Los colaboradores de la presidenta de la UC, Janet Napolitano, interfirieron en la auditoría a su oficina

Los colaboradores de la presidenta de la UC, Janet Napolitano, interfirieron en la auditoría a su oficina

Los principales colaboradores de la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, interfirieron con una auditoría estatal sobre las finanzas de su oficina al suprimir las críticas de los campus acerca de sus servicios y manejo, halló una investigación ordenada por la Junta de Regentes de la UC.

Napolitano aprobó un plan que ordenaba a los campus a presentar las respuestas a cuestionarios confidenciales para ser revisados por el rector de cada colegio y sus colaboradores, antes de devolverlos al auditor estatal, según el informe de investigación obtenido por The Times. Esos pasos y otros “constituyeron una interferencia”, señaló la investigación.

“Con base en la revisión anterior, concluimos que miembros de la oficina ejecutiva de la presidenta sí interfirieron con las encuestas”, afirmó el informe del exjuez estatal de la Corte Suprema Carlos Moreno, y el bufete de abogados Hueston Hennigan. El documento agregó: “Concluimos, además, que dos miembros del personal de la presidenta llevaron a cabo estas acciones con el propósito específico de dar forma a las respuestas para ser menos críticas” con la oficina de la presidencia de la UC.

Aunque Napolitano sabía sobre el plan para revisar las respuestas de la encuesta, los investigadores afirmaron que no había “evidencia suficiente para concluir que ella estaba al tanto de la conducta [de los colaboradores] en la focalización intencional y sistemática de las respuestas desfavorables”.

El jefe de personal de Napolitano, Seth Grossman, y el subjefe, Bernie Jones, renunciaron la semana pasada. Ambos dijeron a los investigadores que el plan para revisar las respuestas fue una “mala decisión y un error de juicio”.

Napolitano declaró a los investigadores que lamentó aprobar el plan y que no tenía la intención de interferir con las encuestas, sino que quería asegurarse de que las respuestas de los planteles estuvieran dentro del alcance de la auditoría y reflejaran con precisión las opiniones de los rectores. “Dijo que lamenta la acusación de interferencia porque esa no era la intención y le resta valor al hecho de que [la oficina de la presidenta de UC] aceptó todas las recomendaciones de la auditora estatal en su informe y modificó sus procedimientos”, señaló además el informe.

La auditora estatal, Elaine Howle, no incluyó los resultados de la encuesta en la auditoría porque determinó que estaban contaminados. Este informe, publicado en abril, determinó que la oficina de Napolitano pagaba salarios y beneficios excesivos a sus principales ejecutivos y no había divulgado a la Junta de Regentes de la UC, la Legislatura y al público la existencia de $175 millones en fondos de reserva presupuestaria que podrían haber ayudado a evitar un aumento de matrícula del 2.5% este otoño.

Grossman señaló a través de un portavoz que no había hecho nada malo y había aclarado su conducta con los abogados de la universidad y los auditores internos. Su vocero afirmó que el funcionario renunciaba para aceptar un empleo en Washington como jefe de personal y asesor de la presidenta de American University, Sylvia M. Burwell.

Jones le dijo a The Times en abril pasado que las acusaciones de interferencia no tenían fundamento. La semana pasada, no respondió a un correo electrónico donde se le preguntaba si había renunciado a causa de la investigación.

Los funcionarios de algunos de los 10 campus encuestados dijeron a los investigadores que Grossman y Jones los habían instruido en una conferencia telefónica que no debían “ventilar la ropa sucia” y sugirieron hacer revisiones a las respuestas negativas. Los dos colaboradores afirmaron después que no recordaban haber hecho ese comentario.

Grossman y Jones buscaron ocultar sus esfuerzos ante la auditora, determinó la investigación. Grossman envió un mensaje de texto a Jones para mantener las comunicaciones “fuera del correo electrónico”. Más tarde le envió otro donde decía: “No quiero que haya nada en el correo electrónico que pueda ser problemático si vuelve a manos del auditor”, de acuerdo con el informe.

La interferencia “era probable que enfriara las respuestas de los campus ante el auditor estatal, y en al menos un caso lo hizo”, concluyó la investigación.

En una entrevista con los investigadores, Napolitano describió la relación con la oficina de la auditora estatal en el momento de la evaluación como “tóxica” debido a una auditoría previa negativa de las admisiones universitarias de los alumnos no residentes que los funcionarios de la universidad sintieron estaba plagar de imprecisiones.

Aunque el personal de Napolitano ejecutó el plan de revisión básico establecido por el abogado general de la universidad, no se le preguntó al letrado si la oficina podía modificar las respuestas de la encuesta para eliminar los comentarios negativos, encontró la investigación.

Los investigadores dijeron que el advertir a los rectores del campus de que sus respuestas a la encuesta serían revisadas por la oficina de la presidenta tuvo un efecto intimidatorio.

“Al adoptar dicho plan, [la oficina de la presidenta de la UC (UCOP por sus siglas en inglés)] notificó afirmativamente a cada rector de los campus que serían considerados responsables de cualquier declaración que criticara a la UCOP en las respuestas del sondeo”, precisó el informe.

“Numerosos testigos del campus, incluyendo al menos un rector, declararon que el conocimiento de que la UCOP revisaría sus respuestas los hizo contestar de forma diferente”, continuó.

El informe dejó al descubierto las tensiones entre la oficina de Napolitano y los rectores. Algunos de ellos, dijeron los funcionarios del campus, están irritados por lo que consideran un estilo administrativo verticalista y de mano dura por parte de Napolitano y Grossman, especialmente en el control de la información y el envío de mensajes al público. El expresidente de la UC Mark Yudof se caracterizaba por ser menos intrusivo en los asuntos de los campus.

El informe detalló numerosos testimonios de los esfuerzos de la oficina de la presidenta para controlar las respuestas de la encuesta, algunos de los cuales Napolitano y sus colaboradores negaron, o dijeron no recordar.

Un testigo de una reunión del 10 de noviembre de 2016 con Napolitano declaró a los investigadores que la presidenta de la UC estaba “muy molesta” por la conducta de los auditores. “Este testigo recuerda que la presidenta preguntó cómo la UCOP podría tener más ‘control’ sobre las encuestas”, señaló el informe, y agregó que Napolitano no recordaba haber hecho ese comentario.

Un rector informó a los investigadores que Napolitano dijo, en una cena del 15 de noviembre de 2016, que los funcionarios del campus no deberían ser demasiado negativos en las encuestas. Napolitano negó haber hecho ese comentario.

Después de que Jones marcara un comentario en un borrador de respuesta donde decía que un programa de la UCOP era ineficaz, el campus lo eliminó.

Un alto funcionario de la oficina del rector de la UCLA señaló que reescribieron una respuesta después de que Jones presuntamente dijera que las críticas negativas “podrían ser utilizadas políticamente para reducir el financiamiento” a la UCOP y los campus. Los comentarios fueron interpretados como “una total amenaza”, indicó el informe. Jones dijo a los investigadores que no recordaba haber hecho esa declaración.

El funcionario de la UCLA también alegó que Jones le advirtió que “la presidenta podría necesitar intervenir personalmente”, y agregó, “no nos gustaría que eso suceda”.

Cuando la oficina del canciller de UC Santa Cruz, George Blumenthal, envió la encuesta a los auditores sin que la oficina de la presidenta la revisara primero, el rector contó que Napolitano lo llamó y que estaba “furiosa”, y le dijo a Blumenthal que recuperara las respuestas de manos de los auditores.

Blumenthal indicó a los investigadores que modificaría la respuesta para abordar las preocupaciones planteadas por Jones. “Las actividades de la presidenta Napolitano en relación con las respuestas de la encuesta de UC Santa Cruz son la evidencia más sólida para concluir que la presidenta entendía que los miembros de su personal estaban resaltando y limpiando sistemáticamente los comentarios críticos de los campus”, destacó el informe.

Napolitano dijo a los investigadores que utilizó un “tono medido” con Blumenthal, y su preocupación era que la encuesta de su campus hubiera sido entregada sin la revisión del propio rector. Sin embargo, los investigadores encontraron que los comentarios que Napolitano supuestamente hizo a los funcionarios del campus afectaron las respuestas. “Una vez que sucedió eso, independientemente de la intención de la UCOP, el efecto ‘de enfriamiento’ en las respuestas de los campus era inevitable”, advirtió el informe.

Los regentes votarán el jueves sobre posibles acciones correctivas, incluyendo una propuesta para impedir que los empleados de la UC intenten “obstruir, interferir o de alguna manera coordinar las solicitudes de información con respecto a cualquier auditoría estatal”.

Una nueva ley aprobada por la Legislatura, que entrará en vigor el 1º de enero próximo, también convertirá el hecho de interferir con los auditores en una ofensa sujeta a multas.

La asambleísta Catharine Baker (R-Dublín), vicepresidenta del Comité de Educación Superior de la Asamblea, hizo un llamamiento a Napolitano para que renuncie, y consideró ‘atroz’ que la oficina de la presidenta manipule la encuesta.

George Kieffer, presidente de la junta de la UC, consideró “desafortunada” la filtración del reporte y dijo que no haría ningún comentario hasta que los regentes discutieran el tema, el jueves. Napolitano no estuvo disponible para hacer comentarios.

 

Traducción: Diana Cervantes

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