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Departamentos de policía dicen que no aplican leyes migratorias, pero sus manuales dicen lo contrario

Manifestantes en el Palacio de Justicia del centro de L.A., en una marcha realizada el mes pasado contra el uso de recursos de la policía estatal para temas federales de inmigración y deportación (Mark Ralston / AFP/Getty Images).

Manifestantes en el Palacio de Justicia del centro de L.A., en una marcha realizada el mes pasado contra el uso de recursos de la policía estatal para temas federales de inmigración y deportación (Mark Ralston / AFP/Getty Images).

(Mark Ralston / AFP/Getty Images)
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Al igual que muchas agencias de aplicación de la ley en todo California, la policía en la pequeña ciudad de Blythe sostiene que los oficiales no vigilan las políticas federales de inmigración.

Pero el manual del departamento parece sugerir algo diferente, al ofrecer a los oficiales orientación sobre cómo detener a personas sospechosas de haber ingresado sin permiso al país, lo cual se considera un delito bajo la ley federal.

La política de Blythe sostiene que “la falta de dominio del inglés puede considerarse” como un posible criterio para que la policía detenga a alguien bajo sospecha de haber ingresado sin autorización a los EE.UU., aunque el manual también remarca que “no debe ser el único factor para establecer una sospecha razonable”.

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El departamento es uno de al menos 11 en California que emplea manuales generales de policía de Lexipol, una compañía de Irvine que redacta políticas para las agencias del orden.

Pero ahora, los activistas de los derechos civiles están exponiendo sus preocupaciones acerca de estos manuales, los cuales, según ellos, fomentan el control de temas migratorios en un momento en el que muchas agencias de policía intentan crear confianza con las comunidades de inmigrantes, temerosas por los pedidos de deportaciones masivas del presidente Trump.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del sur de California envió una carta de cinco páginas a Lexipol el miércoles por la mañana, solicitando a la empresa que modifique la política. “Al sugerir que los oficiales pueden considerar sistemáticamente las características ampliamente compartidas por los californianos para llegar a una sospecha razonable de un delito, la policía alienta la discriminación y las detenciones ilegales, y afecta la Cuarta Enmienda”, sostiene la misiva.

Adrienna Wong, una abogada de ACLU, sostuvo que su oficina comenzó a investigar el tema después de recibir informes de que algunas agencias policiales de Inland Empire estaban entregando sospechosos a los agentes de inmigración sin recibir órdenes de detención o de las autoridades federales. Funcionarios de ACLU identificaron casi una docena de agencias que emplean la política de Lexipol, mediante la presentación de solicitudes de registros públicos a varios departamentos.

Además de Blythe, la policía de Azusa, Brisbane, Culver City, Fontana, Fremont, Irwindale, Laguna Beach, Murrieta, Rialto y Walnut Creek adhieren a la póliza, según ACLU. Sin embargo, agentes en Blythe, Brisbane, Culver City, Rialto y Walnut Creek afirmaron a The Times que no participan activamente en la aplicación de temas migratorios. Culver City se declaró ‘ciudad santuario’ el mes pasado, y el jefe de policía de Rialto señaló esta semana que consideraría una revisión de la pauta. La policía de Azusa, Fontana, Irwindale, Laguna Beach y Murrieta no respondieron a los pedidos de comentarios por parte de este medio.

Ken Wallentine, un asesor jurídico sénior de Lexipol, sostuvo que las políticas del grupo son directrices para los jefes de policía locales, quienes deben considerar la demografía local y las circunstancias antes de ponerlas en práctica. También resaltó que “la falta de dominio del inglés” como criterio para una detención podría tener más peso en Minnesota, por ejemplo, que en el sur de California.

“Depende de las circunstancias individuales. Por ello decimos que la falta de dominio del idioma es sólo un factor. El hecho de que enfaticemos eso en la política es un pronunciamiento de advertencia fuerte”, afirmó Wallentine, quien también es agente especial de la oficina del fiscal general de Utah.

Una vocera de Lexipol no precisó cuántos departamentos en California emplean los manuales de la compañía. A nivel nacional, cerca de 3,000 agencias policiales han comprado algún tipo de política de la firma.

El informe de ACLU se conoce cuanto los funcionarios policiales en todo California y en el país están preocupados de que el aumento del control en temas migratorios disuada a algunas personas indocumentadas a cooperar con la policía local, reportar delitos o ser testigos en un juicio.

Fiscales en varios estados señalaron que la práctica del ICE de realizar arrestos en los tribunales tendrá un “efecto de congelamiento” de las denuncias de delitos. El mes pasado, la policía de L.A. señaló que el número de incidentes de ataques sexuales y violencia doméstica reportados por latinos se había desplomado en la ciudad desde comienzos de año.

Jennie Pasquarella, directora del proyecto de Derechos de Inmigrantes en ACLU para el sur de California, sostuvo que el continuo uso de las políticas de Lexipol solo profundizará la división entre las autoridades y la comunidad de inmigrantes. “Me preocupa que todas estas agencias tengan estas políticas en los libros”, señaló. “Si no las están aplicando, está bien; pero, para empezar, no deberían tenerlas en los manuales”.

La política de Lexipol adoptada por Blythe indica a los oficiales que “todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio, deben sentirse seguros de que contactar o tener contacto con autoridades no conducirá automáticamente a la investigación migratoria o a una deportación”. También explica que los oficiales “pueden detener a un individuo cuando hay hechos que apoyan una sospecha razonable de que la persona ingresó en los EE.UU. violando una ley penal federal”.

En un comunicado, la policía de Blythe remarcó que no toma parte en temas inmigratorios, pero cree que las políticas de Lexipol “representan las mejores prácticas de la industria”.

El teniente Troy Dunlap, de la policía de Culver City, quien lidera la oficina de relaciones comunitarias del departamento, señaló que la política de inmigración es parte de un paquete integral de manuales comprados a Lexipol. Su departamento se ha negado firmemente a tomar parte en el control de esos temas, remarcó. “Diría que el propósito de detener a alguien no es para el control de la migración. La única vez que la inmigración entrará en juego es si llega alguien a nuestra cárcel y está fichado”, señaló. “Específicamente detener a alguien y preguntarle su estatus migratorio no es nuestra práctica”.

Randy De Anda, jefe de policía de Rialto, está preocupado ante la posibilidad de que las víctimas de delitos decidan no contactar a la policía, a pesar de que su agencia no se ocupa de temas inmigratorios. “Creo que es una preocupación en todo el estado, para muchos jefes de policía y agentes del sheriff”, dijo. “Esperemos que, de ahora en más, podamos llevar tranquilidad a esas comunidades, porque obviamente no podemos hacer nuestro trabajo como corresponde sin la cooperación de testigos y víctimas”.

Otros departamentos han modificado sus políticas para eliminar las secciones criticadas por ACLU. Un vocero de la policía de Fremont informó que el departamento había borrado la sección que permitía considerar “la falta de dominio del inglés” como criterio para detener a alguien.

En la ciudad de Brisbane, en el norte de California, la policía señaló que no detiene a las personas para cuestionar su estatus migratorio, pero el comandante Robert Meisner defendió la decisión de seguir empleando la política de Lexipol. “Ésta sirve para dar orientación a los oficiales acerca de aquello que apoyamos y lo que tenemos permitido; así como lo que debemos y no debemos hacer”, afirmó. “Pero somos sensibles a los problemas… Necesitamos mantener la confianza de la comunidad”.

Meisner señaló que los departamentos de policía municipales en el condado de San Mateo compraron políticas generales de Lexipol, y funcionarios de ACLU remarcaron sus preocupaciones de que éstas puedan ser empleadas por muchas más agencias en el estado. Pasquarella afirmó que funcionarios de ACLU en Minnesota también han hallado políticas similares provistas por Lexipol.

“No es una buena idea que la policía local se comprometa con temas migratorios, porque no es su trabajo y porque socava la confianza de la comunidad”, aseveró Wong. “Convocar a las agencias del orden locales para temas migratorios genera evaluaciones por perfiles raciales y aumenta el escrutinio sobre las comunidades de color”.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis

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