California y otros 17 estados demandan a Betsy DeVos
California y otros 17 estados demandaron a la secretaria de Educación, Betsy DeVos, por haber demorado ilegalmente las nuevas regulaciones federales diseñadas para proteger a los beneficiarios de préstamos estudiantiles y evitar que sean engañados por las universidades con fines de lucro y otras escuelas.
Las reglas, que habrían facilitado la condonación de préstamos a aquellos estudiantes defraudados o engañados, fueron desarrolladas por la administración de Obama y debían entrar en el sábado pasado.
Pero el mes último DeVos retrasó su aplicación y puso en marcha una iniciativa para reescribirlas, argumentando que eran injustas para los alumnos y las escuelas, al tiempo que ponen a los contribuyentes en riesgo de “costos significativos”.
La demanda, presentada por los procuradores generales de 18 estados y el Distrito de Columbia, afirma que la medida de DeVos violó la Ley de Procedimientos Administrativos porque no satisface los estándares para una demora, y tampoco proporcionó el debido aviso o le ofreció al público tiempo para comentar.
El pleito también critica a DeVos por alegar que una razón de la demora fue una cuestión legal pendiente en los reglamentos de la Asociación de California de Escuelas Postsecundarias Privadas. La “referencia al litigio pendiente es un mero pretexto para derogar la norma y sustituirla por una nueva, que eliminaría o socavaría los derechos y las protecciones de los estudiantes”, afirma la demanda.
El procurador general de California, Xavier Becerra, fue uno de los funcionarios -todos demócratas- que presentaron la acusación. Los estudiantes no deberían tener que preocuparse de que “su ‘sueño americano’ sea robado por proveedores deshonestos, mediante una educación universitaria falsa”, expuso. “La administración de Trump debe hacer todo lo posible para proteger a nuestros alumnos”, prosiguió. “Estas normas deben aplicarse porque son buenas para los estudiantes y porque es lo que exige la ley”.
La denuncia, encabezada por la procuradora general de Massachusetts, Maura Healey, fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington.
“Estas reglas fueron protecciones cruciales contra las escuelas con fines de lucro abusivas, que se aprovechan de los alumnos trabajadores, estudiantes que simplemente tratan de invertir en su propia educación y futuro”, declaró el procurador general de Nueva York, Eric Schneiderman, quien también se sumó a la demanda.
Una portavoz de DeVos el jueves no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Las normas, conocidas como defensa del prestatario para al pago del préstamo, fueron desarrolladas después de que una serie de colapsos importantes de cadenas con fines de lucro, como Corinthian Colleges Inc. y el ITT Technical Institute, dejaran desamparados a miles de estudiantes.
Las reglas, adoptadas en noviembre y diseñadas para optimizar el proceso de condonación de préstamos para los estudiantes defraudados o engañados, tendrían que haber entrado en vigor el 1º de julio pasado, junto con una nueva norma de empleo remunerado que habría limitado la cantidad de deuda que los alumnos en escuelas de formación profesional -con y sin fines de lucro- podrían solicitar en relación con los ingresos esperables. Las instituciones que excedían los límites corrían el riesgo de perder su capacidad de brindar ayuda federal para los alumnos.
La industria de universidades con fines de lucro se opuso firmemente a las nuevas reglas. En mayo, la Asociación de California de Escuelas Postsecundarias Privadas presentó una demanda federal para bloquear su entrada en vigor. Becerra y otros siete fiscales generales del estado, junto con el Distrito de Columbia, presentaron una moción para intervenir en esa demanda, diciendo que querían asegurarse de que los reglamentos fueran defendidos adecuadamente.
El 14 de junio, DeVos anunció que retrasaría las normas de defensa del prestatario y de empleo remunerado como parte de “un reajuste regulatorio”. Los esfuerzos del gobierno de Obama “perdieron su oportunidad de hacer las cosas bien”, manifestó la funcionaria.
Este mes, DeVos tiene previsto celebrar dos audiencias públicas sobre las normas y dijo que su objetivo es “proteger a los estudiantes de las prácticas predatorias, además de proporcionar reglas claras, justas y equilibradas para que ser cumplidas por los colegios y las universidades”.
La funcionaria citó específicamente el litigio pendiente contra las regulaciones de defensa del prestatario como una razón para retrasar esas normas.
Traducción: Diana Cervantes
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