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Se avecina la hora de la verdad entre el LAUSD y las escuelas charter

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Los funcionarios del distrito escolar de Los Ángeles planean recomendar en la próxima reunión de la junta escolar el cierre de 10 escuelas charter que se niegan a cumplir con las reglas del LAUSD.

El distrito confirmó las recomendaciones el jueves último.

Los líderes de las charter, que afirman se están enfrentando a regulaciones que consideran demasiado pesadas, no darán marcha atrás y dejarán que los miembros de la junta decidan el destino de sus escuelas el martes próximo.

La reunión podría ser beneficiosa para ellos, porque la mayoría actual de la junta fue elegida con un gran apoyo financiero de los patrocinadores de estas escuelas.

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El futuro de otras seis charter también está en riesgo por las mismas cuestiones. En total, nunca ha habido tantas charter en Los Ángeles que enfrenten un posible cierre al mismo tiempo, y ciertamente nunca por conflictos que instigaron.
Si las charter no prevalecen, de todas formas podrían apelar cualquier denegación ante las juntas educativas del condado o del estado.
Tanto el distrito como los operadores de estas escuelas autónomas afirman estar velando por los estudiantes. Un punto clave de discusión es la autoridad del inspector general del distrito para realizar investigaciones de larga duración en estas entidades educativas. Los operadores desean limitar ese poder y sostienen que la ley estatal respalda tales límites.
También quieren más derechos legales para impugnar las decisiones del distrito y más contratos plurianuales para usar los campus del distrito. La ley estatal actual sólo requiere acuerdos de un año.
En términos más generales, afirman que sus escuelas sufren por tener que navegar por las políticas del distrito, que cambian con frecuencia, a menudo parecen arbitrarias y se aplican de manera incoherente.
Tener menos reglas, dicen, estaría en consonancia con la ley estatal y la idea de que las charter deberían estar menos agobiadas por la burocracia y, por lo tanto, liberadas para abordar la educación de manera más creativa y eficiente.
Las cinco redes de charter que se oponen a estas normas “están absolutamente comprometidas a hacer mejoras a las políticas, que sean razonables, directas y para el bien superior de los alumnos”, aseguró Cassy Horton, directora general de la Asociación de Escuelas Charter de California.
Los funcionarios del distrito elogian al inspector general por erradicar la actividad delictiva en algunas charter y también por identificar las prácticas deficientes, que luego pueden mejorarse. El trabajo del inspector general y la aplicación de las normas de sentido común, señalan, son esenciales para la responsabilidad financiera y académica, de acuerdo con el LAUSD.
Ambas partes se han comprometido, pero no lo suficiente, para resolver la disputa.
La división de escuelas charter del distrito recomendó negar la renovación de la autorización a ocho campus de Alliance College-Ready Public Schools y a dos de Magnolia Public Schools. Seis escuelas KIPP (Knowledge is Power Program) podrían ser reautorizadas con la condición de que demuestren el cumplimiento de las normas del distrito en el futuro cercano. Los administradores de KIPP no aceptaron dicha condición.
Tres propuestas de otras charter -de KIPP, Equitas Academy Charter Schools y STEM Preparatory Schools- que esperan inaugurar en el futuro, también están en riesgo en esta disputa.
La votación de la junta sobre las recomendaciones podría ser la más definitoria e importante hasta la fecha. En julio tomó el control del organismo la nueva mayoría, apoyada por las charter.
Los operadores de estas escuelas sintieron entonces que era el momento adecuado para presionar por el logro de los cambios que consideran deberían haberse producido hace mucho tiempo. “Seguimos albergando la esperanza de que la Junta del LAUSD haga lo correcto para los estudiantes, este 7 de noviembre”, señalaron en un comunicado los líderes de las cinco redes charter.
Estas escuelas son administradas de forma privada, financiadas con fondos públicos y están exentas, bajo la ley estatal, de algunas -no todas- de las reglas que se aplican a las escuelas tradicionales. El LAUSD ha impuesto sus propios reglamentos, al igual que otros distritos.
Los funcionarios del LAUSD remarcan que desarrollaron sus reglas y políticas para las charter con más de dos décadas de experiencia, y que su enfoque ha convertido al sistema escolar en un modelo nacional para la supervisión de éstas. Las normas, argumentan, han ayudado a que muchas charter sean exitosas y públicamente responsables a la vez. Con 224 charter independientes, el distrito es el mayor autorizador de estas entidades en California.
“Hemos aprendido muchas lecciones con nuestras escuelas”, afirmó José Cole-Gutiérrez, director de la división de charter. “Intentamos que este aprendizaje sea útil, no queremos socavar con él ninguna autonomía”.
La mayoría de la junta podría ponerse de lado de las charter y anular la recomendación del personal, pero tal medida, que podría considerarse como una reducción de la supervisión, podría atraer problemas políticos si Ref Rodríguez es el voto decisivo.
Rodríguez enfrenta cargos criminales por lavado de dinero político. Además, Partnerships to Uplift Communities(PUC, por sus siglas en inglés), la red de escuelas charter que el funcionario cofundó, informó recientemente posibles conflictos de intereses que involucran a Rodríguez con pagos por un valor de $285,000 dólares, que supuestamente autorizó mientras era un alto ejecutivo de PUC.
Rodríguez, quien ha negado cualquier irregularidad, dejó su puesto en PUC Schools cuando se unió a la junta escolar de los Ángeles, en julio de 2015.
En total, 28 charter existentes solicitan renovación, y cuatro nuevas buscarán autorización para su establecimiento. Dos recomendaciones negativas, para una de las charter propuestas y para el North Valley Military Institute, se basarán en factores distintos a la disputa sobre las reglas del distrito.

Traducción: Diana Cervantes

Para leer este artículo en inglés, haga clic aquí

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