Los recortes de Trump en educación no son “devastadores”, son inteligentes

Es el fin del mundo tal como lo conocemos; al menos eso es lo que algunas personas nos quieren hacer creer sobre el presupuesto educativo del presidente Trump.

Es “un golpe devastador para el sistema de educación pública del país”, según el director ejecutivo de la National School Boards Association, Thomas Gentzel. Más bien como una “bola de demolición”, señala Lily Eskelsen García, presidenta del sindicato de maestros National Education Association. No, es un verdadero “ataque al sueño americano”, insiste John B. King Jr., quien fuera secretario de Educación del expresidente Obama.

Tal exageración recuerda los principios de la década de 1980, cuando los oponentes del presidente Reagan luchaban contra los recortes de educación de su administración, y es hoy tan inexacto como lo era en ese entonces.

Trump quiere reducir el presupuesto discrecional del Departamento de Educación de los Estados Unidos en $9,200 millones, de un total de $68,300 millones a $59,100 millones. Cerca de dos tercios de esa reducción (un 63%) proviene de la eliminación de programas duplicados o que simplemente no funcionan.

El gobierno propone una reducción del 10% en los programas TRIO y un recorte de casi un tercio en los programas GEAR UP. Se supone que GEAR UP y TRIO (que, a pesar de su nombre, se compone de nueve iniciativas) ayudan a los estudiantes en riesgo que esperan ir a la universidad, pero que quizás no lo logren.

A instancia del Departamento de Educación, el Mathematica Policy Research Group estudió un programa TRIO y encontró debilidades, que fueron informadas por primera vez en 2004. El reporte final “no encontró efectos constatables” en los resultados relacionados con la universidad, incluyendo la inscripción y finalización de licenciaturas o tecnicaturas. En un llamativo reconocimiento de que estos programas no resisten un escrutinio, los cabilderos lograron que el Congreso prohibiera al Departamento de Educación establecer evaluaciones de grupos de control para TRIO y GEAR UP.

Otro signo de disfunción es que, a pesar de una demostrable falta de éxito, las subvenciones para ejecutar TRIO y GEAR UP casi siempre se renuevan. Por ejemplo, en California, el 82% de los que recibieron subvenciones en 2006 para administrar este programa TRIO “sin efectos constatables” todavía tenían esas subvenciones una década más tarde.

Los programas K-12 propuestos para eliminación en el presupuesto de Trump son igualmente ineficaces.

En 1994, la administración de Clinton comenzó el programa de Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI, que prometía proporcionar a los niños desfavorecidos educación extracurricular después de la escuela para mejorar su rendimiento académico. Casi $18 mil millones gastados en ello y más de dos décadas después, hay escasa evidencia de éxito. “Es un programa extracurricular de $1,200 millones que no funciona”, según Mark Dynarski, del Instituto Brookings. Él debería saber de que habla.

Dynarski trabajó en el Departamento de Educación de los Estados Unidos durante la administración Clinton y dirigió la evaluación nacional de los Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI mientras era investigador en el grupo Mathematica Policy Research. Las tres evaluaciones publicadas entre 2003 y 2005 concluyeron que el rendimiento de los alumnos participantes fue prácticamente el mismo, pero su comportamiento empeoró en comparación con sus compañeros que no participaban del programa.

Otra iniciativa merecidamente sometida a un recorte es School Improvement Grant (SIG). Promulgada en 2001 como parte de la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás, del presidente George W. Bush, este programa otorgó a las escuelas de bajo rendimiento dinero para mejorar y aumentar el rendimiento de los estudiantes. Resultó que el programa SIG era mucho más dinero que beneficios.

El financiamiento total de SIG durante la administración Bush fue de menos de $126 millones. Las asignaciones anuales regulares se dispararon durante la presidencia de Obama, partiendo de los $526 millones, y se mantuvieron cerca o arriba de los $500 millones de dólares a lo largo de su mandato, totalizando más de $7 mil millones hasta la fecha, con una inyección única de $3 mil millones en fondos de la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos.

La administración de Obama reveló públicamente el fracaso colosal del programa SIG el 18 de enero de 2017, solo unas horas antes de que los funcionarios de esa administración partieran. De acuerdo con la evaluación final del American Institutes for Research y del Mathematica Policy Research para el Departamento de Educación, SIG “no tuvo un impacto significativo” en los logros de matemáticas y lectura, la graduación de la preparatoria o la matriculación universitaria entre los subgrupos de estudiantes y escuelas.

Acerca de la evaluación, Andrew R. Smarick, exsubsecretario adjunto de Educación de Estados Unidos, calificó a SIG como “el mayor fracaso en la historia del Departamento de Educación de los Estados Unidos”. Se gastaron $7 mil millones de dólares en dinero de los contribuyentes, y los resultados fueron los mismos; tal como lo expresó Smarick: “fue como si este programa nunca hubiera existido”.

Reducir los costosos e ineficaces programas gubernamentales no es el fin del mundo. Es parte de “[nuestro] deber moral... hacer que nuestro gobierno sea más ágil y más responsable”, declaró Trump durante una reunión de presupuesto este mes. Su esfuerzo presupuestario para reducir el despilfarro incluye al Departamento de Educación, y por una buena razón.

Williamson M. Evers es investigador en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford y exsubsecretario adjunto de Educación de Estados Unidos para planificación, evaluación y desarrollo de políticas. Vicki E. Alger es investigadora en el Independent Institute. Evers fue el líder y Alger fue miembro de la revisión de la agencia de transición de Trump para el Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Traducción: Diana Cervantes

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