El negocio de la libertad

Cuenta los días con ansiedad. En apenas dos semanas tendrá que ir a la corte y, aunque no ha cometido delito alguno, su futuro está condicionado al sistema de justicia. Manuel, como pidió ser identificado, no se imagina regresar a la celda en donde estuvo hace tres años.

“Me bajaron mi autoestima”, indicó con cierto reproche.

Este inmigrante mexicano, de 40 años de edad, fue detenido por agentes del Sheriff en el condado de Orange acusado de asalto con un arma letal, un cargo que según los abogados de Manuel dista mucho de la realidad ya que el acusado únicamente lanzó una canica que, supuestamente, quebró el vidrio trasero de una patrulla.

“Sin hacerme juicio me quitaron mi ropa, me tomaron fotos como si fuera la peor de las personas, me sacaron por televisión nacional de habla inglés”, advirtió sobre el incidente ocurrido en junio de 2014.

Para salir en libertad, después de 24 horas en la cárcel, su familia y amigos pagaron una fianza de 2,500 dólares. “Es un abuso de autoridad, me achacan cargos que no cometí”, explicó el inmigrante que de oficio es jardinero. “Se brincan todo”, reclamó.

El sistema de fianzas en California es desigual, asegura Human Rights Watch (HRW), golpeando a las familias de escasos recursos, por lo que aseguran que deberían aplicarse esas imposiciones económicas después de un análisis individual y al evaluar el peligro que representa el arrestado.

Según el informe, entre el 2011 y 2015, el 20% y 30% de los detenidos pagaron una fianza, en un análisis de los condados de Alameda, Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino y San Francisco, mientras que el 63% de los presos se encontraban a la espera de un juicio.

“El sistema penal, no nomás en California, sino en todo Estados Unidos siempre ha discriminado”, afirmó Alexis Nava, coordinador de proyectos especiales de Resilience O.C., con sede en Santa Ana, entidad que ha dado seguimiento al caso de Manuel.

En el 2013, de acuerdo al Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), el 42% de los encarcelados eran latinos, el 29% afroamericanos y 6% de otras razas, siendo la mayor tasa de prisioneros por cada 100,000 habitantes la de los afroamericanos, con 4,367.

“El sistema impacta directamente a la comunidad inmigrante, a la gente de color y a la comunidad LGBTQ”, agregó Nava, cuestionando que no existan alternativas.

A escala nacional, una de cada tres personas en prisión no pueden pagar una fianza. El Estado Dorado, paga por cada persona encarcelada 114 dólares diarios, según el estudio de Human Rights Watch.

La organización destaca que los datos de seis condados californianos (Alameda, Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino y San Francisco), revelan que el costo total de tener encarceladas a personas que nunca fueron acusadas por la fiscalía o en donde los cargos fueron desestimados fue de 37,5 millones de dólares en el curso de dos años.

Natasha Minsker, directora de la oficina de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en Sacramento, explica que es urgente una reforma, porque el problema no es solo en California, pero cree que aquí se puede gestar el punto de partida que impacte a toda la nación.

En la actualidad, advierte la experta, son las compañías de fianzas las que ejercen su poder en el sistema, detallando que solo en este estado operan alrededor de 1,000 negocios dedicados a este rubro y a nivel nacional generan ganancias que superan los 2,000 millones de dólares.

“Nosotros creemos que esa es la base del problema”, dijo Minsker de forma rotunda, detallando que la excepción a la regla son estados como Kentucky y Nueva Jersey, en donde no siempre la libertad está condicionada al balance de la cuenta bancaria.

A escala internacional, Estados Unidos y Filipinas son los dos países en donde las compañías de fianzas operan de forma legal y tienen el poder.

“Existen solo para vender la libertad y nosotros tenemos que cambiar a un sistema de justicia en realidad”, manifestó la especialista, detallando que por eso están impulsando dos proyectos de ley en las cámaras legislativas estatales para establecer un sistema alternativo.

¿Cómo se aplican las fianzas?

La fianza funciona como un depósito; se aplica a detenidos cuando el delito no es muy grave y no tienen antecedentes en su expediente, explica Jesse Arana, abogado experto en derecho penal, citando casos como violencia doméstica, posesión de droga o manejar borracho.

En ese sentido, las compañías dedicadas a este negocio cobran tradicionalmente el 7% de la cantidad de la fianza, si los familiares de los arrestados no tienen esos fondos, les establecen un plan de pago, entonces el porcentaje a pagar aumenta al 10% del monto total.

“Las compañías pueden pagar la fianza a la cárcel o la corte”, manifestó Arana.

Cuando una persona es arrestada, bajo la ley tiene que ser presentada en la corte en un plazo de 48 horas, para que le establezcan los cargos criminales.

De acuerdo a Arana, el juez puede reducir la cifra de la fianza o dejarlo en libertad sin necesidad de pagar; sin embargo, las personas en la mayoría de los casos prefieren evitar esa audiencia y optan por la fianza, y si no cuentan con esos recursos recurren a un servicio privado.

Las razones, sostiene el abogado, por las que una persona paga la fianza es porque tiene un estatus migratorio irregular y no quiere ser trasladado ante migración; también por causa del trabajo y familia; y en tercer lugar, por miedo a estar en la cárcel.

“Cada cargo tiene una cantidad establecida, algo que cambia dependiendo el condado”, aclaró el jurista, detallando que si el monto de la fianza es de 100 mil dólares, entonces la familia va a tener que pagar 7 mil como mínimo, porque si opta por el plan de pago serían 10 mil.

La diferencia entre ricos y pobres

En el informe de Human Rights Watch (HRW), cuyo título es “‘Sin afán de justicia’: Cómo la prisión preventiva y el sistema de fianza en California castigan injustamente a las personas de bajos recursos”, se revela que el sistema está adaptado al poder económico de las personas que llegan a la cárcel.

En los últimos años, el 63% de los presos californianos no estaban condenados, y muchos esperaban el juicio tras las rejas porque no podían pagar la fianza. Asimismo, se destaca que entre 2011 y 2015 se encarceló a 1.4 millones de personas por delitos graves, pero al final cerca de 500 mil no fueron declaradas culpables.

“Las fianzas sirven como castigo para las personas pobres”, aseguró John Raphling, investigador sénior de HRW y autor del informe. “El sistema fallido del estado pone a muchas personas ante la alternativa denigrante de ser encarceladas, asumir cuantiosas deudas para pagar la fianza o declararse culpables sin posibilidad de defender su caso”.

Según el estudio, algunos optaron por declararse culpables para recobrar la libertad y otros costearon honorarios de fiadores judiciales que no les fueron reembolsados, estos datos fueron recabados en 20 condados, cuyo análisis fue más detallado en Alameda, Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino y San Francisco.

Cynthia Anderson-Barker, abogada en derecho penal en Los Ángeles, asegura que un cliente suyo fue acusado de homicidio y aunque fue hallado inocente tuvo que permanecer en prisión durante 12 meses porque la fianza fue tan elevada que no la podía pagar.

“Es completamente injusto”, valoró la jurista, detallando que al presentarse ante el juez el individuo fue liberado. “Los ricos pueden pagar la fianza y los pobres no, ellos van a quedar en la cárcel mucho tiempo esperando por un juicio”.

De hecho, el análisis en los seis condados californianos, en donde está el 31% de las personas en prisión preventiva del estado, se estima que por encarcelar innecesariamente durante dos años a personas que no son culpables el costo asciende a 37.5 millones de dólares.

“Creemos que es el momento para llamar la atención”, exhortó María McFarland, codirectora del programa de Estados Unidos de HRW, no solo porque es un sistema injusto, sino porque ahorraría recursos al estado.

McFarland manifiesta que si no son delitos graves no es necesario enviarlos a prisión, solo necesitan una cita para presentarse a corte; además, destaca que los montos de las fianzas en el Estado Dorado son cinco veces más altos en comparación con otros estados.

“El sistema de fianzas debería eliminarse para la gran mayoría de delitos”, dijo tajante la experta, porque con base en el reporte, aseguró, en este momento “las personas pobres [en prisión] tienen una situación francamente imposible”.

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