Opinión

Cuando los ‘bad hombres’ son los propios agentes de ICE

Cada vez que el Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. (ICE) insiste en que está haciendo su trabajo, los estadounidenses deberían examinar más de cerca lo que está sucediendo.

Con la orden ejecutiva que firmó en su primera semana en el cargo, el presidente Trump ha “quitado los grilletes” al ICE y a los agentes de la Patrulla Fronteriza, según la Casa Blanca, y ha ampliado las prioridades para deportar a inmigrantes. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, afirmó que sus agentes se concentrarán en culpables o acusados de delitos, pero los grupos de defensa de inmigrantes y los medios de comunicación ya han documentado arrestos, detenciones y deportaciones de migrantes que no representaban de modo alguno una amenaza para la seguridad pública.

Desde 2006 hasta comienzos de 2010 informé en temas de Inmigración y Control de Aduanas. Lo que aprendí fue que, sin importar las prioridades aparentes de las agencias federales -o incluso de la ley establecida- ICE es una agencia propensa a pasarlas por alto.

En aquellos días, los agentes de inmigración gustaban de lanzar comunicados de prensa para elogiar los éxitos de sus “operativos de fugitivos”. Las gacetillas detallaban cómo violentos pandilleros, criminales sexuales y otros delincuentes eran alejados de las calles. Una y otra vez, presioné a la agencia para obtener información de esos arrestos, sólo para descubrir que los detenidos no eran ni fugitivos ni criminales serios.

En cambio, encontré a residentes con tarjeta verde ya por muchos años, que habían tenido alguna condena décadas antes por delitos menores. También a otros que habían sido deportados en rebeldía (in absentia), en algunos casos porque se habían mudado o porque habían completado el papeleo equivocado. Entre los detenidos sin tarjeta verde, muchos simplemente no se acercaban a la descripción de ‘peligro para la sociedad’; eran vendedores callejeros, trabajadores de construcción, conserjes y dueños de pequeñas empresas, aunque sin documentos. 

Los esfuerzos de aplicación de la ley fuera del programa de fugitivos también tenían problemas. Un caso que reporté involucró a un ciudadano estadounidense que antes había sido erróneamente deportado a México. Cuando lo conocí, era candidato a deportación después de haber sido condenado por posesión de drogas. Una y otra vez le dije a ICE que se trataba de un estadounidense, nacido en el condado de Madera, en California. Su familia pidió un certificado de nacimiento, pero ni los agentes ni el juez estaban convencidos de ello. En cambio, el hombre fue amenazado por un cargo adicional: hacerse pasar por un ciudadano estadounidense. Fue necesaria la publicación de un artículo periodístico sobre su difícil situación para que lo liberaran.

En otro caso, los agentes intentaron deportar a un senegalés que tenía un permiso legal otorgado por una corte federal para permanecer en los EE.UU. mientras su caso era adjudicado. ICE lo abordó con un programa encubierto, que drogaba a los inmigrantes con poderosos psicotrópicos para que éstos no se resistan mientras eran obligados a abordar aviones comerciales para el viaje de regreso ‘a casa’. En LAX, los funcionarios de la aerolínea se negaron a transportar al hombre, quien eventualmente ganó en los tribunales y es ahora un residente permanente con documentos.

Victoria Arellano, una joven de 23 años de edad, transgénero y HIV positiva, fue detenida en un puesto de control y eventualmente entregada a ICE. La detuvieron en un centro federal, donde le negaron los medicamentos que debía tomar a diario, a pesar de la clara jurisprudencia al respecto, que sostiene que no brindar atención médica es inconstitucional. Cuando Arellano murió, estaba atada a una cama de hospital, pese a que estaba tan débil que ni siquiera podía levantar los brazos para saludar a su madre, quien además temía visitar a su hija debido a su propio estatus migratorio.

ICE también detenía a titulares de tarjeta verde con enfermedades mentales, y los enviaba a una red de hospitales privados, donde los mantenía ilegalmente incomunicados. Una vez que eran considerados ‘estables’ -en los casos que cubrí, tales apreciaciones eran cuestionables- debían presentarse en la corte, a menudo sin representación, pese a que la ley exige que el estado proporcione a los discapacitados mentales ayuda legal. Uno de ellos estaba detenido por una condena de violencia doméstica. Hablé con él poco después de su audiencia; no podía enfocarse, me dijo, porque oía voces en su cabeza. Días después, su madre me llamó llorando; su hijo había sido deportado a México, un país que apenas conocía y donde nadie podía atenderlo.

Hallé otro caso en Haití. David Gerbier, también titular de una tarjeta verde y con dos hijos estadounidenses, fue deportado a la capital haitiana, Puerto Príncipe, en 1999, después de que un tribunal de inmigración incrementara ilegalmente un cargo menor por drogas a una acusación por delito agravado. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la ofensa de Gerber había sido, en efecto, un cargo menor y denegó su orden de deportación. No obstante, los funcionarios estadounidenses en Puerto Príncipe negaron repetidamente a Gerbier el reingreso a los EE.UU. Le tomó 10 años y un pleito pro bono reunirse finalmente con su familia.

Dado el perturbador historial de ICE para ignorar los límites legales, los excesos que se escuchan ahora no deberían ser una sorpresa. Allí está el caso del joven en el estado de Washington, con estatus amparado por la Ley de Acción Diferida para Llegados durante la Niñez, que fue levantado de su cama y acusado de ser un pandillero, sujeto a deportación. Sus abogados sostienen que la acusación sólo está respaldada por documentos falsificados. El miércoles, agentes federales sacaron a una mujer salvadoreña de la cama de un hospital en Texas, según informes, quien ya tenía fecha para una operación de cerebro con carácter urgente.

Algunas personas se encogen de hombros y dicen que si uno está indocumentado en el país debe ser detenido y deportado. Pero la aplicación de la ley es siempre una cuestión de prioridades. Las directrices de deportación de Trump son extremas en su alcance, en comparación con las prioridades establecidas a finales de la década de 1990. Y cualquiera en suelo estadounidense -sea ciudadano o no- debe tener derecho a un debido proceso. El presidente afirma que mantendrá a salvo a nuestro país. ICE parece haber decidido que, cuando no pueda encontrar a los criminales serios, nos protegerá de los estragos cometidos por estudiantes, niñeras y recolectores de fresas.

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Traducción: Valeria Agis

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