Dos agentes del Sheriff fueron ascendidos a altos rangos pese a sus antecedentes de indisciplina

En sus 27 años en el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, James Tatreau Jr. ha aparecido muchas veces en los titulares de los medios, pero muy menudo por las razones equivocadas. Como teniente en Lakewood, ayudó a organizar un concurso entre los agentes para arrestar la mayor cantidad de gente en un período de 24 horas, una jugada que el por entonces sheriff Lee Baca criticó públicamente.

En 2008, Tatreau autorizó a un agente a disparar con un arma de electrochoque (Taser) a un recluso, que luego cayó de la litera, se rompió la espada y quedó paralizado. Como resultado, Tatreau fue degradado y el condado debió pagar al preso $4.25 millones para resolver la demanda.

Un año después, un jurado federal decidió que Tatreau y otro agente habían hecho un uso irracional de la fuerza al disparar a dos hombres, en Compton, en un episodio ocurrido tres años antes.

Esos incidentes podrían normalmente significar el final de las posibilidades de promoción para un agente. Sin embargo, a comienzos de abril, el sheriff Jim McDonnell fue ascendido a capitán y quedó a cargo de la estación de Norwalk.

Tatreau es uno de los agentes del sheriff con serios antecedentes de disciplina que fueron recientemente promovidos a puestos de alto rango por McDonnell.

Roosevelt Johnson fue ascendido de capitán a comandante, cuatro peldaños por debajo del sheriff, pese a tener una suspensión de un mes en sus antecedentes, ocurrida en 1999, por hacer declaraciones falsas y colocar información apócrifa en registros, conforme la información del sheriff revisada por The Times.

Dos años antes, un teniente había aconsejado a sus superiores que Johnson debía ser investigado por mentir acerca de una persecución que había llevado a cabo, muestran otros documentos. Uno de los superiores de Johnson concluyó que no había mala conducta y no se inició finalmente ninguna investigación.

En un comunicado, el departamento se negó a comentar los expedientes disciplinarios de Tatreau y Johnson, citando las leyes de confidencialidad de los oficiales de paz estatales. “Nuestra obligación de cumplir con la ley no debe ser interpretada como una forma de ofuscación u obstrucción”, resaltó el comunicado.

McDonnell agregó en una declaración separada que todos “sus ascensos han sido completamente revisados. Hubo una enorme examinación para cada selección, y respaldo cada una de ellas”, afirmó.

McDonnell intenta reformar un departamento que se recupera de un escándalo por abusos carcelarios, que resultó en las condenas de más de 20 exoficiales del Sheriff, entre ellos Baca. En una entrevista concedida a comienzos de este año, McDonnell aseguró que no hablaría sobre el archivo personal de nadie, pero que todos los agentes considerados para ascensos serían evaluados a fondo.

“Si algo ocurrió hace 20, 25 años o aún antes, le damos el peso apropiado para determinar si la persona hizo lo que hizo o cometió un error. También evaluamos qué ha hecho desde el acontecimiento, desde el punto de vista de la redención. ¿Ha sido un empleado modelo desde entonces?”, remarcó McDonnell.

Las promociones se conocieron luego de que McDonnell se presentara en la corte para intentar despedir a varios agentes que, según concluyó el departamento, habían hecho declaraciones falsas pero luego recobraron exitosamente sus puestos en una junta de apelaciones civiles. El año pasado, el sheriff advirtió a unos 300 agentes con antecedentes de mala conducta -como mentiras, robos, sobornos, violencia familiar y uso irrazonable de la fuerza- que podrían ser reasignados de sus actuales cargos.

Los líderes de dos gremios de agentes se negaron a discutir ascensos específicos -ha habido decenas en los últimos meses- pero afirmaron que muchos de sus miembros creen que a los oficiales de alto rango con antecedentes de mala conducta se los trata más favorablemente que a aquellos con registros similares pero rango más raso.

“No se puede tener un doble estándar. No se puede promover a las personas con problemas [de mala conducta], y luego despedir a individuos de menor rango por los mismos problemas”, aseveró el teniente Brian Moriguchi, presidente de la Asociación de Oficiales Profesionales de Paz, que representa al personal del departamento de más alto nivel, así como a los asistentes de custodia.

Una portavoz del departamento afirmó que McDonnell había despedido a siete agentes en lo que va del año.

Sam Walker, profesor de justicia retirado de la Universidad de Nebraska en Omaha y experto en responsabilidad policial, afirmó que promover a personas con historiales disciplinarios plantea serias preocupaciones. “Se coloca a personas comprometidas en puestos de supervisión”, afirmó. “La gente sabe sus antecedentes. Si esa persona intenta disciplinar a alguien, el individuo podría responder con un: ‘Bueno, ¿y qué hay de lo que tú hiciste?’”.

Johnson no respondió a los pedidos de comentarios. Tatreau, por su parte, afirmó que no podía hacer declaraciones. “Me encantaría compartir, porque no estoy avergonzado al respecto, pero no puedo”, señaló.

Tatreau supo ser conductor y guardaespaldas de Baca, una posición considerada desde hace tiempo en el departamento como un propulsor de carrera porque implica la proximidad con el jefe.

En 2006, él y otro agente abrieron fuego contra dos hermanos armados en Compton; en el hecho mataron a uno de ellos e hirieron al otro. Agentes del Sheriff señalaron que las acciones de los agentes fueron justificadas y que abrieron fuego después de que uno de los hombres sacara una escopeta recortada con la cual pareció apuntarles.

Los abogados de la familia de los hermanos argumentaron que el par huía de los agentes con sus armas enfundadas. Freddie Davis Jr., quien murió en el incidente, recibió cinco disparos en la espalda y las nalgas, detallaron los letrados. Los jurados decidieron que los agentes habían actuado “en desprecio malicioso, opresivo o imprudente” de los derechos de los hermanos, y otorgaron a la familia de estos $2.65 millones como compensación.

El veredicto indignó a los abogados del condado y a Baca, quien públicamente defendió a Tatreau y al otro agente, señalando que los “sospechosos armados” habían sido “mal representados como víctimas”. Más tarde, el condado llegó a un acuerdo por $1.6 millones.

En 2007, Tatreau organizó un concurso entre los agentes para ver quién realizaba más arrestos, confiscaba la mayor cantidad de vehículos o detenía al número más grande de pandilleros.

En ese momento, Tatreau afirmó que el ganador no había recibido nada más que “el derecho de jactarse” y defendió el juego como una forma divertida de alentar a los oficiales a hacer tareas proactivas. “De ninguna manera fue una forma de animarlos a falsificar reportes o detenciones”, dijo.

Pero la competencia fue criticada por activistas de las libertades civiles, desautorizada por Baca y hasta burlada por Jay Leno, por entonces anfitrión de un popular programa nocturno de TV.

Un año más tarde, Tatreau estaba de servicio cuando Blake Dupree, detenido por sospecha de secuestrar el vehículo de su madre, se negó a ser retirado de su celda, en la estación de Lakewood, para la toma de sus huellas dactilares. Mientras los agentes intentaban trasladarlo, Tatreau autorizó a uno de ellos a disparar con un arma de electrochoque, lo cual causó que el preso cayera entre cuatro y siete pies, desde la litera en la cual estaba parado.

El incidente dejó parapléjico a Dupree. Investigadores internos del departamento consideraron a Tatreau culpable de violar las reglas para salvaguardar a las personas en custodia, y lo degradaron al rango de sargento. En 2010 fue nuevamente nombrado teniente, según la oficina del controlador y auditor del condado.

Qué llevó exactamente a disciplinar a Johnson en 1999 no está claro. En California, los archivos personales de los agentes del orden son confidenciales. Sin embargo, una revisión del Times de su Índice de Desempeño de Personal muestran que fue suspendido por 30 días por tres violaciones de políticas, entre ellas “falsas declaraciones”, “cumplimiento de normas” e “información falsa en los registros”.

Desde entonces, Johnson ha acumulado al menos siete menciones, algunas de las cuales se describen en el sumario breve como resultado de “su conducta ejemplar”. Para 2015, Johnson había ascendido al rango de capitán a cargo de la estación del Valle de Santa Clarita, cuando los agentes comenzaron a quejarse por su manejo de un arresto.

El 16 de junio de ese mismo año, el día después de que él y otro agente siguieran a un conductor errático hasta su casa y lo arrestaran, Johnson escribió un email al personal de la estación y a sus superiores admitiendo que había participado en una persecución a pie sin comunicarla por radio, tal como las políticas del departamento requieren.

El funcionario señaló que quería abordar el tema “para que no hubiera malos entendidos o la percepción de un doble estándar” acerca de cómo se había manejado el hecho. “Asumiré total responsabilidad por mis acciones”, escribió en el correo electrónico, cuya copia fue obtenida por The Times.

Pero un comandante de guardia en el momento del arresto se quejó ante su jefe porque creía que Johnson había sido “mentiroso y engañoso”, y violado la política del departamento al no informar adecuadamente que había perseguido al conductor a 80 mph en la autopista antes de seguirlo a pie hasta la puerta de su casa.

El teniente Tom Bryski pidió emprender una investigación formal sobre Johnson, y alegó en un memorando que éste había enviado su email “como una forma de controlar los daños, porque el personal de la estación estaba enojado con el doble estándar percibido y eran conscientes de las persecuciones motorizadas y a pie que se realizaban a espaldas de las políticas”.

El subordinado Jacques “Anthony” La Berge señaló que él y uno de sus comandantes revisaron las acusaciones y concluyeron que Johnson no había violado las políticas del departamento; aunque no brindó más detalles, señaló que no se había iniciado ninguna investigación administrativa.

Cuando escribió el memorando, Bryski había demandado al departamento por discriminación racial inversa. Su denuncia afirmaba que se le había negado un ascenso por ser blanco, mientras que Johnson, quien es negro, había tenido un trato preferencial por parte de los agentes no blancos. El pleito fue desestimado.

Bryski, quien está actualmente jubilado, afirmó que las políticas del departamento se aplican por igual a todos los miembros de la agencia. “Si alguien infringe la norma, entonces hay una infracción sin importar quién está involucrado”, aseguró.

El ascenso de Johnson entró en vigor el 2 de abril pasado; se le asignó a la División de Servicios de Custodia del departamento.

Derek Hsieh, director ejecutivo de la Asociación de Agentes del Sheriff de Los Ángeles, que representa a los agentes de rango base, se negó a comentar sobre las recientes promociones, aunque dijo que es “excepcionalmente inusual” para alguien degradado ser posteriormente promovido. Agregó además que incluso si McDonnell hubiera tomado decisiones meditadas acerca de quién debería estar en su personal de mando, la apariencia de injusticia es un problema. “La gente comenzará a dudar de su juicio”, advirtió.

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Traducción: Valeria Agis