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Acusan a oficial de la Patrulla Fronteriza y a sus dos hermanos de asesinato ligado al narcotráfico

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Joel Luna parecía un excelente candidato para la Patrulla Fronteriza: nativo del sur de Texas, destacado estudiante del programa ROTC [de entrenamiento de oficiales], veterano de combate del Ejército.

Luna trabajaba en un puesto de control fronterizo cerca de 100 millas al norte de México en Hebbronville, donde patrullaba las tierras de los ranchos, frecuentadas a menudo por contrabandistas de personas y traficantes de drogas. Su trabajo encubierto se apoyaba en su experiencia de infantería.

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Pero ahora, Luna, de 31 años de edad, se prepara para ser juzgado por asesinato por su papel en un hecho que los fiscales denominan ‘una conspiración de tráfico de drogas’, que dejó un cuerpo decapitado flotando en la costa de Texas durante las vacaciones de primavera.

Según los fiscales, la conspiración es una historia de los tres hermanos Luna: Joel, Fernando y Eduardo. Fernando, también conocido como “Junior”, es el mayor de ellos, con 35 años de edad, corpulento y con gafas. El menor es Eduardo, de 25 años, que luce su cabeza afeitada y barba, y responde al sobrenombre de “Pájaro”, un mote que jugaría un papel clave en el caso.

Los fiscales sostienen que Joel ayudó a Fernando y a Eduardo a dirigir un negocio criminal de la familia. El abogado de Joel asegura que su cliente no mató a nadie, y que en una región donde las familias transfronterizas a menudo incluyen una mezcla de agentes e inmigrantes, son Fernando y Eduardo -ciudadanos mexicanos con estatus ilegal en los EE.UU.- los responsables del homicidio.

“Hay un argumento en contra de mi cliente, de culpabilidad por asociación. La gente se deja llevar por quienes son realmente culpables. Es una cosa de familia”, afirmó el letrado de Joel, Carlos A. García. “Asociarse o asistir a un cumpleaños de quinceañera no es un delito. Él era un hombre de familia, de trabajo. Pensemos en cuántos miembros de la Patrulla Fronteriza que viven en la frontera tienen parientes aquí, sin visa”.

Según su certificado de nacimiento estadounidense, Joel nació en San Juan, menos de 10 millas al norte de Río Grande, pero fue criado al sur de la frontera, en Reynosa, un bastión del cártel del Golfo. Fernando y Eduardo nacieron en México.

Los padres de los muchachos obtuvieron un certificado de nacimiento mexicano para Joel, de modo que pudiera asistir a la primaria y secundaria allí, dijo García. “Esto es común en la zona fronteriza. Joel no era diferente de otros chicos. A la gente que nace aquí se la lleva a México para que asistan a la escuela hasta la preparatoria, cuando deben pagar por ella”, aseguró.

Gracias a su certificado de nacimiento en los EE.UU., Joel asistió a Pharr-San Juan Alamo High School, se unió al programa ROTC del Ejército y se convirtió en comandante. Las fotos de su anuario lo muestran posando con su uniforme; con su figura de baja estatura y esbelta, intentando lucir serio gracias a un bigote. “Él sabía lo que quería desde muy pequeño”, afirmó García. “Quería defender a su país”.

Después de graduarse, Joel se unió al Ejército en 2004 y prestó servicio en Irak. En 2008 recibió su licencia de la Guardia Nacional del Ejército, y prestó servicios por cuatro años más en el Valle del Río Grande.

Cuando se unió a la Patrulla Fronteriza, en 2009, Joel se sometió a una revisión de antecedentes, pero no fue obligado a tomar una prueba de polígrafo, examen que detecta las mentiras: ésta se convertiría en un requisito obligatorio al año siguiente, bajo la Ley Anticorrupción de la Frontera.

Joel se casó con una chica local, Dulce “Candy” Treviño, ahora de 31 años de edad, quien trabajaba en un consultorio médico. Rápidamente tuvieron una niña y un varón. Ambos conducían una camioneta Chevy y compartían una casa de tres dormitorios ubicada junto a la de su suegra, en el límite de la ciudad, donde se escuchaba cantar a los gallos al amanecer.

Mientras que Joel construía su carrera, del otro lado de la frontera, en Reynosa, Fernando trabajaba en Exterran Corp., una compañía de petróleo y gas, y Eduardo comenzó a asociarse con gente del cártel del Golfo, sostienen los investigadores.

Recientemente fue revelado en la corte que una figura de alto rango del cártel -ahora encerrada en Houston- declaró a los fiscales que había sido “comandante” de la agrupación, junto con Eduardo. Un día, Eduardo acompañó a Joel a Sam’s Club del sur de Texas y compró una caja fuerte de acero, según precisó el cuñado de Joel a los investigadores. Joel mantenía la caja de seguridad en la casa de su suegra.

En 2013, Joel notificó a los funcionarios de la Patrulla Fronteriza que Eduardo había sido secuestrado temporalmente por los líderes del cártel en Reynosa, quienes sabían que él era un agente fronterizo y habían amenazado a su familia allí, según relató Gustavo “Gus” Garza, ayudante del fiscal de distrito del condado de Cameron

Eduardo, Fernando y sus familias cruzaron ilegalmente a los EE.UU., para vivir en la casa de Joel. Luna le dio a su cuñada $42,000 e instrucciones para comprar una casa en San Juan para su hermano menor, según una declaración jurada del arresto.

Fernando se mudó al otro lado de la calle, contó Garza. Había sido despedido y empleó su indemnización para comprar la tienda de neumáticos Veteran’s Tire Shop, cerca de 20 millas al norte de Edinburg. Contrató a Eduardo y a otros tres empleados. Los investigadores argumentaron más tarde que la deteriorada tienda, tal como muchos otros negocios del sur de Texas, era una fachada para el lavado de dinero y el tráfico de drogas.

En tanto, Joel proyectaba una imagen respetuosa de la ley. José Luis Villanueva, de 53 años de edad y hermanastro de la esposa de Luna, lo describía como un “gran trabajador, alguien calmado”; una presencia tranquila que jamás había consumido drogas o bebido alcohol delante de la familia.

El 16 de marzo de 2015, un navegante que surcaba con sus hijas la costa de South Padre Island vio un cuerpo desnudo, parcialmente descompuesto, y llamó al 911. Los investigadores jamás hallaron la cabeza del hombre, pero lo identificaron como uno de los empleados de Fernando: José Francisco “Franky” Palacios Paz, un hondureño de 33 años de edad que vivía de forma ilegal en los EE.UU.

Fernando y Eduardo accedieron a que los investigadores revisaran sus teléfonos celulares. La información de los móviles había sido borrada, pero los expertos pudieron recuperar los mensajes de texto que la esposa de Palacios envió a Fernando el día después de la desaparición del hondureño. “Este Franky es un… traidor”, escribió la mujer en español, quejándose de que Palacios había hablado “acerca de la vente de drogas”. “En cualquier momento te señalará”, escribió.

Los registros de los investigadores también muestran que, el día que desapareció Palacios, Eduardo y otro de los empleados de la tienda condujeron hasta Port Isabel, justo al otro lado de donde se halló el cuerpo sin cabeza; sus celulares emplearon torres cercanas para comunicarse con Fernando.

Las manchas halladas en una herramienta y en la tienda de neumáticos dieron positivo al compararlas con el tipo de sangre de Palacios. Uno de los empleados afirmó a los investigadores que la cabeza del hombre fue llevada a México para ser mostrada públicamente, o “demostrada”, un ritual de los cárteles, afirmó Garza.

El 24 de junio de 2015, los investigadores arrestaron a Eduardo y a dos empleados de la tienda. Fernando fue detenido mientras regresaba de México, en la camioneta blanca de Joel. Pero éste último no fue acusado, y continuó con su trabajo en la Patrulla Fronteriza.

Cuatro meses después, investigadores del Sheriff y de Seguridad Nacional allanaron la casa de la suegra de Joel y descubrieron la caja de seguridad con lo que se convertiría en la base de su caso: más de un kilo de cocaína, más de $89,500 en efectivo y una pistola calibre 38 plateada, con un relieve de la imagen de San Judas Tadeo en oro y las palabras “Cártel del Golfo”, y “Pájaro”, el apodo de Eduardo.

Un libro de contabilidad documentaba la venta de drogas, armas y municiones. Lo peor de todo, aseguraron las autoridades, fue el hallazgo de una placa conmemorativa de la Patrulla Fronteriza y documentos pertenecientes a Joel Luna, entre ellos su contraseña de la estación de trabajo y el número de cuenta de la Cooperativa de Crédito y Ahorros del Servicio de Seguridad Federal (Security Service Federal Credit Union).

Joel aseguró que “no tenía conocimiento de la existencia de la caja de seguridad”, según el video de la investigación. Pese a ello fue arrestado por varios cargos, incluyendo manipulación de pruebas y asesinato capital. En su ficha policial luce agotado.

En enero pasado, un gran jurado acusó a los tres hermanos Luna por homicidio capital en represalia, junto con los dos empleados de la tienda. Todos se declararon inocentes. Pero el mes último, Fernando, el hermano mayor, se declaró culpable de posesión de drogas a cambio de aceptar ser testigo de la causa. Los fiscales retiraron los cargos de conspiración y asesinato, y ahora el hombre se enfrenta a un máximo de tres años en prisión; su sentencia se conocerá el 19 de octubre próximo.

Eduardo aún se enfrentará a un juicio; también Joel. El abogado de éste último aseguró que su cliente, alguna vez considerado un prometedor comandante y agente de Patrulla Fronteriza, desistió de aceptar un acuerdo y se enfrentará ante un jurado.

“El caso estatal está basado en conjeturas y especulaciones. Mi cliente no tiene nada que temer de lo que diga su hermano”, afirmó García, quien intenta que se juzgue por separado a Joel y a Eduardo. El abogado de éste no respondió las llamadas ni correos electrónicos. “Mi cliente no debe ser considerado culpable por los actos de su hermano”, añadió el letrado.

Garza, el fiscal, tiene su propia teoría acerca de lo que ocurrió con los hermanos Luna. Su padre había muerto, y Garza sospecha que Joel se sintió obligado a ayudar a sus hermanos en un primer momento. “Eso ocurre todo el tiempo en las familias”, explicó. “Luego, se involucró más y más. Ahora está hasta el cuello”.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis

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