La reforma fiscal republicana eliminaría la opción de deducir de los impuestos los intereses de los préstamos estudiantiles

La reforma fiscal republicana eliminaría la opción de deducir los intereses de los préstamos estudiantiles

La deducción fiscal por los intereses de los préstamos estudiantiles se eliminaría como parte de los amplios cambios fiscales propuestos por los republicanos de la Cámara el pasado jueves.

Las modificaciones también requerirían la aplicación de un impuesto del 1.4% sobre los ingresos de inversión obtenidos por los colegios y universidades privadas que tienen donaciones considerables, entre las cuales estaría la USC. Este impuesto no se aplicaría a las entidades educativas estatales.

Más de 12 millones de estadounidenses dedujeron intereses de los préstamos estudiantiles en sus declaraciones de impuestos en 2015, los datos más recientes disponibles en el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Conforme las normas actuales, los prestatarios cada año pueden deducir hasta $2,500 de intereses pagados en los préstamos estudiantiles privados y federales elegibles.

La retención se conoce como una deducción “por encima de la línea”, porque reduce la cantidad de ingresos sujetos a impuestos independientemente de si el contribuyente detalla sus deducciones o elige la deducción estándar en su declaración.

La deducción de intereses de préstamos estudiantiles está sujeta a límites de ingresos. Los solteros con un ingreso bruto ajustado modificado de $80,000 o más (y las parejas casadas que presentan una declaración conjunta con $160,000 o más) no pueden reclamarlo.

Se calcula que el monto promedio de interés deducido por los contribuyentes elegibles en 2015 fue de aproximadamente $1,100, lo cual ahorró unos $272 en impuestos para una persona en la categoría impositiva del 25%, detalló Mark Kantrowitz, editor de Cappex.com, un sitio web dedicado a la admisión universitaria y las ayudas financieras.

Jason Delisle, un investigador residente del American Enterprise Institute que sigue temas vinculados con la educación superior, tuiteó el jueves que el ahorro promedio para todos los contribuyentes que utilicen la deducción este año se estima en $202.

Si los prestatarios se enfrentan a una pérdida con esas cantidades depende de cada contribuyente, porque la ley Tax Cuts and Jobs Act (Ley de Recortes Fiscales y Trabajos) de los republicanos tiene otras propuestas -entre ellas una casi duplicación de la deducción estándar- que podrían compensar la deducción perdida con los ahorros impositivos en ciertas situaciones.

Por el contrario, la pérdida de la deducción del interés de los préstamos estudiantiles aumentaría los ingresos de los contribuyentes, lo cual podría afectar su responsabilidad tributaria de otras maneras.

"Puede ocurrir, al menos durante los primeros años después de la graduación, que tengan una reducción neta en su declaración de impuestos”, precisó Kantrowitz. “Ya sea que se trate de una desventaja o un beneficio, es difícil de decir sin tener el caso completo” de cada individuo, agregó.

El plan de la Cámara no le sentó bien a Zachary Harrison, de 26 años, quien se graduó con un diploma en telecomunicaciones de la Universidad Estatal Ball en 2013, con $85,000 dólares en deuda estudiantil. Harrison dedujo $2,246 en intereses en su declaración de impuestos federales el año pasado.

“Por empezar, obtenemos algo tan minúsculo [en ahorro de impuestos] en comparación con la deuda total, y ahora quieren quitar eso. ¿Por qué?”, se preguntó el joven, quien ahora trabaja en postproducción en Hollywood. A su criterio, si el objetivo de la administración de Trump “se trata especialmente de la reducción de impuestos, entonces ¿por qué no mantener eso?”.

En su resumen del plan fiscal, los republicanos de la Cámara rechazaron la noción de que eliminar la deducción y otros ahorros fiscales en educación haría más difíciles a los estadounidenses pagar por su educación. En cambio, señalaron que el plan general “facilita a las familias el uso de beneficios fiscales para el costo” de ésta.

Pero John Walda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directivos de Negocios de las Universitarias (NACUBO, por sus siglas en inglés), expresó en un comunicado que derogar la deducción de los intereses de préstamos estudiantiles es una de varias razones por las que su grupo comercial “tiene serias preocupaciones con varias disposiciones” de la reforma fiscal.

“Los estudiantes a tiempo parcial que toman clases para adquirir nuevas habilidades laborales ya no podrán reclamar un crédito tributario para la educación”, afirmó.

Walda también se opuso al impuesto especial propuesto sobre las dotaciones universitarias, y sostuvo que “dará como resultado menos dólares disponibles para becas, servicios estudiantiles, investigación y gastos de funcionamiento de universidades y colegios”.

Ese impuesto se aplicaría a los ingresos netos de inversión de las donaciones a escuelas privadas de al menos $100,000 por estudiante a tiempo completo.

La dotación de la USC tenía activos por $4,600 millones en su año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2016, de acuerdo con el informe financiero más reciente de la institución. Pero la dotación tuvo un pobre desempeño ese año, y sus activos cayeron un 2.1%, por lo tanto, al menos para ese período, el impuesto habría sido un punto discutible.
Durante la última década, la dotación de la USC ha ganado un 5.5% anualmente, señaló el informe.

“Imponer un impuesto especial a las donaciones realizadas a las universidades privadas sin fines de lucro es una medida miope, que sólo perjudicará a los estudiantes y sus familias, simplemente para financiar el costo de la reforma fiscal”, aseguró James Staten, vicepresidente sénior y director financiero de la USC, en una declaración.

“Las dotaciones respaldan la ayuda estudiantil, los servicios estudiantiles, el financiamiento para la instrucción, la investigación, los laboratorios, las bibliotecas y mucho más”.

Ted Mitchell, presidente del Consejo Estadounidense de Educación, un grupo de defensa de la educación superior, destacó que el plan de la Cámara en general “desalentaría la participación en la educación postsecundaria”, haría que la universidad “sea más cara para aquellos que se inscriben” y “socavaría la estabilidad financiera” de estas instituciones educativas.

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