Trata de personas, ¿cómo debe actuar la policía de Long Beach cuando uno de los suyos es atrapado en operativo antiprostitución?

Al igual que muchas otras agencias de aplicación de la ley en todo el sur de California, la policía de Long Beach se ha concentrado especialmente en los últimos años en eliminar el flagelo de la trata de personas.

El departamento formó un grupo de trabajo especializado y prometió arrestar a quienes se habían beneficiado con el comercio sexual. En un momento dado, la policía señaló que sus esfuerzos habían redundado en más procesamientos contra la trata que los de cualquier otra agencia del condado de L.A., y el Ayuntamiento apoyó la legislación estatal destinada a endurecer las penas contra los explotadores.

Pero a medida que centraban su atención en rescatar a las mujeres de los traficantes, la policía de Long Beach también se vio obligada a luchar con un problema interno: cómo responder cuando uno de sus propios oficiales es acusado de hacer uso de ese comercio sexual ilícito que el propio departamento quiere erradicar.

La policía de Long Beach se negó a discutir qué medidas disciplinarias tomará -o si implementará alguna- contra el oficial William Scott Holder luego de que fuera arrestado el año pasado en una ofensiva encubierta contra la prostitución, llevada a cabo en Corona. La agencia citó la ley estatal que avala la confidencialidad de las sanciones policiales.

Un vocero confirmó que Holder sigue siendo empleado del departamento y que ha sido apartado del equipo SWAT, pero no informó si su reasignación fue resultado del arresto y procesamiento.

El caso de Holder se conoce en un momento en el que las agencias policiales del sur de California y de todo el país intentan reformar la manera en que abordan la prostitución y buscan ganar la confianza de las mujeres dedicadas al comercio sexual, tratándolas como víctimas en lugar de potenciales sospechosas. Pero esos esfuerzos podrían ser menoscabados si se acusa a los oficiales de recurrir a prostitutas.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que adoptó un enfoque agresivo contra la trata de personas, también está lidiando con una cuestión similar. El agente Raimond Edward Bernasconi, de 55 años de edad, fue acusado de recurrir a prostitutas cuando acordó encontrarse con una mujer -que él creía ejercía como tal- el 12 de octubre pasado, señalaron los fiscales. Bernasconi se vio atrapado en una trampa encubierta creada por su propia agencia y ahora está suspendido de sus funciones y sin paga, detalló el capitán Jeff Scroggin, vocero de la agencia. En caso de ser condenado podría ser despedido.

Algunas agencias de aplicación de la ley han endurecido sus medidas contra los oficiales acusados de solicitar servicios de prostitutas. A comienzos de este año, un departamento de Boynton Beach, Florida, despidió a un agente de policía que fue atrapado en una redada encubierta. El jefe de policía de la ciudad de Miami Gardens, en Florida, fue removido de su cargo el año pasado cuando respondió a un anuncio de prostitución en el sitio web backpage.com, que era parte de una operación encubierta.

En 2015, el por entonces fiscal general de los EE.UU. Eric H. Holder Jr. emitió una advertencia especial para los empleados del Departamento de Justicia en contra de requerir servicios de prostitución, alegando que una acción de ese tipo “socavaba los esfuerzos del departamento para erradicar el flagelo de la trata de personas”. Su memorando se publicó un mes después de que un informe del inspector general manifestara que agentes de la Administración Antidrogas (DEA) habían asistido a “fiestas sexuales” con prostitutas contratadas por cárteles de la droga. Los agentes que admitieron haber asistido fueron suspendidos entre dos y 10 días.

Las interacciones entre agentes de policía y víctimas de trata han sido objeto de un intenso escrutinio en California en los últimos meses, luego de que una adolescente víctima de trata acusara a decenas de oficiales en Oakland y el Área de la Bahía de tener sexo con ella. Algunos de los actos sexuales presuntamente ocurrieron cuando la joven era menor de edad, y algunos de los policías fueron acusados de filtrar su información en las redadas policiales a cambio de actos sexuales.

Al menos ocho agentes se enfrentan a cargos criminales por este caso, algunos por contacto sexual con una menor. Varios policías han sido despedidos.

En Long Beach, la decisión de permitir que el oficial arrestado mantenga su trabajo ha despertado preguntas en la ciudad acerca de si el continuo empleo de Holder se opone a la campaña pública del departamento contra la trata. “A la luz de que están haciendo algo tan importante del tema, que están dedicando tantos recursos a ello, el hecho de que uno de los suyos esté involucrado en victimizar directamente a estas personas es algo muy serio”, señaló Stephen Downing, un comandante de la policía de L.A., ya retirado, quien reside en Long Beach y a menudo habla sobre las cuestiones locales de aplicación de la ley. “Su accionar contra su propio oficial demuestra cuán en serio se toman el tema”.

Los registros judiciales muestran que Holder, de 46 años, fue arrestado el 29 de julio de 2015. El oficial se había enviado mensajes de texto con una oficial de policía encubierta que se hacía pasar por trabajadora sexual, detalló la policía de Corona. Los oficiales hallaron el celular usado para acordar el encuentro y el dinero que había accedido a pagar por sexo cuando lo requisaron, momentos después de que se presentara a la cita, destacó la policía.

Holder fue acusado de un delito menor de solicitar servicios de prostitución. Meses más tarde, se declaró culpable por perturbar el orden, un delito menor, y fue condenado a tres años de libertad condicional y 30 días de un programa de semilibertad, muestran los documentos judiciales. Holder y su abogado no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Steve James, presidente de la Asociación de Oficiales de la Policía de Long Beach se refirió a Holder como un oficial “muy respetado” y se burló de la idea de que su mala conducta tuviera algún efecto en la capacidad del departamento para relacionarse con las víctimas de trata. Además, se negó a precisar qué sanción recibió Holder, pero dijo que el oficial merecía mantener su empleo. “Creo que la sanción que le impusieron fue más de lo que hubiera recibido el 99% de los estadounidenses por la misma transgresión”, afirmó James.

Peter Bibring, director de prácticas policiales de American Civil Liberties Union of Southern California, aseguró que el caso de Holder resalta el problema de los registros disciplinarios secretos. Sin saber cómo Holder fue castigado, o siquiera si recibió sanción alguna, los residentes de Long Beach no pueden analizar correctamente cómo su departamento es responsable por el tema. “Cuando los oficiales fuera de servicio violan las mismas leyes que hacen cumplir cuando están en servicio, eso plantea serias cuestiones de integridad”, afirmó. “El problema real aquí es no poder saber cómo manejó el tema el departamento de Long Beach”.

La concejal de Long Beach Jeannine Pearce, quien no había sido informada del asunto hasta que un reportero del Times la contactó, remarcó que le preocupa que las noticias del arresto de Holder puedan impactar en la relación del departamento de policía con las víctimas de trata y otros delitos. “Nuestro objetivo es construir relaciones con nuestro Departamento de Policía, los residentes, las víctimas, la gente que necesita confiar en nuestra policía para compartir información y atrapar así a quienes delinquen. Y esto que ocurrió no es útil para todo ello”, aseguró.

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Traducción: Valeria Agis