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La crisis interna del Partido Republicano, donde su ala más extremista ha fijado su mensaje y su agenda, llevaba años cocinándose.
Hillary Clinton declaró la pasada semana que la mitad de los seguidores de Trump son “una canasta de deplorables” racistas, sexistas, homófobos, xenófobos, antitodo, particularmente antimusulmanes y antiinmigrantes.
Con la muerte del juez supremo conservador, Antonin Scalia, y la realidad de un máximo tribunal ahora dividido a partes iguales, la pregunta que muchos se hacen es cómo el inesperado desarrollo afectará los casos más complicados que se supone se consideren en el presente período del tribunal, incluyendo el futuro de las acciones ejecutivas migratorias que protegerían de la deportación a cuando menos 5 millones de indocumentados.
La retórica antiinmigrante del Partido Republicano —con Donald Trump a la cabeza— se está diseminando hacia la sociedad civil con un efecto peligroso.
¿Será Donald Trump una de las mejores armas de los grupos cívicos para registrar y movilizar votantes latinos de cara a la elección presidencial de 2016?
La lastimosa discusión migratoria sostenida en el debate de precandidatos presidenciales republicanos en Cleveland, Ohio, no reconoció al gran elefante blanco que por años el Partido Republicano ha ignorado y sigue ignorando: una reforma migratoria que defina qué hacer con los 11 millones de indocumentados que viven entre nosotros.
Allí estaba Donald Trump, en la frontera mexicoestadounidense en el sector de Laredo, Texas, invitado por un sindicato de la Patrulla Fronteriza, rodeado de funcionarios de la ciudad, con el tránsito vehicular detenido en la bulliciosa franja, y decenas de periodistas de todas partes siguiendo cada uno de sus pasos y comentarios.
No había oficializado su precandidatura a la nominación presidencial republicana y ya el senador Marco Rubio era objeto de protestas de parte de los DREAMers en la entrada de la Torre de la Libertad, donde formalizó el anuncio.
