Un tribunal federal concedió a los estudiantes defraudados de Corinthian College una victoria sobre Betsy DeVos
Un magistrado federal impidió que el Departamento de Educación de Estados Unidos recorte un programa de alivio de préstamos para estudiantes defraudados por la fallida cadena Corinthian College, alegando que la agencia invadió la privacidad de los alumnos al diseñar un nuevo programa.
El fallo de la magistrada Sallie Kim, de San Francisco, la semana pasada, fue el último golpe para las políticas de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, sobre los colegios con fines de lucro, mucho más tolerantes que las de la administración Obama. Kim ordenó a la agencia que deje de usar sus reglas de alivio de préstamos, pero programó una audiencia el 4 de junio para considerar otros pasos.
Durante el gobierno del presidente Obama, el Departamento de Educación elaboró un programa de condonación general de préstamos estudiantiles federales que habían sido contratados por alumnos de Corinthian. La razón era que Corinthian, una cadena de escuelas vocacionales que se declaró en bancarrota en 2015, había inflado sistemáticamente las estadísticas de colocación laboral para sus graduados.
Los críticos afirmaron que Corinthian y otras instituciones del mismo tipo se aprovechaban de una población vulnerable de estudiantes de bajos ingresos, ansiosos por ingresar a campos profesionales, asegurándoles que podían financiar su educación con préstamos y pagarlos con salarios más altos después de la graduación.
Entretanto, los críticos de DeVos consideraron su recorte del alivio de los préstamos para los alumnos de Corinthian como parte de un enfoque más indulgente con las empresas de educación superior con fines de lucro. DeVos ha designado a exejecutivos de instituciones con fines de lucro en los puestos más altos de su agencia.
En agosto pasado, por ejemplo, nombró a Julian Schmoke Jr. como el oficial principal de ejecución del departamento, que supervisa las investigaciones sobre estafas educativas de entidades con fines de lucro. Schmoke es un antiguo decano de DeVry Education Group (ahora conocido como Adtalem); en 2016, DeVry llegó a un acuerdo por $100 millones en cargos de la Comisión Federal de Comercio por el engaño a estudiantes con estadísticas de empleo falsas, encubriendo algunas actividades que tuvieron lugar mientras Schmoke era empleado en DeVry.
En octubre de 2016, el Departamento de Educación había otorgado la condonación de préstamos a casi 27,000 exalumnos de Corinthian. La agencia finalizó un programa más amplio, ese mes, para proporcionar un sistema simplificado de reclamos; el programa debía entrar en vigor el 1º de julio de 2017.
Después de asumir el cargo, en 2017, DeVos puso un repentino alto al programa de condonación de préstamos, y dejó en espera la implementación del programa optimizado. Hasta fines de diciembre de 2017 su agencia no había aprobado una sola condonación de préstamo para un demandante de Corinthian; 99,000 solicitudes aún están pendientes. DeVos afirmó que el enfoque anterior era demasiado indulgente: “Según las reglas anteriores”, afirmó, “todo lo que uno tenía que hacer era levantar la mano para tener derecho a un dinero gratis”.
En diciembre, DeVos anunció un nuevo sistema. El departamento otorgaría la condonación del préstamo en una escala móvil basada en los ingresos de los exalumnos, en comparación con los graduados de programas equiparables que aprobaran la convocatoria del gobierno. Aquellos que ganaban menos del 50% de los salarios comparables obtenían un alivio total. El resto, lo obtenían en una escala móvil. Por ejemplo, quienes ganaban del 50% al 59% de los salarios comparables obtenían una condonación del 50% de sus préstamos pendientes, y quienes percibían el 90% o más recibían una condonación de solo el 10%.
Al anunciar el nuevo sistema, el departamento reveló que había revisado 21,500 reclamaciones utilizando las nuevas reglas; en virtud de ello, había aprobado 12,900 y negado 8,600.
El problema identificado por los demandantes en el juicio considerado por Kim fue que el Departamento de Educación usó los registros de Seguridad Social para determinar los ingresos de los solicitantes, enviando los números de Seguro Social y las fechas de nacimiento de los solicitantes a la Administración del Seguro Social. Ese organismo, en respuesta, envió al Departamento de Educación datos estadísticos “combinados” sobre los ingresos, que el departamento usó para decidir cuánta deuda debía perdonar en cada caso individual.
Ambos pasos violaron la Ley de Privacidad federal, dictaminó Kim. La magistrada desestimó la defensa del Departamento de Educación de que sus contactos con la Seguridad Social se ajustaban a las prácticas permisibles de intercambio de datos entre las agencias gubernamentales como “una lectura intrincada de la ley de privacidad”.
La decisión de Kim deja a los solicitantes de condonación de préstamos en el limbo, ya que no está claro qué reglas deberá seguir el Departamento de Educación en el futuro. Ese tema, entre otros, será analizado en la audiencia del 4 de junio.
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