Editorial Oye, Betsy DeVos, quita tus manos de las normas de agresión sexual en los campus

Editorial Oye, Betsy DeVos, quita tus manos de las normas de agresión sexual en los campus

En la larga y cargada historia de los colegios y universidades que enfrentan agresión sexual en sus planteles, los problemas han abarcado desde funcionarios que encubren vergonzosamente las denuncias de los
estudiantes hasta la absurda microgestión de los administradores acerca de cómo los alumnos deben señalar su consentimiento para el sexo. Ahora, la administración de Trump está buscando deficiencias en una nueva área: las directrices que emitió el gobierno de Obama para cómo hacer cumplir el Título IX, el estatuto federal de 1972 que prohíbe la discriminación basada en el sexo en programas de educación financiados por el gobierno federal.
Hace seis años, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de
Educación ofreció nuevas orientaciones a los colegios y universidades, en un esfuerzo por aclarar cómo deben llevar a cabo los procedimientos disciplinarios en casos que involucran denuncias de agresión sexual.
Además de instruir a las instituciones educativas a tratar por igual al
acusador y al acusado, el documento señalaba que las decisiones en cada caso deben efectuarse con base a una “preponderancia de la evidencia”; en otras palabras, si el acusador ofrecía más pruebas creíbles que las del acusado. Ese estándar probatorio es el mismo que utilizan los tribunales en muchos casos civiles, pero no es tan riguroso como el de los casos penales, el cual requiere que los fiscales demuestren la culpabilidad del acusado “más allá de una duda razonable”.
La orientación respondía a las preocupaciones generalizadas acerca de la alarmante incidencia de agresiones sexuales en los campus; las encuestas mostraban que aproximadamente una de cada cinco estudiantes mujeres experimentaban alguna forma de violencia sexual. Sin embargo, provocó una protesta de los defensores de los alumnos acusados, quienes afirmaron que no recibían un trato justo. El mes pasado, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, después de reunirse por separado con los educadores, las víctimas de violencia sexual y los estudiantes que habían sido acusados de agresión, señaló que analizaría las políticas que rigen las investigaciones de violencia sexual y consideraría cambiar esa norma probatoria. Un portavoz de la secretaria confirmó que la revisión estaba en curso.

DeVos no debe hacer ese cambio. Una investigación del campus respecto de una denuncia de  agresión sexual no es un procedimiento criminal, ni es un substituto de éste. Sus metas son diferentes. El objetivo no es hacer cumplir la ley; es hacer cumplir las reglas que ha establecido el campus para el comportamiento de sus estudiantes, el personal y el profesorado. El estándar de preponderancia de la evidencia es apropiado para juzgar las presuntas violaciones de cualquiera de esas reglas, ya sean las relativas al plagio, al consumo de alcohol por parte de menores o la mala conducta sexual.
Dicho eso, las apuestas de un procedimiento disciplinario todavía pueden ser altas para todos los implicados, particularmente en el caso de una presunta agresión sexual. Alguien que fue agredido debe lidiar con el trauma del incidente y el posible estrés de la investigación. El acusado se enfrenta a la posibilidad de expulsión. Eso parece un castigo justo si la persona cometió el ataque, pero si él (o ella) son falsamente acusados y hallados responsables de todos modos, se trata de un injusto y costoso estigma.
Algunos estudiantes acusados se han quejado de que sus universidades
violaron sus derechos a un proceso debido, y algunos han presentado
demandas, en ocasiones con éxito. Pero los problemas de procedimiento que identificaron se apoyaban en la forma en que las escuelas implementan las instrucciones del Título IX, no en el estándar de preponderancia de la evidencia. El veredicto de un tribunal de apelaciones en el caso de dos estudiantes acusados en la Universidad de Cincinnati encontró que los paneles disciplinarios de la institución no eran procedimientos penales, y por lo tanto un estudiante acusado no necesitaba tener “un procedimiento contencioso a gran escala”. Más bien, el tribunal sostuvo que el alumno simplemente necesitaba una oportunidad para “responder, explicar y defenderse”.

Lo que es crucial es que las escuelas respeten los derechos tanto del
acusador como del acusado, y les ofrezcan la oportunidad de presentar
testigos y pruebas a los investigadores y en las audiencias. Ambas partes deben tener el mismo acceso a los asesores permitidos, y los mismos derechos al tipo de testimonio que se permita. Todo esto forma parte de la orientación escrita publicada por la Oficina de Derechos Civiles.
Si las escuelas siguen estos pasos de forma descuidada o truncan el
proceso de tal forma que la balanza se incline injustamente, eso es
inaceptable. El Departamento de Educación y su Oficina de Derechos
Civiles debe asegurar que las universidades sigan la orientación ya
establecida. Los funcionarios de la Oficina de Derechos Civiles también
deben acoger con beneplácito las peticiones de asistencia de los
funcionarios escolares con este proceso.
La resolución de las denuncias de agresión sexual en el campus puede
estar plagada de desafíos. Pero revocar las normas y la orientación en
vigor sólo hará que la tarea sea difícil y más frustrante.

Traducción: Diana Cervantes

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