen. “Considero que el tribunal derribará al menos algunas medidas”.

California posee más de 750 presos en el corredor de la muerte -el más grande del país- y los retos legales sobre la inyección letal han impedido las ejecuciones desde 2006. Luego de completar las apelaciones estatales, los presos pueden apelar sus sentencias en un tribunal federal, lo cual también puede demorar varios años.

Además del argumento de la separación de poderes, los opositores sostienen que la medida viola una norma que limita las medidas de la boleta electoral a un único tema. Sumado a fijar plazos, la proposición cambia la ley para facilitar al estado la adopción de un método de ejecución. En su demanda, los opositores alegan que el cambio daría lugar a la ejecución “casi inmediata” de 20 presos.

El tribunal ha pedido más argumentos por escrito sobre el caso para el final del mes, y puede decidir celebrar una audiencia. Rayburn estimó que el caso probablemente se decidirá a principios de junio, aunque Scheidegger expresó que espera sea antes.

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Traducción: Valeria Agis

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