Regentes de la UC amonestaron a la presidenta Janet Napolitano por aprobar la interferencia en la auditoría estatal

Regentes de la UC amonestaron a Janet Napolitano, presidenta de UC

La reunión de regentes de la Universidad de California amonestó el jueves pasado a la presidenta de la UC, Janet Napolitano, por aceptar un plan que dio lugar a interferencias en una auditoría estatal sobre el funcionamiento de su oficina.

Su aprobación de un plan en el que sus principales colaboradores veían las respuestas confidenciales de los administradores del campus a una encuesta “reflejó su mal juicio y puso en marcha un curso de conducta que la Junta de Regentes considera inaceptable”, aseguró el presidente del directorio, George Kieffer, en un comunicado, después de que los regentes se reunieran a puertas cerradas durante casi cinco horas.

Sin embargo, los funcionarios aceptaron rápida y unánimemente apoyar la continuidad del liderazgo de Napolitano, manifestó Kieffer después de la reunión.

Los regentes solicitaron a Napolitano que reconozca su responsabilidad y se disculpe, lo cual hizo en una propia declaración, después de que Kieffer leyera la suya. Más tarde, la presidenta reiteró que “exhibió un juicio deficiente al aprobar un enfoque desacertado” para la encuesta de la auditora estatal y que “lamenta profundamente este error”.

Los regentes, reunidos en San Francisco, respondían a una investigación independiente que descubrió que los principales colaboradores de Napolitano habían intentado suprimir las críticas de los campus a la oficina central en encuestas confidenciales de la auditora estatal, Elaine Howle.

Napolitano aprobó un plan para revisar los sondeos acerca de la gestión y servicios de su oficina, antes de que fueran devueltos a la auditora.

Después de que Howle declaró públicamente que la oficina de Napolitano interfirió indebidamente, los regentes comisionaron la investigación por al exjuez estatal de la Corte Suprema Carlos Moreno y el bufete de abogados Hueston Hennigan. La investigación encontró que el jefe de personal de Napolitano, Seth Grossman, y el subjefe, Bernie Jones, habían preseleccionado las respuestas de los campus “con el propósito específico de dar forma a la encuesta para que sea menos crítica de “la oficina de la presidenta de la UC”.

En una conferencia telefónica con los administradores de los campus, los colaboradores dijeron que las encuestas “no eran la hora y el lugar para ventilar la ropa sucia”, y también trataron de ocultar su interferencia ante la auditora, determinó la investigación.

Aunque Napolitano sabía sobre el plan para revisar las respuestas, los investigadores consideran que no hay “evidencia suficiente para concluir que ella estaba al tanto de la conducta [de los colaboradores] en la focalización intencional y sistemática de  las respuestas desfavorables”.

Aunque los regentes apoyaron el liderazgo continuo de Napolitano, a puertas cerradas discreparon bruscamente sobre las medidas disciplinarias. El regente John A. Pérez y el vicegobernador Gavin Newsom, regente ex officio, dijeron que creían que las acciones tomadas el jueves (la amonestación de la junta, la disculpa de Napolitano y las declaraciones de que Grossman y Jones deberían haber sido seriamente disciplinados) eran insuficientes. Las reprimendas de Grossman y Jones fueron irrelevantes, coincidió la mayoría de la junta, ya que ambos hombres renunciaron la semana pasada.

“Me sentí indignado”, expresó Pérez sobre la interferencia, que según él interfirió con la capacidad de la auditora, la Legislatura y el público de obtener respuestas a dudas sobre la efectividad del funcionamiento y los servicios de la oficina de la presidenta. También aseveró que los regentes deberían haber dedicado más tiempo a explorar una gama más amplia de acciones para disciplinar a los involucrados y evitar problemas similares en el futuro. De todos modos, elogió la sinceridad de Napolitano en disculparse y estar dispuesta a asumir la responsabilidad. “La aplaudo por dar un primer paso muy importante y difícil”, dijo.

Newsom consideró a través de un portavoz que quería ver una acción disciplinaria más fuerte contra Napolitano. “Sintió que la amonestación era insignificante y que había una falta de responsabilidad”, afirmó su portavoz, Rhys Williams. “No es un real desincentivo para que esto no vuelva a ocurrir”.

El desacuerdo fue una de las razones por las cuales la reunión a puerta cerrada tomó casi cinco horas. Los regentes escucharon primero sobre el proceso de investigación de Kieffer y otros miembros del grupo de trabajo de la junta sobre el tema. Luego, Moreno y los abogados de Hueston Hennigan explicaron sus hallazgos y respondieron preguntas.

Después, Napolitano salió de la habitación mientras los regentes discutían las posibles acciones disciplinarias. Los regentes también consideraron tomar medidas contra el consejero general de la UC, Charles Robinson, quien dio la aprobación legal para el plan de vista previa de la encuesta, pero finalmente decidieron no hacerlo.

Napolitano se había disculpado anteriormente por el plan, alegando que su intención era asegurarse de que la información enviada a la auditora fuera precisa. La relación de su oficina con Howle ha sido “tóxica”, les dijo a los investigadores, como resultado de una auditoría anterior, realizada el año pasado, que acusó a la UC de perjudicar a los estudiantes de California al aceptar demasiados solicitantes de otros estados. Napolitano denunció esa auditoría como “injusta e injustificada”.

Pero los regentes señalaron el jueves que estaban preocupados de que nadie haya podido detener el plan para revisar las encuestas, y subrayaron la necesidad de que la cultura de la oficina de la presidenta sea más abierta y colaborativa. En comentarios posteriores a la reunión, Napolitano afirmó desconocer que su oficina era percibida como un organismo controlador y de mano dura, pero que quería trabajar para cambiar esas percepciones. “Todo este episodio ha despertado mucha reflexión de mi parte”, aseguró. “Si algunos sienten que están siendo microgestionados (por parte de su oficina), necesito saberlo. Estos comprometida con abrir líneas de comunicación”.

Grossman y Jones aseveraron a The Times que no hicieron nada impropio, pero reconocieron ante los investigadores que tomaron una “mala decisión y cometieron un error de juicio”, según el informe. Grossman aclaró todas sus acciones con los abogados de la universidad y los auditores internos, agregó.

Los regentes habían planeado votar el jueves sobre las posibles medidas correctivas, incluyendo una nueva política para impedir que los empleados de la UC intenten “obstruir, interferir o de alguna manera coordinar las solicitudes de información con respecto a cualquier auditoría estatal”. Pero se les acabó el tiempo y finalmente no lo hicieron.

Kieffer aseguró que retomarán el tema en la reunión de enero. “Hay una serie de reformas que sucederán”, dijo, y agregó que los regentes tienen la intención de intensificar la supervisión de la oficina de la presidenta.

Una nueva ley aprobada por la Legislatura, que entrará en vigor el 1º de enero, volverá un delito pecuniario interferir con los auditores.

La auditoría que Howle publicó en abril sobre la oficina de la presidenta detectó que pagaba salarios y beneficios excesivos a sus principales ejecutivos y que no había dado a conocer a la Junta de Regentes de la UC, la Legislatura y al público la existencia de $175 millones de dólares en fondos de reserva presupuestaria. El informe incluyó 33 recomendaciones sobre cómo mejorar la responsabilidad financiera, que los funcionarios de la UC han aceptado y están implementando.

Traducción: Diana Cervantes

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