Después de Parkland, las autoridades de Los Ángeles presionan por un nuevo enfoque en la seguridad escolar
Los líderes políticos de Los Ángeles quieren que la ciudad se una a la nación y se centre en cómo prevenir la violencia en los campus, a raíz de uno de los tiroteos más mortíferos registrados en los Estados Unidos.
Este lunes, el abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, anunciará su formación de un panel para analizar medidas que harían más seguras las escuelas y cómo implementarlas. Al día siguiente, los miembros de la junta escolar de Los Ángeles presentarán una resolución en la que se pide un control estatal y federal más firme de las armas, y una revisión de las políticas del distrito escolar.
“Todos reconocen que este es un momento clave”, afirmó Feuer, después del tiroteo que mató a 17 personas, el mes pasado, en Marjory Stoneman Douglas High School, ubicada en Parkland, Florida. “Cada distrito escolar, especialmente a raíz de Parkland, debería estar haciendo todo para garantizar que sus escuelas sean lo más seguras posible”.
El fiscal de la ciudad planea presidir el panel que está creando, y reclutar a otras 15 personas para que presten servicios. Ocho ya han aceptado participar, incluido el juez retirado de la Corte Suprema de California Carlos Moreno, la excontroladora de la ciudad de Los Ángeles Laura Chick, y Earl Paysinger, un exjefe auxiliar de la policía de la ciudad, que ahora es administrador sénior de la USC.
Chick espera que la iniciativa convirtiera a Los Ángeles en un “modelo a seguir” para la nación. “Este es un esfuerzo para obtener información, tanto de los expertos como de los soldados sobre el terreno: personas que viven y respiran a diario las preocupaciones sobre la seguridad escolar”, consideró.
La superintendente interina del distrito escolar de Los Ángeles, Vivian Ekchian, apoya la idea, pero también se mostró firme con respecto a la seguridad del distrito. “Las escuelas son seguras”, aseveró. De todos modos, dijo, “la seguridad del distrito y de la ciudad van de la mano, y no podemos determinar de antemano dónde puede surgir un incidente de ‘inseguridad’. Aliento a todos a trabajar juntos”.
Durante el fin de semana, los legisladores de Florida rechazaron por escaso margen la prohibición de los rifles de asalto, que pretenden muchos estudiantes de Parkland. El lunes tienen planeado votar sobre una legislación propuesta que expandiría un período de espera de tres días -que ya existe para la compra de pistolas- a todas las armas de fuego, aumentaría la edad mínima para comprar un rifle o escopeta de 18 a 21 años de edad, incrementaría los fondos para los programas de salud mental y de seguridad escolar y prohibiría los dispositivos conocidos como bump stocks, que modifican las armas semiautomáticas para que disparen como automáticas o ametralladoras, y fueron empleados por Stephen Paddock, el tirador que mató a 58 personas e hirió a cientos más en Las Vegas, en octubre último.
El presidente Trump sugirió que se capacite y arme a los maestros y demás personal en las escuelas, una idea impulsada por la Asociación Nacional del Rifle. El proyecto de ley de Florida también tiene una disposición que permitiría este enfoque en ese estado.
Aunque Feuer no quiere limitar la discusión, no le gusta convertir a los maestros en una fuerza de seguridad armada. “Hay demasiadas armas muy accesibles para las personas equivocadas”, aseguró el exmiembro del ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles y asambleísta del estado, quien presionó por el control de armas en ambos cargos. “La misión de un docente en la vida es instruir, no disparar armas en el salón de clases”.
En la Junta de Educación de Los Ángeles, tres miembros patrocinan una resolución para solicitar prohibiciones estatales y federales contra las armas de asalto y los cargadores de municiones de gran capacidad, además de requerir verificaciones de antecedentes para todos los compradores y licencias y capacitación para los propietarios.
California tiene leyes de armas más estrictas que la nación en general, pero no prohíbe directamente la posesión de todas las armas que los críticos identifican como de asalto.
La resolución de la junta también le pide al gobierno federal que aumente los fondos para los servicios de salud mental para estudiantes y que pague por la investigación sobre la violencia con armas de fuego. Esta le daría al distrito escolar 30 días para realizar una revisión interna de sus políticas y planes de prevención de violencia para lidiar con un tirador activo en los campus. También establecería un grupo de trabajo enfocado en la seguridad escolar, que se reuniría periódicamente.
El panel del fiscal de la ciudad es compatible con los objetivos de la resolución, de lograr que “la ciudad, el distrito, los expertos y la comunidad trabajen para mantener a los maestros y estudiantes seguros en nuestras escuelas”, afirmó el miembro de la junta Nick Melvoin, quien copatrocinó la medida junto con la presidenta del grupo, Mónica García, y Kelly Gonez.
Otros miembros confirmados del panel de Feuer son: Benjamin Holtzman, un estudiante de último año de Hamilton High, que representa a los alumnos como miembro sin derecho a voto de la junta escolar; Jessica Lall, presidenta de la Central City Association, un grupo proempresarial; Kelvin Sauls, el pastor principal de Holman United Methodist Church, en Jefferson Park; el exconcejal de la ciudad de Los Ángeles Greig Smith, y Garen J. Wintemute, director del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, de la Universidad de California.
Traducción: Diana Cervantes
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