Revelan más nombres: donantes de dinero sucio para campañas contra sindicatos y escuelas

Revelan nombres de más donantes de dinero sucio para campañas contra sindicatos y financiamiento de escuelas

La campaña para ampliar un impuesto a los californianos de altos ingresos, destinado a financiar escuelas, comenzó esta semana con la difusión de los nombres -hasta ahora no revelados- de los donantes que lucharon contra el gravamen cuando éste apareció por última vez en la boleta electoral.

El grupo California Hedge Clippers dio a conocer este martes los nombres, como parte de una campaña más amplia para extender la Proposición 30 en las elecciones de noviembre próximo. El impuesto -una financiación temporal para escuelas- fue aprobado en 2012 y debería expirar a fines de 2018.

Para la agrupación, su plan podría considerarse como una ‘divulgación preventiva’, o ‘vergüenza estratégica’. “Decenas y decenas de las personas más ricas de California trabajaron en secreto para asegurarse de que esta medida jamás se apruebe”, señaló Amy Schur, directora estatal de la campaña para el grupo Alliance of Californians for Community Empowerment, con sede en Los Ángeles. “La Proposición 30 es demasiado crucial para arriesgarla con la interferencia de esta gente nuevamente. Por eso los desafiamos”, agregó Schur, cuya agrupación es parte de Hedge Clippers, una coalición de gremios y grupos que se definen como progresistas.

El informe del grupo revela los nombres de 76 individuos, entre los cuales aparecen el del ejecutivo de inversión y tecnología de Silicon Valley John H. Scully ($500,000), el inversor y heredero de Hyatt Hotel Anthony Pritzker ($100,000), el desarrollador Geoff Palmer ($100,000) y el inversor de capital privado Gerald Parsky ($50,000).

Ellos y otros contribuyeron con ese dinero a una organización con sede fuera de California, que hizo circular los fondos a través de una serie de otras agrupaciones y eventualmente los reingresaron al estado, concluyeron los reguladores. Para entonces, la identidad de los donantes estaba fuera del alcance de las leyes de divulgación.

Aun así, mientras el dinero se canalizaba a California, algunas transferencias no fueron reveladas adecuadamente y, por lo tanto, violaron la ley, según las autoridades. Una investigación del estado derivó en multas por $16 millones a algunas de las agrupaciones, así como en la divulgación de algunos de los donantes importantes, entre ellos el multimillonario angelino y filántropo Eli Broad ($1 millón). Los donantes no fueron multados.

Los nuevos nombres surgieron esta semana de un trabajo detectivesco basado en una lista parcial de donantes que un operador político había proporcionado a los reguladores. En ella, los nombres y direcciones de los donantes de este “dinero sucio” están parcialmente cubiertos, aunque lo suficiente queda a la vista como para que los investigadores cruzaran referencias con documentos públicos más completos. A partir de allí, fue cuestión de completar los espacios en blanco. No oculta, pero tampoco previamente anunciada, figura una contribución de $800,000 por parte de la empresa fabricante de máquinas y herramientas Gene Haas.

El trabajo es el más reciente reporte de Hedge Clippers que apunta al célebre “uno por ciento”, estadounidenses ricos que se oponen a ciertas políticas. Hedge Clippers también tiene actividad en la ciudad de Nueva York y otros sitios.

Otro de los nombres intrigantes que emergieron en la lista de California fue Nils Colin Lind, ejecutivo de Blum Capital, una firma conectada con Richard Blum, esposo de la senadora de California Dianne Feinstein. El listado incluye también a líderes del movimiento de escuelas charter, como Scully, y Tony Ressler ($25,000), un veterano miembro del grupo Alliance College-Ready Public Schools, defensor de esas instituciones educativas. Al igual que otras escuelas públicas, las charter cosecharon enormes beneficios financieros por la Proposición 30.

Mediante los mismos métodos empleados por los investigadores, The Times pudo verificar muchos de los nombres en la lista parcialmente clasificada, entre ellos los de Pritzker, Lind y Scully, a quienes no fue posible hallar para que efectúen comentarios en este artículo.

Pero Ressler, uno de los donantes verificados a través de este método, sí habló y aseguró que no recuerda haber hecho la contribución de $25,000 ni a los grupos a través de los cuales, según los reguladores, se realizaron las diversas donaciones. Ressler, quien según la lista de multimillonarios de la revista Forbes posee una fortuna de $1.19 mil millones, ha sido muy activo en el apoyo a las escuelas autónomas y otras iniciativas privilegiadas de educación, y señaló que se trata de una causa extremadamente importante para él. “Estoy a favor de cualquier cosa que mejore la educación pública”, aseguró. “Tengo esperanza de que ésta mejorará drásticamente”.

Detener la Proposición 30 fue, al parecer, uno de los dos objetivos de los donantes. Los fondos también se utilizaron para aprobar la Proposición 32, que hubiera limitado la capacidad de los sindicatos de recoger fondos políticos de sus miembros. Es imposible determinar en cuál de las dos campañas buscaba influir cada donante, o si algunos de ellos aportaron para ambas.

El dinero viajaba por un camino sinuoso. Las contribuciones se efectuaban a Americans for Job Security, una asociación comercial de Virginia. Este grupo pasaba luego los fondos a Center to Protect Patient Rights in Arizona, que después envió $11 millones a una organización de Phoenix, Americans for Responsible Leadership, que finalmente  proveyó el dinero al Small Business Action Committee.

En otra transacción, utilizando una fuente separada de fondos, Center to Protect Patient Rights envió más de $4 millones a America Future Fund, en Iowa, que transmitió la suma a California Future Fund for Free Markets, un comité de campaña en apoyo a la Proposición 32.

El mayor número de donaciones (más de $18 millones) provino de la familia Fisher, que controla la fortuna de las tiendas Gap y se encuentra entre los más generosos defensores de las escuelas charter, según el informe.

No todo el dinero donado volvió a California. Cerca de $10 millones fueron capturados por grupos en otras partes del país, aseguraron los investigadores.

Respecto de los resultados en California, los donantes perdieron ambas campañas: la Proposición 32 no fue aprobada, mientras que la Proposición 30 sí.

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