Editorial: El argumento para restringir el discurso de odio

Como socióloga y jurista, lucho por explicar los límites de la libertad de expresión a los estudiantes universitarios. A pesar de la Primera Enmienda -digo a mis alumnos- que las leyes locales, estatales y federales limitan todo tipo de discurso. Regulamos la publicidad, la obscenidad, la calumnia, la difamación y la incitación a la acción sin ley, por solo nombrar unos casos.

Generalmente mis estudiantes muestran su aceptación con la cabeza hasta que llegamos al discurso racista y sexista. Algunos no pueden comprender por qué, si restringimos tantas formas de expresión, por qué no restringimos el discurso de odio.

¿Por qué? por ejemplo, el lunes la Suprema Corte dictaminó que la oficina de marcas no puede rechazar solicitudes “despectivas” –como el de una banda de Oregon que buscaba registrar la marca “Slants” que lleva los “ojos rasgados”, en alusión a los asiáticos.

La respuesta típica es que los jueces deben equilibrar los beneficios y los daños. Si a los jueces se les pide que comparen el daño de la restricción de la palabra -un apreciado valor constitucional- al daño de los sentimientos dañados, los jueces elegirán, con razón, proteger la libertad de expresión. Pero quizá sea absurdo caracterizar la naturaleza del daño como algo insignificativo y emocional; que es un reflejo de las profundas desigualdades en nuestra sociedad, y que demuestra un profundo malentendido de cómo el discurso del odio afecta a quien va dirigido.

Legalmente, decimos a los miembros de grupos tradicionalmente en desventaja que deben vivir con el discurso del odio excepto bajo circunstancias muy limitadas: El KKK puede desfilar por la calle principal. La gente no puede gritar falsamente ‘fuego’ en un teatro, pero si puede gritar la palabra N (Nigger) a una persona de color. A las mujeres universitarias se les dice que una multitud de muchachos de una fraternidad que cantan “No significa sí y sí significa ano” es algo que deben tolerar en nombre de la libertad de alguien más.

Al mismo tiempo, nuestro régimen de libertad de expresión protege a los poderosos y populares. Muchos gobiernos municipales, por ejemplo, han prohibido la indigencia en sus comunidades de negocios. La justificación legal es que los objetivos de la mendicidad (viajeros, turistas y consumidores) tienen objetivos importantes y legítimos para estar en público: ir al trabajo o ir de compras. Por lo tanto, la ley los protege de demandas agresivas de dinero.

Consideremos también las protecciones que se otorgan a las familias de los soldados, como en el caso de las manifestaciones anti-gay de Westboro Baptist church. Cuando la Corte Suprema en 2011 confirmó el derecho de la iglesia a manifestarse en los funerales de los veteranos, el Congreso aprobó la ley Veteranos de Honor de Estados Unidos, la cual prohíbe cualquier protesta a menos de 300 pies alrededor de tales funerales. (El estatuto no hizo mención alguna del discurso de odio para proteger a los asistentes de un funeral LGBTQ, solo a las familias de los soldados).

Por lo tanto, las familias de los soldados, los compradores y los trabajadores están protegidos de un discurso preocupante. Gente de color, mujeres caminando por calles o simplemente viviendo en su dormitorio en un campus universitario no lo son. La única manera de justificar esta disparidad es argumentando que la solicitud de dinero a los transeúntes que van al trabajo, representa un daño tangible, mientras que las mujeres a las que se les insinúa o acosa de alguna manera, aunque sea en camino al trabajo, no significa nada - como si ser el objetivo de una solicitud poco decorosa, no fuera peor que el ser racialmente despreciado por un extraño.

De hecho, los datos empíricos sugieren que el acoso verbal frecuente puede conducir a varias consecuencias negativas. El discurso de odio racista se ha relacionado con el tabaquismo, la presión arterial alta, la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático, y requiere complejas estrategias para enfrentarlo. La exposición a insultos raciales también disminuye el rendimiento académico. Las mujeres sometidas a un lenguaje de acoso sexual pueden desarrollar un fenómeno de “auto-objetivación”, que está asociado con trastornos alimenticios.

Estos resultados negativos de salud física y mental -que encarnan las raíces históricas de la raza y la opresión de género- significan que el discurso de odio no es “solo discurso”. El discurso de odio está haciendo algo. Da lugar a daños tangibles que son graves en sí mismos y que en conjunto constituyen el daño de la subordinación. El daño de perpetuar la discriminación. El daño de crear desigualdad.

En lugar de caracterizar el discurso de odio racista y sexista como un “discurso justo”, las cortes y legislaturas deben dar cuenta de esta investigación y, quizá, permitir la restricción del discurso de odio como lo hacen todas las demás democracias económicamente avanzadas en el mundo.

Muchos lectores encontrarán esta forma de pensamiento extraña. Insistirán en que la protección del discurso de odio es coherente e incluso, central con nuestros principios fundamentales. Argumentarán que regular el discurso de odio equivaldría a una rotura seria de nuestra tradición. Ellos trivializarán los daños que la investigación de las ciencias sociales indudablemente asocia con el ser el blanco del discurso de odio, y llamarán a las personas que buscan el reconocimiento de estas afrentas como ‘snowflakes’ (término peyorativo a una persona).

Pero estos absolutistas de libre expresión deben reconocer al menos dos hechos. En primer lugar, el derecho a hablar está lejos de ser absoluto. En segundo lugar, están pidiendo a los miembros más desfavorecidos de nuestra sociedad que aguanten una pesada carga con graves consecuencias. Debido a que somos “libres” de ser odiosos, los miembros de grupos tradicionalmente marginados sufren.

Laura Beth Nielsen es directora del programa de estudios jurídicos y profesora de sociología en la Northwestern University.

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