California demanda a Ashford University y acusa a la escuela en línea de estafar a los estudiantes
Mientras la administración de Trump se aleja de las iniciativas de la era de Obama para acabar con las universidades con fines de lucro, California dio un paso hacia el vacío regulatorio.
El miércoles, el fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció en una conferencia de prensa en San Francisco que el estado demandó a Ashford University, una universidad con fines de lucro, y su empresa matriz, Bridgepoint Education. El estado acusa a la escuela en línea de engañar a los estudiantes sobre sus costos de matrícula, endeudándolos en préstamos estudiantiles y ofreciendo poco valor a cambio.
Ashford tiene matriculados alrededor de 43,000 estudiantes, de acuerdo con el Chronicle of Higher Education, que publicó una investigación de la universidad a principios de este mes donde llamó a la escuela “un paradigma de los males del sector universitario con fines de lucro”.
Becerra describió a Ashford como una “pesadilla” para los alumnos. Es “una institución que profesaba proporcionar educación superior pero que, en cambio, ganaba muchísimo dinero”, dijo.
A pesar de que Bridgepoint Education tiene su sede en San Diego, Ashford inscribía a estudiantes en todos los Estados Unidos. De acuerdo con el Chronicle, Bridgepoint también está siendo investigada por los fiscales generales en Nueva York y Carolina del Norte.
Desde el campus de la Universidad Estatal de San Francisco, Becerra señaló que, a diferencia de las escuelas públicas tradicionales, Ashford University no tiene bibliotecas, laboratorios ni aulas. Y sin embargo, afirmó, les cobra a los estudiantes considerablemente más: alrededor de $60,390, según la demanda, por un título universitario en línea.
La mayoría de sus estudiantes no se gradúan, y aquellos que lo hacen a menudo cargan con deudas y no pueden encontrar empleo en el campo relacionado con su título, según la demanda. Según Becerra, la deuda promedio de préstamos estudiantiles de un graduado de Ashford es de $34,000.
Anna Davison, vicepresidenta de comunicaciones corporativas y relaciones con inversionistas de Bridgepoint, aseguró que la compañía “defenderá vigorosamente este caso”. “Las instituciones de Bridgepoint sirven como modelo de cómo la educación en línea puede mejorar las vidas de las personas que no pudieron o que no fueron capaces de perseguir vías más tradicionales hacia los títulos”, dijo Davison en un comunicado.
La demanda de California alega que Ashford convirtió su oficina de admisiones en un departamento de ventas con una cultura de “sala de calderas”. Exigía que los empleados alcanzaran cuotas de inscripción y, para hacerlo, los asesores de admisión a menudo decían a los solicitantes que la ayuda financiera federal cubriría todos sus gastos o les prometían que recibirían más ayuda de la que tenían derecho a esperar.
La universidad se enfocó en estudiantes de bajos ingresos, minorías y estudiantes que fueron los primeros en sus familias en ir a la universidad, según la demanda. Reclutar veteranos también fue fundamental para la estrategia de la universidad. Los alumnos que reciben asistencia para la matrícula del GI Bill y otros programas militares representan alrededor de un cuarto de su inscripción, informó el Chronicle.
De acuerdo con la demanda, la gran mayoría de las ganancias de Ashford provienen de subvenciones y préstamos estudiantiles subsidiados por el gobierno federal. A medida que la universidad creció exponencialmente, a más de 80,000 estudiantes en 2011, los ingresos de Bridgepoint Education se elevaron. La compañía ganó $968 millones en 2012.
La demanda de California también alega que Bridgepoint mintió a los inversionistas y en sus declaraciones de valores, inflando su éxito al preparar a sus graduados para los trabajos. El estado busca la restitución de los estudiantes y sanciones civiles, así como una orden judicial permanente que le prohíba a Ashford ejercer “actividades similares en el futuro”.
Becerra alentó a los antiguos estudiantes de dicha entidad y a los universitarios en general que creen haber experimentado un trato similar por parte de otras casas de estudio con fines de lucro, a presentar una denuncia en su oficina, al (800) 952-5225 o en oag.ca.gov/report.
Traducción: Diana Cervantes
