Acelerar las ejecuciones podría convertir a la Corte Suprema de California en “una corte de pena de muerte”

El intento de acelerar las ejecuciones podría dar un ‘golpe mortal’ a la Corte Suprema de California

Si la medida que fue aprobada en noviembre para acelerar las ejecuciones entra en vigor, la Corte Suprema de California deberá decidir cientos de apelaciones de pena de muerte en sucesión rápida. 

Ese mandato convertiría al tribunal más alto del estado en lo que los analistas creen que sería “una corte de pena de muerte”, obligada durante años a dedicar el 90% de su tiempo a las apelaciones de la pena capital. 

La Proposición 66, patrocinada por los fiscales y aprobada por el 51% de los votantes, dio a los líderes judiciales un año y medio para crear nuevas reglas legales, y luego otros cinco para decidir sobre una gran acumulación de apelaciones pendientes.

“La Proposición 66 requeriría que la Corte Suprema de California decida prácticamente solo apelaciones de pena de muerte, por lo menos durante los próximos cinco años; casi ningún caso civil en absoluto y ningún caso criminal que no se trate de algo vinculado con la pena capital”, aseguró Jon Eisenberg, presidente de la Academia de Abogados de Apelaciones de California. 

Analistas legales y cuatro asociaciones de abogados sostienen que la medida inundaría todos los tribunales con trabajo extra, pero afectaría aún más a los siete jueces de la corte superior.

En un informe amicus, 11 profesores de derecho y un centro legal sin fines de lucro sostuvieron que la Proposición 66 “detendría las ruedas de la justicia” en California. Los defensores de la pena de muerte reconocen que la medida significaría un trabajo extra para los tribunales, pero sostienen también que es necesario arreglar un sistema que ha generado el mayor corredor de la muerte del país y que no lleva a cabo ejecuciones en más de una década. Además, afirman que la carga de trabajo será tolerable, y que los tribunales tendrán cierta flexibilidad en el cumplimiento de los plazos.

La Corte Suprema de California considera actualmente si la medida podría entrar en vigencia. Dos opositores de ésta presentaron una demanda en noviembre pasado, alegando que usurpa ilegalmente los poderes de la rama judicial y que viola una regla constitucional que establece que las medidas electorales deben tratar únicamente con un tema. 

La Corte Suprema de California suspendió la medida hasta que los jueces resuelvan el caso, probablemente dentro de los próximos meses. 

La academia de abogados de apelaciones no se pronunció sobre la pena capital pero se opone a la iniciativa, argumentando que perturbaría a las cortes y evitaría que los litigantes en asuntos civiles pudieran resolver sus asuntos en tiempo y forma. La entidad se unió a las asociaciones de abogados de Los Ángeles, Beverly Hills y San Francisco en una carta redactada en enero pasado y dirigida a la Corte Suprema, donde reforzaron que la Proposición 66 “amenaza con dar un golpe mortal” a los tribunales de California. 

La ley de California garantiza a cada recluso del corredor de la muerte tanto una apelación automática ante la Corte Suprema del estado como un recurso de habeas corpus por separado. La apelación directa se basa en lo que haya ocurrido durante el juicio, mientras que el habeas plantea cuestiones que no se hayan reflejado en la transcripción del proceso, como mala conducta por parte de jurados o fiscales descubierta a posteriori. 

Sin embargo, la Corte Suprema de California no pudo seguir el ritmo de estos casos. Con un retraso de más de 300 apelaciones en casos de pena capital, los jueces deberían decidir por lo menos 66 de ellos cada año, durante los próximos años, únicamente para ponerse al día, estimó Eisenberg. 

Los cálculos basados en la producción anual típica del tribunal indican que los jueces gastarían el 90% de su tiempo en casos de pena capital. Las resoluciones de casos civiles se reducirían de unas 50 al año a sólo un puñado, expuso el presidente de la organización. “Eso no deja prácticamente más tiempo para otra cosa que los casos vinculados con pena de muerte”, aseveró. 

Los tribunales inferiores, así como la Corte Suprema de California, se verían interrumpidos en sus funciones normales, expresaron las asociaciones de abogados. La medida requeriría que los jueces del máximo tribunal nombraran abogados para manejar los recursos de habeas corpus y que decidieran esos casos rápidamente. 

La misiva señaló también que 110 presos condenados del condado de los Ángeles deberían recibir abogados dentro de un año. La cuenta comenzaría cuando el Consejo Judicial, el órgano encargado de la formulación de políticas para el tribunal, establezca las reglas para implementar la iniciativa. “No somos conscientes de que haya 110 profesionales capacitados en habeas corpus en el área del condado de Los Ángeles”, resalta la carta. 

Kirk C. Jenkins, abogado de apelaciones que estudia y escribe sobre la Corte Suprema de California para el bufete Sedgwick LLP, dio la razón a las asociaciones de abogados.

“El límite de tiempo que surge de la Proposición 66 es completamente inmanejable, y no se trata de la postura individual sobre la pena de muerte”, explicó Jenkins. “Es simplemente impracticable”. 

La única forma de cumplir con los plazos de la proposición sería que el tribunal “deje de decidir sobre casos civiles” por varios años, consideró Jenkins. 

David A. Carrillo, de UC Berkeley y director de un centro que estudia la Constitución del estado, describió la iniciativa como una nueva orden infundada. “No hay manera de que los tribunales puedan superar el atraso existente en un lustro con sus recursos actuales”, afirmó. 

Los grupos del orden público han presentado varios escritos amicus a favor de la iniciativa, argumentando que los votantes se expresaron con claridad al respecto. “Los votantes han optado por mantener la pena de muerte cada vez que se les ha consultado al respecto”, recordaron los líderes de varios grupos de fiscales, en un breve informe. 

La demanda contra la medida nombró al Consejo Judicial como acusado y obligó a la presidenta de la Corte, Tani Cantil-Sakauye y al juez Ming W. Chin, quien también integra el máximo tribunal, a retirarse del caso. 

Dos de los otros cinco magistrados participarán de la confirmación en la votación estatal del año próximo: la jueza Carol A. Corrigan, una de los miembros de las más conservadores del tribunal, y la jueza Leondra Kruger, nombrada por el gobernador Jerry Brown hace dos años. Los votantes de California han rechazado la decisión de los jueces solo una vez; el tema fue la pena capital. “Pese a la voluntad permanente y de larga data de los votantes, los oponentes de la pena capital han empleado el proceso legal como un mecanismo para frustrar la imposición de ésta”, argumentaron los fiscales en su escrito. 

Abogados de ambos lados del debate esperan ahora que el tribunal celebre una audiencia sobre el caso. Probablemente se le pedirá a dos jueces de los tribunales intermedios de apelación que reemplacen a los magistrados recusados. 

Kent Scheidegger, quien ayudó a redactar la Proposición 66, aseguró que el retrato del caos predicho por las asociaciones de abogados y ciertos analistas es exagerado. Aunque la medida requeriría que la Corte Suprema del estado actuara rápidamente para eliminar el retraso de apelaciones de la pena de muerte, la iniciativa también cambiaría la responsabilidad inicial ante los habeas del tribunal máximo a los jueces de primera instancia, expresó. Esa disposición, argumentó Scheidegger, ahorraría tiempo a la corte. 

Las sentencias de los jueces de la Corte Suprema en esos casos probablemente serían apeladas en los tribunales intermedios y hasta el el Tribunal Superior del estado, pero Scheidegger sostiene que los jueces de primera instancia harían el trabajo más pesado. “Sé que los jueces odian los límites de tiempo, pero creo que ésta podría ser una reforma con la que la mayoría de los magistrados estaría de acuerdo”, expuso Scheidegger, director legal de la Criminal Justice Legal Foundation, que aboga por la pena de muerte. 

Incluso si la Corte Suprema derogara los plazos de la medida, otros requisitos de la iniciativa acelerarían las ejecuciones, añadió, y citó una disposición que limitaría la revisión pública del método estatal de la inyección letal. Los desafíos legales que implican esa metodología han mantenido la cámara de ejecución vacía desde 2006. Dieciocho presos que han agotado sus recursos podrían ser ejecutados de inmediato, una vez que esa porción de la iniciativa entre en vigor, expresó. 

Ron Briggs, exsupervisor del condado de El Dorado, y el fallecido exfiscal general John van de Kamp, quienes presentaron la demanda, argumentaron que la medida entera debía ser desestimada porque viola la regla que limita las iniciativas a un solo tema. 

Además de fijar nuevos plazos y facilitar la aprobación de un protocolo de ejecución, la Proposición 66 requiere que los condenados a muerte se esfuercen por pagar compensación a las familias de las víctimas y prohibiría que las asociaciones médicas sancionen a los doctores que participan en ejecuciones. 

También crearía una agencia estatal asignada para representar a presos condenados a muerte bajo el control de la Suprema Corte de California, y permitiría al departamento correccional distribuir a los condenados entre la población carcelaria general. 

La ley sostiene que las disposiciones de una medida deben ser “razonablemente pertinentes” al propósito de la iniciativa. Las encuestas muestran que el apoyo a la pena capital en California ha disminuido desde 1986, cuando los votantes vencieron a la extinta presidenta de la Corte Suprema Rose Bird y a dos de sus colegas, después de una campaña que los acusó de no aplicar la pena capital.

Sin embargo, los votantes rechazaron estrechamente una medida de 2012 para abolir la pena máxima, y rechazaron una iniciativa similar en noviembre último, con el 53% de los votantes en contra.

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Traducción: Valeria Agis

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