Los estudiantes de California merecen saber el desempeño de sus escuelas

Los estudiantes de California merecen saber el desempeño de sus escuelas

La pregunta no es tanto por qué el plan de mejoramiento escolar de California fue devuelto al estado para que éste realice mejoras importantes, sino por qué los funcionarios pensaron que tenía la oportunidad de ser aprobado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Aunque, quizás, nunca lo hicieron. California tiene una larga historia de rebelarse contra lo que el gobierno federal le exige a la educación. Pero en situaciones anteriores, principalmente durante la administración de Obama, el estado tenía razón en algunas situaciones y el Departamento de Educación estaba equivocado. Esta vez, el gobierno federal hace pedidos razonables en sus esfuerzos para hacer cumplir los requisitos de la Ley Every Student Succeeds (ESSA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 2015.

La semana pasada, los funcionarios del Departamento de Educación le dijeron a California que necesitaba hacer varios cambios a su plan de rendimiento de cuentas para las escuelas. El corazón de ese plan es su “tablero” de puntos codificados por colores, que se supone indican cómo funciona una escuela usando métricas tales como puntajes en las pruebas de estándares estatales, ausentismo y tasas de graduación.

El sistema estatal para evaluar el rendimiento de las escuelas, que durante mucho tiempo contó los puntajes de las pruebas como la única medida del valor, necesitaba una ampliación. Sin embargo, el tablero con cuadrícula de colores es un esfuerzo fallido. Es demasiado complicado para cualquiera que no sea un experto en métricas y, peor aún, no da una idea clara de qué tan bien funciona una escuela en general. ¿Le gustaría que su hijo asista a esta escuela o a aquella otra? Hay muy poca forma de saberlo.

El nuevo tablero no le permite al estado determinar cuál de sus escuelas se encuentra entre el 5% más bajo, aunque la ley requiere la clara identificación de tales instituciones y la intervención para ayudarlas a mejorar.

El Departamento de Educación criticó de forma correcta al estado por el tablero y muchas otras deficiencias. Además, pidió una explicación más clara de si el estado considera el rendimiento real (puntajes de exámenes, tasas de graduación y similares) como más importante que las tasas de suspensión y la participación de los padres, que se supone son el medio por el cual las escuelas mejoran su desempeño.

Tampoco el plan general de rendición de cuentas de California deja en claro cómo los estudiantes de bajos ingresos recibirán maestros de calidad o cómo el estado intervendrá en las escuelas de bajo rendimiento. El estado carece de un plan para mejorar las preparatorias y hace poco para asegurarse de que éstas no desalienten a sus estudiantes de bajo rendimiento para quedarse en casa cuando se realizan los exámenes estatales (algo que se ha hecho en algunos estados a lo largo de los años para garantizar que las escuelas luzcan bien cuando se den a conocer los resultados de las pruebas).

En otras palabras, se trata más de un sistema de ‘no rendición de cuentas’ que un plan para producir una población mejor educada.

Sólo una semana antes de que el Departamento de Educación le dijera a California que revisara su plan, un grupo independiente de educación no partidista que calificó los planes de ESSA de cada estado dio puntajes particularmente bajos a la propuesta del estado. El grupo, Bellwether Education Partners, midió nueve factores en una escala de uno a cinco, siendo cinco el mejor. El plan de California obtuvo un cinco en la calidad de sus estándares y exámenes académicos; un tres en relación con sus "indicadores de rendición de cuentas". Pero en los otros siete factores, California recibió una calificación de uno o dos, incluido allí el factor que tal vez sea el más importante: incentivar a las escuelas para mejorar el rendimiento de los estudiantes.

El objetivo de ESSA era devolverle a los estados más autoridad sobre las escuelas y darles más flexibilidad, después de las rígidas reglas de la Ley No Child Left Behind, que reemplazó. Esas son buenas cosas. Pero la norma nunca tuvo la intención de liberar a los estados y distritos escolares de su responsabilidad de mejorar la educación o nivelar el campo para estudiantes de bajos ingresos, especialmente aquellos de color. Sin duda, existen formas razonables y no punitivas para enriquecer el aprendizaje en California. Muchas escuelas públicas ya han mostrado el camino.

La respuesta inicial de California a las críticas federales -el estado afirmó que fortalecería su plan- fue la correcta. A pesar del control nominal de que el Departamento de Educación de los Estados Unidos sea quien apruebe o deniegue los planes estatales, si California decide jugar a ser rebelde una vez más, es posible que la agencia federal no retroceda demasiado. Después de que la secretaria de Educación, Betsy De Vos, adoptara un enfoque excesivamente severo e interferente con respecto a un par de planes iniciales de otros estados, los miembros del Congreso esencialmente le pusieron un freno y señalaron que estaba sobrepasando su autoridad legal. La funcionaria retrocedió. Ellos tenían razón y ella estaba equivocada. Pero desde entonces, es posible que su departamento haya ido demasiado lejos en la otra dirección, aprobando planes estatales incluso cuando los estados no atendieron las solicitudes federales de cambios que son claramente requeridos por la ley.

No deben permitirle eso a California. La propuesta estatal no cumple con lo que exige la ley federal. Ya sea que el gobierno federal lo obligue o no, el estado debe dar un paso al frente y hacer lo que es correcto para sus estudiantes.

Traducción: Diana Cervantes

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