AT&T y Verizon quieren vía libre para instalar nuevos transmisores inalámbricos; una mala idea para los vecindarios.

En la Legislatura de California hay una riña clásica acerca de la expansión inalámbrica, entre los intereses privados que financian y los varios gobiernos inoperantes.

Es una lucha que se libra subrepticiamente. El tema no es atractivo como el aumento de los impuestos sobre el gas, la atención sanitaria universal o la instauración del llamado ‘estado santuario’ para los inmigrantes indocumentados. A raíz de ello, no ha recibido mucha atención pública.

Cuando eso ocurre, los intereses especiales tienden a vencer en la puja. Esta batalla involucra a las grandes compañías de telecomunicaciones -AT&T, Verizon y similares- que intentan prescindir de los gobiernos locales para comenzar a instalar la infraestructura inalámbrica de próxima generación sin las molestas interferencias de la alcaldía o los tribunales.

Las corporaciones de telecomunicaciones buscan modernizar los permisos y reducir costos para la colocación de sus transmisores -cuyo tamaño varía entre una caja de pizza y un refrigerador pequeño- en los postes municipales, luces de calles y señales de tránsito donde quieran.

La industria prevé la instalación de entre 30,000 y 50,000 de estas ‘pequeñas células’ en los próximos años, a medida que se despliega la próxima generación de redes inalámbricas, 5G, que será más rápida y tendrá más capacidad que la que tenemos hoy en día.

Pero en la actualidad, los gobiernos locales controlan dónde se colocan los equipos, usualmente en torres altas de celulares, que no serán necesarias para la nueva etapa.

Según el polémico proyecto de ley llamado SB 649, del senador Ben Hueso, los gobiernos locales no tendrían el poder de denegar permisos si las empresas de telecomunicaciones siguen las normas establecidas por Sacramento.

Además, los gobiernos locales han aprovechado los equipos de las firmas de telecomunicaciones, por $3,000 o más anualmente cada transmisor. A veces también se acercaron a éstas para algún pago extra de favores, tal como conectar la biblioteca local a la tecnología inalámbrica.

Nada de eso estaría permitido bajo el SB 649, y el máximo por año de arrendamiento en una célula pequeña sería de $250. Los gobiernos locales están horrorizados. “Ellos podrían desplegar sus equipos en sus propios términos, donde quisieran hacerlo”, explicó Rony Berdugo, cabildero de la Liga de Ciudades de California. “Esto obligaría a los condados y ciudades a arrendar su propiedad pública para equipos inalámbricos y eliminaría los arrendamientos negociados”.

“Ahora tenemos poder de decisión”, continuó. “Podemos decir: ‘No queremos esto en este poste sino en otro lugar. Fabriquen sus equipos del mismo color de los postes’. Ellos podrían instalar algo del tamaño de un refrigerador en un poste de luz frente al jardín de un residente. No queremos refrigeradores en postes frente a las ventanas de las personas”.

Los ciudadanos locales no tendrían una voz significativa al respecto. No habría opinión pública, sería estrictamente un tema de Sacramento.

Las telefónicas, sin embargo, están preocupadas de que el proceso actual de permisos pudiera atascar la expansión de la banda ancha a medida que la demanda explote. En California ya existen -sostienen- más dispositivos inalámbricos que personas.

En muchas comunidades, las regulaciones y los derechos de arrendamiento para infraestructura inalámbrica son antiguos, creados cuando las torres de 200 pies eran la norma. Algunas ciudades se niegan a permitir las células pequeñas en los postes de servicios públicos y otras estructuras, argumentan. El proceso burocrático es demasiado largo, añaden, y las tarifas actuales son ‘extremas’.

Los gigantes de las telecomunicaciones ya han arrojado la bandera blanca en la cara de un grupo que tiende a ser rico y estar políticamente conectado: los residentes costeros. Las zonas de playa -franjas estrechas a lo largo de la costa- están exentas del proyecto de ley puesto que son distritos históricos.

Por ello, alguien que vive en Malibu podría vencer la contaminación visual de un artefacto del tamaño de un refrigerador en los postes; pero no quienes viven en Montebello, por ejemplo.

En Sacramento, las firmas tienen reservas de dinero para alimentar las campañas de reelección de los legisladores, y regularmente invierten en ello. Durante el último ciclo electoral, AT&T distribuyó más de $1.6 millones a grupos y políticos, sin discriminar entre partidos; prácticamente todo el mundo tuvo lo suyo. El Partido Demócrata de California recibió $615,000, pero los republicanos aún más, $625,000.

AT&T también gastó $250,000 en el torneo de golf anual  Speaker’s Cup -la gran recaudación de fondos de los demócratas de la Asamblea- en Pebble Beach, un campo de primer nivel.

Por el contrario, la Liga de Ciudades de California y otras organizaciones gubernamentales locales no están autorizadas a gastar un centavo en los políticos, porque su dinero proviene de los contribuyentes. No obstante, también hacen lobby.

En enfrentamientos como éste, los intereses especiales por la distribución de dinero usualmente ganan cuando pocas personas están prestando atención, y a menudo pierden cuando el público abre sus ojos y se irrita al respecto. Entonces, los políticos responden a sus electores.

El proyecto de ley de Hueso pasó por tres comités del Senado y la Asamblea completa en menos de dos meses. Sólo tuvo un voto negativo, del senador Steve Glazer (D-Orinda).

La medida aprobó su primera votación en el comité de la Asamblea (6-2) -los dos votos negativos fueron de demócratas- y será considerada por el Comité de Comunicaciones y Transporte este miércoles.

Este es el tipo de proyecto de ley que uno desea que el gobernador Jerry Brown vete, con base en su retórica, que aboga por el control local. Al líder del estado le gusta la palabra “subsidiariedad”, la cual significa que la gobernanza debe ser manejada localmente en lugar de por los poderes centrales, como Sacramento. Pero el gobernador es impredecible.

No se puede culpar a las empresas de telecomunicaciones por querer patear a los gobiernos locales en el trasero y agilizar el proceso de permisos para expandir la banda ancha. Pero no se les puede permitir que ignoren a los ciudadanos locales. Deben, además, pagar un precio justo por instalar su maquinaria en la propiedad pública.

Y, por supuesto, la gente no debe estar obligada a ver horribles refrigeradores colgando en el exterior de sus viviendas.

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Traducción: Valeria Agis 

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