¿Qué significa ser un ‘campus santuario’? Dos presidentes universitarios lo explican
En un panel animado que se llevó a cabo el pasado viernes en Pitzer College, líderes de educación y especialistas en cuestiones raciales, de inmigración y derechos civiles se reunieron ante decenas de estudiantes y profesores para discutir el futuro de la educación de las artes liberales en el actual clima político.
“Tenemos la obligación de crear un espacio seguro, pero tendremos diferencias de opinión. Hay donantes que han amenazado con retirar sus recursos porque estamos ‘infringiendo la ley’, lo cual no es así”, afirmó Melvin Oliver, el nuevo presidente de Pitzer, quien en noviembre pasado se convirtió en uno de los primeros en declarar la universidad como santuario. “Así que, ésta es la situación en la cual nos encontramos... Tendremos que tomar posturas serias, que nos podrían costar caro”.
Oliver remarcó que, en los días posteriores a la elección de Donald Trump como presidente, se enfrentó a “todas las limitaciones legales” de lo que significa ser una universidad santuario.
El funcionario y sus compañeros panelistas dialogaron sobre cómo las instituciones educativas podrían apoyar a los estudiantes más vulnerables al establecer centros DREAM, desarrollando políticas concretas con la policía del campus sobre cómo interactuar con los agentes de inmigración, proporcionando ayuda financiera de verano y creando un programa de naturalización para los residentes autorizados que son empleados del campus. “Cuando estás naturalizado, puedes defender mejor a los miembros de tu familia, así como ejercer tu voz en la plaza política”, aseguró Manuel Pastor, un panelista y director del Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes, de USC.
El presidente de Reed College, John Kroger, quien días después de las elecciones de noviembre declaró a su campus como santuario, agregó que “como uno de nuestros principios oficiales, no nos involucramos en la política. Esto siempre fue considerado la clave de la libertad académica... Pero siempre hemos tenido como excepción dedicarnos a los temas que afectan directamente la posibilidad de lograr nuestra misión”.
Kroger, quien fue fiscal general de Oregon antes de tomar el mando en Reed, añadió que en sus primeros cinco años como presidente universitario nunca necesitó involucrarse en la política. “Y ahora, esto sucede una vez a la semana”, expuso. “Porque hablamos de cosas como las políticas de inmigración, que están restringiendo de dónde provienen nuestros estudiantes, de dónde contratamos a los académicos, la posibilidad de nuestros estudiantes internacionales de ir a casa durante las vacaciones… Ellos simplemente no pueden hacerlo porque no están seguros de que podrán regresar. Hay recortes directos a los fondos que mantienen abiertos nuestros laboratorios de investigación… Vamos a tener que comprometernos en estas cuestiones”.
Estas declaraciones se producen en sintonía con la carta abierta que más de 600 presidentes de universidades y colegios en todo el país han firmado, dirigida a los líderes del país, donde presionan por el apoyo y la expansión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa creado por la administración Obama que aplaza el proceso de deportación contra algunos jóvenes que fueron traídos sin autorización al país siendo menores de edad, pero permanecieron en la escuela y alejados de cualquier problema.
Los líderes de los tres sistemas de educación superior pública de California también han declarado públicamente su compromiso con las decenas de miles de estudiantes amparados por DACA que han acudido a UC, Cal State y los colegios comunitarios de California para obtener una oportunidad en la educación superior.
A Oliver, Kroger y Pastor se les unió también Lawrence Bobo, presidente del Departamento de Estudios Africanos y Afroamericanos de la Universidad de Harvard, y Cheryl Harris, profesora de derechos y libertades civiles de la facultad de derecho de UCLA.
Traducción: Diana Cervantes
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