Dos sheriffs electos como reformadores terminan su carrera destruidos por escándalos de corrupción

Ambos barrieron con una vieja guardia para dirigir los dos departamentos del sheriff más grandes de la nación con la promesa de reformas: encarcelar a los narcotraficantes, tener más contacto con las comunidades de minorías, largamente despreciadas; entrenar a los oficiales para que tengan un enfoque más gentil con desamparados y enfermos mentales.

Los dos cayeron en desgracia.

El ex sheriff del condado de Orange Mike Carona terminó su condena federal de cuatro años en 2015. Esta semana, 18 años después de que ambos asumieran el cargo, el ex sheriff del condado de L.A. Lee Baca fue declarado culpable por obstruir una investigación federal sobre abusos en las cárceles del condado y mentir a los investigadores. Se enfrenta así a la posibilidad de hasta 20 años en una penitenciaría federal.

El capítulo final fue una victoria para los fiscales anticorrupción, que volvieron a enjuiciar a Baca después de que un jurado anterior votara 11 a 1 para absolverlo.

Esta vez, con varios nuevos testigos, los jurados acordaron que Baca voluntariamente participó en una conspiración para interferir con una investigación del FBI acerca de la brutalidad policial contra presos en las cárceles del condado. El segundo de Baca y más de una docena de oficiales en su cadena de mando han sido sentenciados a prisión federal por esa trama.

El juez condenó al ex sheriff por tres cargos criminales: obstrucción a la justicia, conspiración y declaraciones falsas a investigadores federales. La condena y el abuso de presos que ocurrieron bajo su mandato empañaron profundamente su legado y eclipsaron las mejoras que incorporó al departamento del sheriff más grande de los EE.UU.

“Creo que Lee tenía la intención de hacer cosas buenas” afirmó R. Samuel Paz, un veterano abogado de derechos civiles que asistió a la preparatoria con Baca en Highland Park y pasó después a impulsar decenas de demandas contra él y su departamento.

En un primer momento, Paz apoyó al ex sheriff y hasta recaudó dinero para su campaña. Baca había prometido crear un consejo independiente para investigar los tiroteos con policías involucrados y posibles actos de corrupción, lo cual cumplió. También había asegurado que tomaría medidas para detener la violencia, el hacinamiento y el abuso de los detenidos en el sistema penitenciario.

“Comencé a llevar casos de brutalidad carcelaria en 1992”, narró Paz. “Había personas inmovilizadas de pies y manos que estaban perdiendo sus miembros a causa de la gangrena, porque las enfermeras no los atendían. El nivel de suicidios era desenfrenado. Creo que la cultura entre ellos es la de respaldar a sus compañeros oficiales; la única forma de llevarse bien es seguir adelante. En lugar de supervisar, [Baca] se convirtió en alguien obediente y ahora se enfrenta a estos cargos”, afirmó.

Baca y Carona subieron al poder en el marco de los disturbios en Los Ángeles en 1992, y ambos, aunque de maneras diferentes, buscaron aportar nuevas ideas y un renovado brillo a sus amplias agencias policiales. Los dos reemplazaron a sheriffs veteranos que habían sido figuras polémicas; en el caso de Baca, a Sherman Block, y Carona relevó a Brad Gates.

Con su contextura baja y fornida y sus aires de jefe, Carona se elevó brevemente a una fama más amplia cuando se comprometió con emoción en conferencias de prensa a arrestar al asesino de Samantha Runnion, una pequeña de cinco años de edad. Después de ello, Larry King lo calificó como “el sheriff de los EE.UU.”; había rumores de su posible ascenso a fiscal general del estado, incluso a gobernador.

Baca era diferente. Delgado como una caña gracias a sus diarias carreras de siete millas, rara vez llevaba arma y presentaba una extravagante curiosidad y una actitud centrada, con los pies en la tierra. Su madre había inmigrado sin autorización desde México y él había sido criado por sus abuelos y un tío con discapacidad mental, quien no podía leer, escribir ni hablar en oraciones enteras. Durante su infancia, Baca había sufrido profundamente la forma en que la gente trataba a su tío durante sus viajes en autobús, junto con su abuela.

“La gente se burlaba de él, se reía; creo que eso está muy mal”, le dijo el ex sheriff a The Times en 2011. “No molestábamos a nadie, ¿por qué no nos dejaban tranquilos?”.

Laurie Levenson, profesora de justicia penal en la Escuela de Derecho de Loyola, afirmó que las caídas de ambos hombres fueron distintas. Corona fue acusado de una amplia conspiración para obtener un constante flujo de dinero y regalos para él y su amante, a cambio de favores que sólo él, como la máxima autoridad, podía entregar. Las actividades criminales, según los funcionarios federales, comenzaron incluso antes de ser elegido para el cargo, con recaudaciones ilegales de dinero durante su primera campaña.

Aunque el jurado lo declaró culpable por una sola acusación de manipulación de testigos, en entrevistas posteriores algunos jurados aseguraron que creían que él había aceptado el dinero y los regalos, pero que la prescripción de la acción había vencido ya en varios de esos supuestos actos.

“Incluso si Baca es declarado culpable, su delito no es igual que el de Carona, que fue mucho más significativo y claro”, afirmó Levenson en una entrevista antes del nuevo proceso. También remarcó que Baca, al final, resultó ser un líder débil. “Su cruz fueron y siempre serán las cárceles”.

Baca era un jefe de división retirado, con 32 años de servicio, cuando sacudió el orden político al postularse contra el sheriff Sherman Block, por entonces en el cargo, quien había liderado el departamento desde 1982. Baca triunfó con el 61% de los votos después de que Block muriera apenas tres días antes de la elección.

Carona, el jefe del condado de Orange, había sido parte de esa oficina desde 1976 -cuando se inició como agente- y prometió darle a la fuerza un profesionalismo corporativo, midiendo el desempeño de sus integrantes, recortando presupuestos y ocupando cargos administrativos con civiles.

Tanto él como Baca se convirtieron en un tipo de aliados, con agendas similares. Ambos querían tener instalaciones de tratamiento en el sistema penitenciario y crear comités asesores para tener más llegada a las comunidades minoritarias.

Cuando los residentes del sur de Los Ángeles acusaron a los agentes de la Estación Century por abuso y mala conducta, Baca reemplazó al capitán y transfirió a 25 agentes -mujeres y afroamericanos- a la dependencia.

Después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001, se reunió con líderes musulmanes locales y les prometió protección; leyó el Corán y memorizó partes de él. Cuando se enteró de que los dueños de tiendas paquistaníes estaban sufriendo acosos, Baca ordenó a sus agentes “pasar por los 7-Eleven y brindar apoyo”.

Pero desde el comienzo de su mandato no abordó la creciente evidencia en las cárceles de golpizas a manos de agentes y pésimas condiciones en las cárceles. Cuando se enteró de que el FBI había iniciado una investigación por corrupción y sobornado a un agente para contrabandear un celular a un informante, en 2011, los fiscales afirmaron que se sintió furioso. Entonces, Baca orquestó una conspiración para ocultar al preso y socavar la investigación del FBI.

Ahora, con 74 años de edad y en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, espera la sentencia del juez de distrito de los EE.UU. Percy Anderson, quien rechazó un acuerdo anterior en el cual Baca podía declararse culpable y afrontar así un máximo de seis meses de prisión. Para el magistrado, una sentencia tan breve atentaría contra la gravedad del delito.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis