Sheriff es acusado de haber visto golpiza de un reo y no hacer nada para evitarlo

El recluso dijo que fue llamado a un lugar bajo una escalera donde ningún guardia o cámara de la cárcel pudieran observar.

Allí, agregó, otros tres presos del condado de Los Ángeles lo emboscaron, dejándolo con la mandíbula y la nariz rota, una conmoción cerebral y viendo doble, mientras la sangre le escurría por su cara.

El preso, Saúl Steve Lira, dijo que el guardia en ese momento deliberadamente ignoró lo que estaba pasando.

Ahora, la fiscalía ha acusado al guardia de asalto, porque supuestamente pasó caminando por donde se llevaba a cabo la golpiza, pero a petición de otro preso no hizo nada para evitar que Lira pudiera ser golpeado; más tarde, el mismo guardia se negó a pedir ayuda médica para la víctima.

El caso contra Jonathan Grijalva, guardia asistente, es el más reciente de una serie de procesamientos criminales que ha enfrentado el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), desde aquel escándalo carcelario que incluía golpes a reclusos estalló hace más de cinco años.

No obstante, es la primera vez que se hace una acusación a un oficial por saber, y posiblemente haber visto, la golpiza y decidir ignorarla.

Los expertos de la cárcel dijeron que el departamento del sheriff ha hecho progresos significativos en la reducción de la fuerza utilizada en las cárceles, pero el caso de Grijalva les plantea preocupaciones constantes sobre si los presos se sienten seguros para presentar quejas sobre brutalidad o cierto abuso por parte de los oficiales.

Poco después del incidente del 15 de febrero de 2014, Lira informó que sus heridas fueron causadas por una caída cuando se estaba bañando, y no por la golpiza del oficial. A pesar de la gravedad de sus heridas, nadie en la cárcel pareció haber dudado de su declaración inicial.

En ese momento, el departamento no inició una investigación; pero si abrió una dos meses después de que Lira obtuvo la representación legal de un abogado y demandara al condado por haber sido golpeado, dijo una portavoz del departamento. En la demanda, Lira dijo que había mentido en su declaración previa por miedo a las represalias por parte de los reclusos.

Peter Eliasberg, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU), mismo que funge como supervisor de las cárceles, dijo que averiguar la causa de las lesiones de los presos es una parte clave del desarrollo de la rendición de cuentas.

El personal de la cárcel, indicó Eliasberg, debe buscar cualquier indicio del por qué los reclusos prefieren no hablar a consecuencia del temor que siente por su seguridad; además, el departamento necesita hacer más para cambiar esa cultura de violencia para que los internos se sientan tranquilos cuando tienen que hablar sobre los abusos dentro de las instalaciones carcelarias.

“Hay maneras de conseguir que los reclusos que son testigos hablen, pero hay que asegurarse de que no se sientan que van a ser calificados como soplones”, dijo. “Me preocupa el hecho de que no hubo una investigación exhaustiva hasta que el recluso presentó una demanda de derechos civiles”.

Funcionarios del sheriff dijeron que tomaron las acusaciones de Lira en serio, tan pronto como se enteraron de ellas, y han tomado medidas agresivas para prevenir episodios similares en un futuro.

“Mantener la confianza del público y la seguridad de cómo administramos el sistema de la cárcel es muy importante para mí”, dijo el sheriff Jim McDonnell en un comunicado.

El departamento ha agregado cámaras a lo largo de sus cárceles, incluyendo el edificio nombrado North County Correctional Facility, donde permanece Lira.

Desde junio, se han instalado 100 cámaras en la cárcel de Castaic y los funcionarios planean agregar 600 más, dijo Nicole Nishida, portavoz.

El jefe David Fender, que ayuda a dirigir la División de Servicios de Custodia del departamento, dijo que los sargentos ya pueden entrevistar a los reclusos para averiguar cómo es que fueron golpeados en caso de que las heridas hayan sido producto de una paliza dentro de la cárcel.

“Hoy es un mundo diferente a lo que era en 2011, cuando gran parte de esta violencia en la cárcel estaba llegando a un punto crítico”, dijo Fender. “[Actualmente] la gente es responsable a un nivel mucho más alto que antes”.

Grijalva, una guardia asistente de 28 años que ha trabajado para el departamento desde que tenía 19, fue acusado en noviembre. Él ha estado sin recibir salario desde octubre de 2014. Los fiscales también presentaron un cargo de asalto contra Raúl McDonald, un preso acusado de estar de guardia para que Lira pudiera ser golpeado sin interferencia.

Ambos se han declarado inocentes.

El abogado de Grijalva, Vicki Podberesky, se negó a comentar. Pero Brian Moriguchi, presidente de la Asociación de Oficiales Profesionales de la Paz, que representa a Grijalva, dijo que cree que los jefes y los fiscales del sheriff confían demasiado en la palabra de un preso sospechoso de jugar un papel clave en el ataque a Lira.

“Ellos creen en las palabras de los criminales sobre la palabra de los oficiales encargados de hacer cumplir la ley”, dijo. “Están tratando de mostrar al público que no toleran el abuso de los agentes de policía, pero han llevado eso a un extremo”.

Lira, de 34 años, fue detenida en la cárcel de Castaic en enero de 2014 por violación a su libertad condicional. Había sido previamente condenado por robo, asalto con arma de fuego y robo de vehículos.

En una demanda federal presentada contra el Departamento del Sheriff, Lira alegó que se había enfrentado con un preso en su dormitorio, un recluso que ejercía un “poder significativo” a través de amenazas e intimidación- que supuestamente estaba descontento con el trabajo de Lira limpiando el área.

Dicho preso le habló con Grijalva, quien estaba supervisando el dormitorio en esa ocasión, se lee en la demanda. Poco después, Grijalva supuestamente se alejó del lugar y el preso llevó a Lira a un área bajo la escalera donde fue atacado, de acuerdo con la queja, que no identifica a sus agresores.

Más tarde, cuando Lira, cuyo rostro estaba sangrando, se acercó a Grijalva pidiendo ayuda médica, Grijalva le dijo que esperara y no hizo nada para ayudarle antes de terminar su turno, varias horas más tarde, según la demanda.

Cuando otro guardia preguntó a Lira cómo había sido herido, Lira dijo que se había caído en la ducha. Él mintió por temor a represalias, dijo.

Lira también alegó que se le negó la atención médica adecuada durante una semana después de la paliza y sólo se le administraron analgésicos, a pesar de tener la mandíbula cerrada.

“Steve estuvo a punto de morir”, dijo la hermana mayor de Lira, Ida De La Cruz, quien llama a su hermano por su segundo nombre. “Esto sólo muestra que las personas que están allí para protegerlo no estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer. Son parte del problema.

Lira fue liberado un mes después y presentó las acusaciones legales, seguido por una demanda.

De La Cruz dijo que su hermano estaba viviendo en una casa de apoyo, pero recayó y fue re-arrestado. Los expedientes demuestran que Lira ahora está en una prisión estatal por cargos de posesión del arma de fuego.

Su hermana dijo que sus abogados perdieron interés en el juicio después de la última detención de Lira. Un abogado del condado dijo que su demanda fue resuelta por ocho mil dólares. El abogado principal de Lira, Brett Rosenthal, se negó a comentar.

Miriam Krinsky, una ex fiscal federal que dirigió la Comisión de Ciudadanos sobre la Violencia en la Cárcel, dijo que estaba alentada porque el Departamento del Sheriff y la Fiscalía de distrito tomaron las acusaciones de Lira lo suficientemente en serio como para procesar cargos criminales. Señaló que el informe final de su comisión de 2012 identificó un patrón persistente de abuso por los guardias de la cárcel y una falta de disciplina en respuesta a las quejas.

Sin embargo, una denuncia de que un guardia ignore una paliza por parte de los internos es preocupante, dijo.

“De alguna manera se pueden excusar incidentes donde en el calor del momento, alguien lanza un puñetazo cuando no deberían hacerlo”, dijo Krinsky. “Pero mirar hacia otro lado o mentir sobre los incidentes, esos son los tipos de cosas que reflejan incluso fallas de carácter más profundas y falta de integridad que son más difíciles de entrenar a la gente”.

Alex Busansky, ex miembro de la comisión que ahora dirige un centro de investigación dedicado a la reforma de la justicia penal, dijo que el condado necesita asegurarse de que los reclusos se sientan seguros al presentar quejas. Eso, dijo, no será fácil.

“Cambiar la cultura de una cárcel es un reto”, dijo. “Crear un lugar seguro para los reclusos es difícil. Toma tiempo”.

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