Editorial La junta escolar del LAUSD tiene un problema con las escuelas charter: Ref Rodríguez

Editorial La junta escolar del LAUSD tiene un problema con las escuelas charter: Ref Rodríguez

A excepción de declararse “inocente” a los cargos criminales por lavado de dinero de la campaña, el miembro de la junta escolar de Los Ángeles Ref Rodríguez no ha dicho casi nada últimamente. Ninguna respuesta a la acusación por su intento de hacer que $25,000 dólares de sus propio bolsillo para su campaña a la junta parecieran financiados por otros.

Tampoco ninguna confirmación o negación de las acusaciones por parte de Partnership to Uplift Communities, el grupo de escuelas charter que cofundó, y de cuyos fondos supuestamente transfirió $285,000 a diferentes organizaciones sin fines de lucro que él controlaba, sin demostrar cómo ese cambio benefició a los estudiantes en las escuelas de Partnership.

Pero el silencio no está funcionando bien. Los problemas legales de Rodríguez ya afectan la forma en que la junta escolar trabaja, especialmente cuando se trata de las charter.

Varias escuelas autónomas, cuyos acuerdos operativos están por renovarse, se están rebelando contra algunas de sus estrictas normas de supervisión, y un grupo de operadores de estas entidades le ha pedido al distrito que reconsidere varias de sus políticas.

Sin embargo, detrás de la escena, incluso los aliados de las charter afirman que la junta tiene sus manos políticamente atadas. Si cede a las demandas de las charter, podría verse como una canalización de dólares hacia los operadores de éstas, incluso después de que uno de ellos acusara oficialmente a un exlíder de malversación de grandes sumas de dinero.

Algunas de las quejas de las charter parecen justificadas, otras no. Pero los miembros de la junta están claramente indecisos de cambiar cualquier cuestión mientras que una nube ética se cierne sobre una prominente organización de charter y un prominente miembro de la junta.

En algunos casos, la junta debe hacer cambios. En este momento, las charter ubicadas en los campus administrados por el distrito no pueden tener espacio garantizado allí por más de un año académico a la vez.

Cambiar de un campus a otro es problemático y costoso; algunos estudiantes no seguirán a su escuela a una nueva ubicación. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) no puede ofrecer de manera rutinaria contratos de arrendamiento a largo plazo porque tiene que adaptarse a los cambios imprevistos en la matriculación estudiantil. Aun así, la inscripción está cayendo aún más precipitadamente de lo esperado; seguramente la junta podría identificar algunas escuelas que podrían permanecer en su lugar por dos o tres años por vez.

Las charter también rechazan lo que llaman regulaciones vagas y radicales que el distrito les impone. Algunas de ellas están luchando batallas equivocadas, como la escuela que se negó a aceptar las reglas del LAUSD que rigen a los alumnos de educación especial. Su solicitud de renovación fue rechazada -con razón- por la junta. En otros casos, el distrito podría hacer un mejor trabajo para definir los estándares de los que planea responsabilizar a las charter cada año.

Encontrar un punto medio de sentido común requeriría que la junta considere abierta y honestamente si la lista completa de regulaciones contempla el mejor interés de los estudiantes, o si algunas de las reglas existen sólo para obstruir a los operadores de charter. Pero este tipo de discusiones razonadas sobre estas escuelas son más difíciles de lograr con toda la atención pública y ls sentimientos a flor de piel sobre las acusaciones contra Rodríguez, cuya elección, en 2015, marcó la primera vez que un fundador de una charter ingresaba esa comisión del LAUSD.

Afortunadamente, las acusaciones también parecen haber aplastado, al menos por ahora, el esfuerzo de las charter para controlar la oficina del inspector general del LAUSD, que audita e investiga las operaciones escolares. Los operadores de charter se quejan de que los investigadores realizan registros de varios años sin decirles las razones.

Pero todos, incluidos los partidarios de las charter, admiten que mientras Rodríguez sea parte de la junta, no es políticamente factible restringir al investigador jefe. Los miembros del grupo argumentan que las acusaciones que involucran el movimiento de dinero en Partnership to Uplift Communities, además de varias actividades cuestionables en algunas otras charter en los últimos años, apuntan a la continua necesidad de una supervisión rigurosa. Es verdad: mejor demasiado, que demasiado poco.

Muchas charter en Los Ángeles han ofrecido a los estudiantes desfavorecidos nuevas y enriquecedoras opciones educativas. Algunas, sin embargo, se han involucrado en prácticas desagradables, y tanto el distrito como el estado dieron pasos recientemente en la dirección correcta, hacia más reglas y una mayor supervisión. El objetivo debe ser un equilibrio para garantizar que las charter se rijan por reglas de equidad, transparencia y responsabilidad, sin aplastar su libertad y creatividad.

Con los años, la junta escolar de Los Ángeles no siempre ha alcanzado el equilibrio correcto. Pero esto es muy claro: para hacerlo, debe ser libre para tomar decisiones sin suscitar dudas sobre si una mayoría pro-charter en la junta permite el mal uso de los dólares públicos, ni ceder ante un miembro de cuya ética está siendo seriamente cuestionada por los principales funcionarios locales.

Como ciudadano acusado pero no declarado culpable de ningún delito o irregularidades financieras, Rodríguez tiene derecho a guardar silencio sobre los cargos. Y no puede ser obligado a abandonar su puesto antes de que haya sido condenado por un delito. Pero como uno de los siete miembros de la junta responsables de la educación de cientos de miles de estudiantes, no puede cumplir con su promesa de campaña de poner a los alumnos primero. Es por ello que debería hacerse a un lado o, si es necesario, renunciar.


Traducción: Diana Cervantes

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