Alarma entre grupos de derechos civiles: el Departamento de Justicia pidió revisar las admisiones universitarias basadas en la raza

El Departamento de Justicia pidió revisar las admisiones universitarias basadas en la raza

El Departamento de Justicia señaló este miércoles que examinará la “discriminación basada en temas de raza” en las admisiones universitarias, un hecho que alarmó a algunos defensores de los derechos civiles, quienes temen que la administración de Trump esté tratando de volver atrás con las políticas de acción afirmativa.

En un anuncio interno de empleo, la División de Derechos Civiles del departamento indicó que busca abogados dispuestos a trabajar en una investigación y en litigios potenciales que involucren políticas de admisiones basadas en la raza.

Aunque los funcionarios del Departamento de Justicia expresaron que la medida no anuncia un ataque a las políticas de admisión conscientes de temas raciales, los defensores de los derechos civiles y expertos legales señalaron que la inversión de recursos podría tener repercusiones negativas para los estudiantes minoritarios que esperan matricularse en la universidad.

Además, sostienen, el esfuerzo del procurador general Jeff Sessions, quien como senador de Alabama expresó su oposición a la acción afirmativa, es otro contraste severo entre las prioridades de su Departamento de Justicia y las del exfiscal general Eric H. Holder Jr., quien ejerció como tal bajo el presidente Obama.

“Siempre que haya una acusación creíble de discriminación por motivos de raza, el departamento la examinará”, anunció un funcionario del Departamento de Justicia, quien habló bajo condición de anonimato debido a la política interna de no discutir asuntos del personal.

La publicación de empleo del Departamento de Justicia fue reportada por primera vez a última hora del martes por el New York Times. Un día después, en su informe regular, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, reconoció que el periódico había obtenido una “publicación interna filtrada”, pero se negó a comentar sobre ello, excepto para decir: “El Departamento de Justicia siempre revisará las acusaciones creíbles de discriminación por motivos de raza, cualquiera sea ésta”.

Horas más tarde, el Departamento de Justicia emitió una declaración donde señaló que la publicación fue en respuesta a una denuncia presentada en 2015 por acusaciones de discriminación contra los estadounidenses de origen asiático en las prácticas de admisión de una universidad no identificada.

En los últimos años, la Corte Suprema ha mayormente fallado a favor de la acción afirmativa en la admisión a la universidad, aunque mantuvo algunas restricciones a nivel de estado que han socavado significativamente la práctica.

El año pasado, en una decisión por 4-3, la Corte Suprema confirmó el uso de la raza como un factor para evaluar a los candidatos universitarios. El caso, Fisher vs. Universidad de Texas, se centró en Abigail Fisher, una ciudadana blanca de Texas, quien presentó una demanda después de que se le negara la admisión. La joven había argumentado que la consideración de la raza en los procesos de admisión por parte de la universidad discriminaba contra ella porque ser blanca.

En casos de 2003 y 1978, el Tribunal Supremo dictaminó que la raza podía ser uno de los varios factores considerados para admitir a los estudiantes. 

El caso de 1978, Regentes de la Universidad de California vs. Bakke, fue un importante punto de inflexión, sostuvo Lee Bollinger, presidente de la Universidad de Columbia, quien en 2003 argumentó a favor de la acción afirmativa ante la Corte Suprema en casos que involucraban a la Universidad de Michigan.

En el caso de Bakke, relacionado con un solicitante de la escuela de medicina de UC Davis, el juez Lewis F. Powell Jr. falló que los líderes universitarios no podían usar la acción afirmativa para corregir la injusticia social, pero sí podían emplearla para alcanzar un cuerpo estudiantil diverso que contribuya a un “intercambio robusto de ideas”. 

“Marcó una razón importante para el uso de la política”, afirmó Bollinger.

La publicación de empleo en el Departamento de Justicia causó preocupación entre los grupos de derechos civiles, que temen que la administración de Trump intente investigar denuncias similares a las de Fisher.

Jessica A. Levinson, una profesora de la Facultad de Derecho de Loyola en Los Ángeles, agregó que el Departamento de Justicia podría intimidar indirectamente a las universidades en el uso de la raza como un factor en las admisiones. “Esto podría tener un efecto paralizante, ya que las universidades no quieren estar sujetas a demandas o investigaciones”, postuló Levinson. 

Derrick Johnson, presidente interino y director ejecutivo de la Asociación Nacional para el Fomento de las Personas de Color, dijo en una declaración que el Departamento de Justicia “parece enfocado exclusivamente en lograr los derechos y privilegios para ‘sólo nosotros’, excluyendo totalmente a las personas de color.”

“La acción afirmativa no fue creada para que los afroamericanos, los latinos o los estadounidenses de origen asiático obtengan una ventaja injusta sobre sus pares blancos”, remarcó Johnson. “Es un mecanismo para nivelar el campo de juego y crear igualdad de oportunidades para las personas de color tras décadas de opresión. Debemos fomentar los esfuerzos para promover la diversidad en los campus universitarios, no obstaculizarla”.

Matt Cregor, director de proyectos de educación en el Lawyers’ Committee for Civil Rights and Economic Justice, añadió: “Si quieren ir tras la acción afirmativa, deben ir tras la herencia”.

Las llamadas políticas de admisiones por herencia, que favorecen a los hijos de exalumnos, excluyen en última instancia a las minorías de las fuentes de puestos de liderazgo, expresó la profesora de la Escuela de Educación Rossier de la USC, Estela Bensimon. “Los criterios han cambiado con el tiempo, dependiendo de quién estaba siendo favorecido. Cuando los judíos superaban a los estudiantes blancos no judíos, los criterios de admisión en las universidades de élite cambiaron para incluir el ‘carácter’”.

La herencia es un problema típico en las escuelas privadas, que generalmente han estado fuera del alcance de las iniciativas para frenar la acción afirmativa.

Mientras que los tribunales han reafirmado el uso de la acción afirmativa en la educación superior, ocho estados, entre ellos Michigan, Oklahoma, California y Arizona, han prohibido su uso. Las prohibiciones estatales derivaron generalmente de iniciativas electorales o de los legisladores estatales. “Desde hace tiempo ha habido una percepción de que existían enormes preferencias dadas a los estudiantes minoritarios y que ello desplazaba a muchos estudiantes blancos”, aseveró Jesse Rothstein, profesor de política pública y economía en UC Berkeley.

En California, los votantes aprobaron la prohibición en 1996 a través de una iniciativa electoral, la Proposición 209, que fue aceptada con el 54.6% de los votos.

La aprobación de la medida disminuyó inicialmente la inscripción de los estudiantes negros y latinos en todo el sistema de la Universidad de California, particularmente en sus escuelas más selectivas. Pero la UCLA ha utilizado otros métodos, como el reclutamiento en áreas fuertes en minorías, para aumentar su diversidad: en 2015, la escuela alcanzó sus niveles previos a la Proposición 209 de matriculación de estudiantes minoritarios.

“La UC ha aumentado sus esfuerzos de divulgación a grupos históricamente subrepresentados, como los latinos y afroamericanos, mientras que todavía está obligada a las restricciones de la Proposición 209, que prohíbe la consideración de la raza o la etnicidad en la concesión de admisión”, afirmó la presidenta de la UC, Janet Napolitano, en un comunicado. “Sería trágico, como mínimo, si estos esfuerzos de alguna manera chocaran con esta equivocada iniciativa del Departamento de Justicia”.

Una razón por la que los estados empezaron a prohibir la acción afirmativa es porque está desconectada de la historia, dijo Bollinger. Durante el movimiento de los derechos civiles y la era de Jim Crow, las personas estaban “dolorosamente conscientes de las injusticias de la esclavitud y de las leyes de Jim Crow que favorecían a los blancos por sobre los afroamericanos y los hispanos. Es difícil que los movimientos se sostengan a sí mismos”.

En 1997, Sessions afirmó ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado que la acción afirmativa era un “tema muy, muy difícil”. “De hecho, creo que ha sido una causa de irritación y tal vez ha demorado el movimiento hacia la armonía racial que debemos buscar [desde] hoy. Creo que hace que las personas sean infelices si pierden un contrato, o el derecho a asistir a una escuela, o el privilegio de asistir a una universidad simplemente por su raza”, aseveró en ese momento.

Más recientemente, el Departamento de Justicia de Sessions adoptó posiciones sobre los derechos civiles que inquietaron a varios grupos y contrastan con las posiciones de la administración de Obama.

El mes pasado, el departamento presentó un escrito en un caso de discriminación de empleo, argumentando que la Ley de Derechos Civiles no protege a las personas despedidas debido a su orientación sexual. En julio, el departamento anuló una posición de la era de Obama sobre una ley de identificación de los votantes de Texas. El departamento presentó una moción en un tribunal federal para descartar la afirmación anterior de que la ley de identificación se promulgó con la intención de discriminar a los electores minoritarios.

En un memorando de mayo dirigido a fiscales federales, Sessions los ordenó a perseguir los castigos más severos legalmente permitidos, otra revocación de una medida del gobierno de Obama que proporcionaba mayor libertad a los abogados federales para reservar tales juicios para los infractores reincidentes y quienes habían cometido los peores delitos. Los funcionarios del Departamento de Justicia esperan que los cambios a nivel federal -que procesa una porción de los crímenes en todo el país- se rebajen a un enfoque similar en la delincuencia en los estados.

Vanita Gupta, presidenta y directora ejecutiva de Leadership Conference on Civil and Human Rights, quien aboga en nombre de los grupos de derechos civiles, se centró el miércoles en la acción afirmativa y dijo que la medida del Departamento de Justicia es otro ejemplo de la administración “que cambia el rumbo en un tema de derechos civiles clave”. “El anuncio de hoy, de que ahora está tratando activamente de desafiar los esfuerzos que colegios y universidades han emprendido para ampliar la oportunidad educativa, es una afrenta a nuestros valores como país y la misión misma de la División de Derechos Civiles”, aseguró Gupta, quien dirigió dicha división bajo el mando del expresidente Obama, en un comunicado. “El antiguo precedente de la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad y el interés imperioso del estado de estas políticas, y generaciones de estadounidenses se han beneficiado de contar con instituciones de educación superior más ricas e inclusivas”.

Traducción: Diana Cervantes

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