Cuando las universidades se comportan como empresas, la educación sufre
La lista de incidentes contra Linda Katehi, la rectora de UC Davis suspendida, es sin dudas reveladora.
Según lo establece en una carta la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, las infracciones de Katehi incluyeron nepotismo, el gasto de $175,000 para limpiar de internet referencias al ataque con espray de pimienta cometido por un policía universitario durante las protestas estudiantiles de 2011, y el mal uso de los ingresos adquiridos por inscripciones estudiantiles, tal como delató un informante no identificado.
Pero lo que más debe haber perturbado a Napolitano fue algo que no aparecía para nada en su lista: la pertenencia de Katehi al directorio de dos empresas, cuyos intereses corporativos podrían estar en conflicto con los de su universidad.
Una de ellas es DeVry Education Group, una cadena de escuelas con fines de lucro que no sólo son una competencia de la educación superior pública, sino que además está bajo investigación federal por denuncias de publicidad engañosa a causa del empleo e ingresos que prometen a sus egresados. La otra compañía es John Wiley & Sons, una editorial de libros de texto.
El prestigio del sector privado ahora necesita ser imitado por el sector público. Es casi como si estuviésemos intimidados. —Christopher Newfield, profesor de literatura en UC Santa Barbara.
Luego de que se conociera su pertenencia al directorio de las empresas mencionadas se generó un gran revuelo, y antes de que pudiera ser suspendida por Napolitano, Kateki renunció a DeVry y dijo que donaría a caridad $200,000 en acciones de Wiley que había recibido como miembro del directorio.
Las participaciones en consejos directivos de empresas por parte de administradores de UC han sido un tema sensible desde 2006, cuando se informó que Marye Anne Fox, por entonces rectora de la Universidad de California San Diego, ostentaba por lo menos siete cargos pagos o asientos en comités. Su defensa fue que “enaltece el perfil de la Universidad de California que sus administradores principales sean parte de juntas directivas”.
Posteriormente, los regentes de la UC limitaron a tres los puestos con fines de lucro que sus administradores pueden tener, y el tema se esfumó; hasta ahora.
Sin embargo, las actividades de Katehi apuntan hacia una preocupante tendencia en la educación superior, especialmente entre las instituciones públicas, como la Universidad de California: las universidades son cada vez más acogedoras con las empresas y empresarios, y están menos preocupadas por los peligros inherentes a esta clase de relaciones, que incluyen la aceptación de donaciones a cambio de ciertos favores. Lo peor es que las universidades están adoptando el modelo de ganancias y pérdidas, como si ellas mismas fueran empresas.
Los estudiantes son los que ya están perdiendo a causa de ello. No sólo se ven cargados con una proporción creciente de los costos directos de su educación, sino que además se les ofrece un currículo cada vez más estrecho debido a que las universidades han reducido los cursos supuestamente menos rentables, como humanidades y ciencias sociales, en pos de ciencia, ingeniería y programas de tecnología, por los que esperan atraer subvenciones rentables y que además ofrecen las perspectivas de gran riqueza por potenciales invenciones patentables.
En uno de los ejemplos más extremos, la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, en 2010 le asestó un golpe de guillotina a sus programas de francés, italiano, ruso y los clásicos, lo cual dejó a la institución como una escuela vocacional glorificada para ingenieros y científicos investigadores.
Pero las cuestiones que se arremolinan alrededor de Katehi, una ingeniera nacida en Grecia, han expuesto la misma debilidad en UC Davis, donde los miembros de las facultades de ciencias e ingeniería la defienden como una eficaz partidaria de la diversidad en la ciencia y la educación técnica, y los docentes de humanidades tienden a verla como un avatar de la “privatización de la universidad pública”, según más de treinta profesores de humanidades escribieron en una carta dirigida al diario Davis Enterprise.
Estos desarrollos, sin embargo, se basan en conceptos fundamentalmente erróneos del propósito y los asuntos económicos de la educación superior.
Durante la mayor parte del período posterior a la segunda Guerra Mundial, se entendía bastante bien que las universidades, sean públicas o privadas, operaban bajo un modelo diferente al de un negocio. Eso comenzó a cambiar en las décadas de 1980 y 1990, cuando la cultura estadounidense se obsesionó con las virtudes de la empresa privada, señala Christopher Newfield, profesor de literatura en UC Santa Barbara y crítico importante de la privatización de lo académico. “Hasta entonces, el sector privado no era un modelo para lo público”, afirmó Newfield. Pero el prestigio del sector privado ahora necesita ser imitado por el público. Es casi como si nos sintiésemos intimidados”.
A ello debe agregarse la presión de una “falta de financiamiento masivo de la educación superior pública” por parte de los gobiernos estatales, dice Hank Reichman, profesor emérito de historia en Cal State East Bay, quien escribe con frecuencia para el blog de la American Association of University Professors (Asociación Estadounidense de profesores universitarios). En California, el gasto del fondo general del estado por alumno ha disminuido desde 1980 en un 43% en el sistema de la Universidad Estatal de California (CalState) y 54.7% en UC.
Los administradores, apresurados por reemplazar los recursos perdidos, han recurrido a lo que parecen ser prometedoras fuentes: becas de investigación científica y patentes por derechos de autor. Pero la idea de que estos programas sean la clave para tener presupuestos sostenibles es un mito.
Gastos federales de investigación y desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés); el gasto como porcentaje de los recursos totales universitarios ha caído a niveles anteriores al Sputnik, mientras que las contribuciones de estados e industrias también declinaron ampliamente (COGR).
En algunas instituciones, el ingreso por patentes parece ser un gran número, pero rara vez es más que una pequeña fracción de las necesidades totales. El ingreso por patentes y derechos de autor y honorarios aproximadamente promediaron los $ 104.5 millones anuales en los años fiscales de 2011 hasta 2014. Esto aumentó a $ 177.2 millones en el año fiscal 2015, gracias en gran parte a la autorización de único medicamento para tratar el cáncer de próstata, Xtandi, desarrollado en UCLA, pero $43.4 millones de esa suma se distribuyó a los inventores; los ingresos netos ascendieron a una miserable mitad del 1% del presupuesto total del funcionamiento del sistema de la UC ($27 billones).
Los programas de ciencia y de ingeniería están fuertemente financiados por subvenciones exteriores, pero los mecenas tradicionales, el gobierno y la industria, han comenzado a alejarse. Una encuesta de 2014, realizada por Council on Governmental Relations, una asociación de universidades dedicadas a la investigación, encontró que el gasto federal en la universidad R&D había caído a 59.5% del total en 2012, el porcentaje más bajo desde 1956, antes de que el lanzamiento del Sputnik, de la Unión Soviética, estimulara un aumento masivo en la investigación científica de los Estados Unidos. Las contribuciones del estado y los gobiernos locales y la industria habían caído en dos tercios aproximadamente.
La carga de los costos de la educación superior se ha trasladado a los estudiantes: en UC, las matrículas y cuotas cubren el 46.3% del presupuesto, según el California Budget Project, lo cual representa un incremento del 18.9% respecto de la cifra que regía en 1998.
Estas tendencias han llevado a las universidades a dudosos acuerdos con los donantes. El año pasado, UC Irvine aceptó la primera entrega de un regalo de $6 millones de la Fundación Dharma Civilization por cuatro puestos en estudios hindúes, antes de que los miembros de la facultad dieran la alarma sobre la agenda política de dicha fundación. Finalmente, UCI rechazó la donación por completo. El estado de Arizona especificaba en 2014 que los solicitantes de un puesto en su nuevo Center for Political Thought and Leadership (Centro para el pensamiento político y liderazgo) mostraran un enfoque en “las relaciones entre las instituciones del libre mercado y la libertad política en la historia moderna”, que sospechosamente se acercaba a la mentalidad de la familia Koch, que había contribuido con $1.3 millones para el centro.
Lo que está realmente en juego en la mercantilización de lo académico es el papel tradicional de la universidad como un centro de la cultura y como campo de entrenamiento para el pensamiento. “El riesgo evidente”, dijo Michael Meranze, profesor de historia en UCLA que comparte un blog sobre asuntos académicos con Newfield, “es que la investigación académica se realice para promover los intereses de las corporaciones foráneas, más que guiada por la lógica de la misión de la universidad”.
Para estar al día con Michael Hiltzik, sígalo en @hiltzikm, en Twitter, o a través de su página de Facebook o por correo electrónico, michael.hiltzik@latimes.com.
Traducción: Diana Cervantes.
