Charlie Beck, jefe de la policía, no quiere convertir a sus oficiales en agentes de inmigración

Recientemente desayuné con el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Charlie Beck, y le conté la historia de un hombre de mantenimiento de la Patrulla Fronteriza, que pasó décadas reparando agujeros en la valla de Calexico.

Algunos días, Albert García soldaba y remendaba entre 10 y 12 agujeros, y encontraba sierras, cuerdas y escaleras cerca de los cortes en la valla de hierro. Al día siguiente, volvía y encontraba más hoyos para reparar.

Escribí acerca de García en 2004 y lo llamé la semana pasada -ya está jubilado- para preguntarle qué piensa acerca del presidente Trump y su promesa de construir una muralla a lo largo de la frontera. “No importa qué tipo de cerca pongas allí”, dijo García, “eso no detendrá a nadie. No importa cuán alta o ancha sea”.

Según Beck, hay una razón muy simple para ello. “Tenemos un país muy rico, con muchas oportunidades, que están inmediatamente adyacentes a un país más pobre y con menos oportunidades”, remarcó el jefe. Para él, es lógico que la gente arriesgue todo para venir al norte y escapar de la corrupción, la pobreza y el narcotráfico.

Ningún decreto legal o administrativo puede cambiar esto, remarcó Beck, quien se ha negado públicamente a cumplir con el llamamiento de Trump a los policías para que ayuden a las autoridades federales mediante la detención de inmigrantes indocumentados para su posterior deportación.

“Ese no es nuestro trabajo, ni voy a convertirlo en nuestro trabajo”, aseguró Beck en noviembre pasado, dibujando un límite que sigue defendiendo.

Beck no está solo entre los funcionarios y autoridades que han tomado esta postura; líderes desde San Francisco hasta Nueva York y Chicago se han comprometido a luchar contra las políticas inmigratorias de Trump, incluso si ello significa perder fondos federales. Pero Beck se destaca entre los policías de alto nivel y durante años ha argumentado que, cuando los inmigrantes indocumentados temen ser deportados, se sienten menos dispuestos a cooperar con investigaciones criminales.

¿Es realmente tan común que los inmigrantes indocumentados sean testigos de delitos? Sí, remarcó Beck, y el tema es más importante todavía. “Muchas personas creen que estamos hablando de testigos de crímenes, sí. Pero también hablo de las víctimas de estos crímenes”.

Beck considera que cerca de 500,000 residentes de Los Ángeles están indocumentados. “Cuando creas una población en las sombras… que teme cualquier interacción con las autoridades”, expresó, “entonces generas también una gran población de víctimas, porque se convierten en presa de depredadores humanos que los extorsionan o abusan de ellos, a sabiendas de que no se pondrán en contacto con la policía”.

Beck, un policía de carrera que cuenta ahora con 63 años de edad, señaló que no pensaba así cuando se unió a la fuerza, pero que su mirada evolucionó al comprender mejor las realidades prácticas y la esencia de Los Ángeles, plasmadas en la Orden Especial 40, de 1979, que evita que la policía haga el trabajo federal de control de inmigración. “A mediados de los años 1990, cuando el estado puso mano firme a la inmigración ilegal, todo lo que hicimos fue llevar a la gente a la clandestinidad”, sostiene.

Beck tuvo otra epifanía justo después de asumir la jefatura, en 2009. “Mi hija volvió a casa después de trabajar; era aún una joven policía, y le pregunté cómo había sido su día”, relata. “Ella comenzó a llorar. Le dije: “¿Qué pasa, cariño?”.

Su hija relató entonces que habían confiscado un auto en el medio de la noche, y habían dejado a una mujer embarazada y su familia vagando por las calles en la oscurecida división de Rampart. “Eso me ayudó a comprender que estamos haciendo mal las cosas. Tenemos un sistema que penaliza a las personas que debemos proteger; allí fue cuando comenzamos a cambiar los procedimientos de detención”, expresó.

Beck recibió una tormenta de críticas en 2012, acerca de dos temas vinculados: apoyó las licencias de conducir provisionales para los inmigrantes indocumentados, alegando que las rutas serían mucho más seguras si todos en ellas están regulados; y además implementó un decreto que prohíbe la confiscación de vehículos por 30 días en algunos casos, argumentando que los inmigrantes indocumentados que no pueden obtener sus licencias se veían afectados por ello, injustamente. Los críticos aullaron y hasta su rango fue puesto en duda.

Actualmente, explicó Beck, su fuerza es un 47% latina y muchos oficiales cuentan con ‘familias mezcladas’, como él lo define. En otras palabras, poseen familiares con papeles y otros sin ellos. Así son las cosas, dice el jefe del LAPD, porque por años la nación ha enviado señales contradictorias de bienvenida a los inmigrantes para la fuerza de trabajo.

Para él, sería poco práctico dividir a las familias en lugar de ofrecerles una vía hacia la legalización de su situación. Una mejor forma de reducir al inmigración, en su opinión, sería ayudar a impulsar la economía mexicana en lugar de declararle la guerra a un vecino.

Beck creció y crió a sus hijos en una comunidad mixta. Durante muchos años, nadie preguntaba quién tenía papeles o no, incluso cuando la población se volvía notoriamente más latina. “Pensar que el tejido de Los Ángeles cambiará [por un decreto] niega nuestra historia”, reflexionó.

Si el LAPD se viera obligado a meterse en cuestiones de inmigración, “sería todo lo que podríamos hacer, en lugar de enfocarnos en reducir las tasas de criminalidad”, alertó Beck. “No podríamos deportar a 500,000 personas si quisiéramos y, si lo hiciéramos, sería a expensas de la seguridad pública”.

Si los inmigrantes indocumentados son condenados por delitos violentos, Beck cree que deben cumplir su condena y luego ser deportados. Pero la tasa de criminalidad no es mayor entre los inmigrantes que entre el resto de la población, detalló.

El jefe de policía no desea insultar las decisiones del nuevo presidente, pero con 40 años de experiencia, cree entender bien a su ciudad, sabe cómo protegerla de la mejor forma y no se siente atraído por la retórica política simplista.

De todas formas, comprende que podría poner en riesgo millones de dólares en fondos federales, si Trump decidiera castigar a las ciudades que no cumplan con su voluntad. “Si acatara esa medida, me arriesgaría a perder mis creencias”, afirmó Beck. “No hay un precio que me obligue a hacer las cosas de forma diferente”.

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Traducción: Valeria Agis