Rodríguez se niega a tomar una licencia, aunque sus tres aliados en la Junta Escolar lo proponen
Los aliados más cercanos de Ref Rodríguez en la Junta Escolar de Los Ángeles lo llamaron el martes para pedirle que se haga a un lado hasta que resuelva su caso criminal y otros problemas legales.
Rodríguez se negó rotundamente a ello y lo dio a conocer en un comunicado que publicó a través de las redes sociales.
Los tres miembros de la junta hicieron la solicitud el día en que Rodríguez compareció ante el tribunal, y se declaró inocente de los delitos graves y menores por supuesto lavado de dinero en su campaña.
Su declaración conjunta fue un desarrollo deslumbrante, dado lo que estaba en juego. Ellos y Rodríguez ahora esencialmente controlan la Junta Escolar, con una mayoría de 4-3. Todos los miembros fueron elegidos con un apoyo financiero sustancial de los partidarios de las escuelas charter. La pérdida de esta mayoría podría estancar los objetivos de los defensores de estas escuelas.
Pero la presencia continua de Rodríguez en la Junta, mientras enfrenta cargos criminales, conlleva un conjunto de peligros, particularmente cuando se trata de la reputación del grupo.
Rodríguez indicó desde el principio que planeaba permanecer en su puesto a medida que avanza su caso penal. Antes del martes, los otros miembros habían mantenido públicamente una actitud de espera mientras veían qué sucedía, y se preguntaban sobre los conflictos de intereses.
Este martes emitieron su declaración alrededor de la 1 p.m., justo cuando se reunían para una sesión de estudio.
“Nadie debe ser juzgado en la prensa o el tribunal de la opinión pública sin una audiencia justa”, afirmaron los miembros Mónica García, Nick Melvoin y Kelly Gonez, sobre las acusaciones de que Rodríguez reembolsó ilegalmente a 25 donantes de su campaña de 2015. “Pero para seguir avanzando hacia nuestra meta de graduación al 100% le hemos pedido al Dr. Rodríguez que tome un permiso de ausencia de la Junta”.
Rodríguez no habló con los periodistas durante su comparecencia ante el tribunal. En la reunión posterior de la Junta Escolar, lucía entero y comprometido.
El funcionario hizo su declaración unas dos horas después de que sus colegas efectuaran las suyas, mientras la sesión de la Junta todavía estaba en progreso.
“Hoy temprano, tres miembros de la Junta Escolar del LAUSD me solicitaron que tome un permiso de ausencia. No lo voy a hacer”, escribió. “He dedicado mi vida a brindar mejores oportunidades educativas a todos los estudiantes en nuestras comunidades. He trabajado con padres, miembros de la comunidad y alumnos para derribar las barreras que se interponen al éxito, y juntos hemos demostrado que la toma de decisiones de base está viva y en buen estado”.
Rodríguez sabía lo que plantearían sus colegas, advirtió la jefa de Gabinete de Melvoin, Sarah Angel.
Alrededor del mediodía del lunes, García y Melvoin visitaron a Rodríguez en su oficina, en la sede del distrito, y le suplicaron que tomara una licencia, precisó Angel. También le informaron que estaban preparados para hacer pública la petición.
“No estoy de acuerdo con su decisión”, afirmó Melvoin en una declaración el martes por la tarde. “Por supuesto, continuaré enfocándome en hacer avanzar al distrito y poner a los niños primero”.
El trío, en cierto modo, terminó con una doble victoria. Los miembros de la Junta pudieron tomar una posición pública fuerte acerca de un manejo transparente, mientras conservan su mayoría de cuatro votos.
La disputa pública pone al Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD) en territorio desconocido. En los registros del distrito, que datan de 1935, no se encontró ninguna instancia previa de un miembro de la Junta que haya tomado una licencia.
Los administradores superiores del distrito intentaban determinar cómo procederían en tal escenario.
El consejero general del LAUSD, David Holmquist, destacó que la Junta no tiene autoridad para obligar a Rodríguez a tomar una licencia.
“Se trata de una reprimenda más amable que pedirle que renuncie”, dijo por su parte Charles Kerchner, profesor emérito de Claremont Graduate University, sobre la declaración de los miembros de la Junta. “Pero una licencia, es algo extraño. No sé cómo funciona un permiso de ausencia de un organismo público. Eres miembro de la Junta o no lo eres”.
En el caso por el lavado de dinero, Rodríguez, de 46 años, está acusado de tres cargos por delitos graves y 25 delitos menores. Si es declarado culpable, puede enfrentar hasta cuatro años y cuatro meses de cárcel.
Los fiscales lo acusan de haber otorgado $24,250 a su propia campaña mientras hacía creer ilegalmente que las donaciones provenían de más de dos docenas de amigos y familiares, incluidos 13 de ellos que trabajaban para la organización de su escuela charter.
Las donaciones se hicieron a nombre de estas personas, y los fiscales señalan que usó su propio dinero para devolverlas. El funcionario se enfrenta a cargos graves de conspiración, perjurio y aprovisionamiento, y ofrecer un instrumento falso o falsificado, así como el recuento de delitos menores, uno por cada uno de los 25 donantes a los que se acusa de haber reembolsado ilegalmente.
Los cargos surgieron de una investigación de la Comisión de Ética de la Ciudad de Los Ángeles.
También el martes por la mañana se presentó en el juzgado penal del centro de Los Ángeles la prima de Rodríguez, Elizabeth Tinajero Meléndrez, de 45 años, quien está acusada de ayudar a su familiar. Tinajero también se declaró inocente.
La presencia de Rodríguez en el tribunal coincidió con el comienzo de una reunión a puerta cerrada de la Junta Escolar a las 10 a.m., que incluyó una sesión informativa del inspector general del sistema escolar.
Esa sesión informativa probablemente buscaba tratar el problema que surgió para Rodríguez la semana pasada. La red de escuelas charter cofundadas por el funcionario alegó que Rodríguez incurrió en un posible conflicto de intereses cuando autorizó $285,000 en pagos, en 2014, un año antes de unirse a la Junta Escolar.
La mayor parte de ese dinero pasó de la agrupación charter Partnerships to Uplift Communities (PUC Schools) a una organización sin fines de lucro que el funcionario administraba, Partners to Develop Futures, creada para desarrollar escuelas autónomas dirigidas por minorías y capacitar a educadores de minorías para funciones de liderazgo.
El abogado que representa a PUC Schools afirmó que hasta ahora ha encontrado poca o ninguna evidencia de que la red de escuelas charter haya recibido un beneficio por estos pagos.
PUC alertó al LAUSD, que tiene responsabilidades de supervisión para con las charter, y presentó una queja por conflicto de intereses ante la Comisión de Prácticas Políticas Justas del estado (FPPC, por sus siglas en inglés). La entidad afirmó que no considerará el inicio de una investigación hasta que se resuelva el caso criminal.
Por otra parte, la superintendente Michelle King anunció en un correo electrónico el martes que su permiso médico se se extendería hasta fin de año. Su último día en la oficina fue el 15 de septiembre pasado.
King había proyectado su regreso antes del 1º de noviembre. Ni ella ni el distrito han dado a conocer detalles sobre sus problemas médicos.
Traducción: Diana Cervantes
