Un juez federal dictaminó que Arizona no puede prohibir los estudios mexicoamericanos en las escuelas públicas

El pasado miércoles 27 de diciembre, un juez federal impidió que el estado de Arizona impusiera una controvertida ley que prohíbe los cursos de estudios étnicos, y puso así fin a una batalla de siete años acerca de la enseñanza de temas mexicoamericanos en las escuelas públicas de Tucson.

Wallace Tashima, un juez de la corte de apelaciones federal con jurisdicción en el tribunal de distrito en Arizona, afirmó en su requerimiento judicial que los legisladores estatales que aprobaron la prohibición en 2010 violaron la Constitución.

La decisión se originó por una demanda presentada por estudiantes en 2010 contra la junta de educación del estado. Los partidarios de los estudios étnicos alegaron que la ley, que prohibía los cursos diseñados principalmente para alumnos de un grupo étnico en particular, era racista y tenía como objetivo a los mexicoamericanos.

Tashima remarcó que la prohibición “no tiene un propósito educativo legítimo, sino un objetivo racialmente discriminatorio e injusto y un propósito políticamente partidista”. El magistrado también dijo que el estado no podría seguir reteniendo financiamiento de aquellas escuelas que no obedecen la prohibición. La amenaza del estado de retener más de $14 millones llevó a Tucson a abandonar su programa de estudios mexicoamericanos en 2012.

El juez agregó que el estado no puede realizar “ninguna inspección o auditoría de ningún programa, plan de estudios o curso” para verificar si un distrito escolar cumple con la norma de 2010.

Curtis Acosta, exmaestro del programa y residente en Tucson, tuiteó: “¡Feliz año nuevo, mi gente!”.

Richard Martínez, un abogado que representó a los maestros y estudiantes en la demanda, destacó que “el juez nos dio precisamente lo que pedíamos”.

El distrito de Tucson no ha dicho si revivirá el plan de estudios, que ayudó a impulsar programas educativos similares en escuelas de todo el país. La oficina del fiscal general de Arizona tampoco confirmó si apelará la medida cautelar.

Cuando la ley fue aprobada, los activistas protestaron y la consideraron un símbolo del sentimiento antilatino. Para ellos, el estado utilizaba el racismo contra los mexicoamericanos para sembrar divisiones políticas. El tema fue aún más controvertido porque ocurrió el mismo año que la ampliamente criticada ley SB 1070, que requería que la policía determinara el estatus migratorio de los arrestados o detenidos cuando había “sospechas razonables”, de que no tenían autorización para estar en los EE.UU.

La orden le sigue a un fallo de Tashima, en agosto pasado, que consideró que la ley era inconstitucional y tenía trasfondos raciales. El magistrado no emitió una orden judicial contra ella hasta el pasado miércoles.

En agosto, Tashima había considerado que la disposición violaba la cláusula de igual protección constitucional al discriminar a los latinos y violar el derecho de la Primera Enmienda de los estudiantes a recibir información e ideas.

Tashima criticó a John Huppenthal y Tom Horne, exsuperintendentes de instrucción pública del estado de Arizona, que habían presionado para aprobar la prohibición. “Los acusados perseguían estos fines discriminatorios para obtener ganancias políticas”, escribió el juez.

“Horne y Huppenthal señalaron reiteradamente sus esfuerzos en contra del programa [de Estudios Mexicoamericanos] en sus respectivas campañas políticas de 2011, incluso en discursos y anuncios de radio. El tema fue un beneficio político para los candidatos”.

Traducción: Diana Cervantes

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