USCIS aún utiliza discreción a favor de los migrantes a pesar de la presión
A pesar de las duras directrices impuestas por el Gobierno Trump al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), todavía hay oficiales que utilizan la discreción procesal en favor de los inmigrantes, reconocen y destacan varios abogados especialistas en la materia.
“En medio del pesimismo de estos días, que un oficial apruebe una residencia permanente a una indocumentada que fue deportada es de resaltar”, explica a Efe el abogado de inmigración, Fernando Romo, sobre un caso muy complicado.
El jurista se refiere al caso de Jenni Soto, de 46 años, quién llegó en 1990 a California y esperó 28 años para convertirse en residente permanente.
“Eso fue un milagro, teníamos muchas cosas en contra, yo lo sabía”, dice a Efe la mexicana, quien intentó legalizar su estatus por primera vez en el año 2.000 por medio una petición de trabajo amparada por la Ley 245 I.
La solicitud quedó en el limbo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Para esa época la inmigrante ya tenía dos hijos nacidos en Estados Unidos.
En 2004, Soto se vio obligada a viajar a México a atender la salud de su abuelo materno al que consideraba como un padre. De regreso intentó ingresar al país en una lancha por el mar, y fue detenida por la Patrulla Fronteriza y deportada.
“Mis hijos me necesitaban, así que me tocó volver a intentarlo y logré pasar”, relata Soto.
Romo explica que la deportación potencialmente descalificaba a Soto para ser una residente permanente, pero la inmigrante decidió proseguir en su intento de legalizarse cuando su hija cumplió 21 años.
La insistencia tiene una explicación. Desde los 13 años la hija mayor de Soto sufría de insuficiencia renal y esperaba un trasplante.
El pasado 23 de abril, cuando ya se habían denunciado varios casos de inmigrantes detenidos en las oficinas de inmigración mientras asistían a sus citas, Romo, Soto y la hija de esta se presentaron a la cita en las oficinas de USCIS en el condado de Santa Ana (California).
En medio de la entrevista, la oficial de USCIS asignada al caso preguntó a Soto si había sido deportada, la inmigrante contestó con la verdad.
“Argumentamos que la deportación fue hace más de 10 años, además del buen carácter moral de ella y la necesidad de que se quede en el país por su hija”, recuerda Romo.
Después de cuatro meses, USCIS aprobó la residencia de Soto, y la inmigrante recibirá hoy la tarjeta verde (green card).
Para el abogado Alex Galvez, quién ha visto disminuir está clase de decisiones a favor de sus clientes, los oficiales de USCIS deberían “agilizar los procesos en vez de poner trabas”.
“USCIS es una agencia financiada por los propios inmigrantes, entonces si ven que legalmente pueden otorgar la residencia y la ciudadanía no tiene sentido que saboteen el proceso”, insiste.
Las criticas sobre la Administración del presidente Donald Trump y USCIS han arreciado en los últimos meses, y este martes entró en vigencia un nuevo memorando que otorga discreción a los oficiales que revisan la documentación sometida para rechazar las solicitudes incompletas o con errores.
En caso de que sus casos fueran rechazados, los afectados tendrían que someter las peticiones nuevamente y pagar los costos.
Alma Rosa Nieto, miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), explicó a Efe que los funcionarios que ahora tendrán más discreción son los primeros en la cadena, y no tienen contacto con los inmigrantes y sus abogados.
“Eso es aún más preocupante”, advierte Nieto.
Gálvez cree que este es un nuevo pulso que la comunidad, y los que defienden a los inmigrantes no pueden dejar que esta agencia se convierta en otra arma para asustar al inmigrante, pues la nueva discreción “no obliga a los oficiales de USCIS a rechazar los procesos, ellos pueden permitir que el proceso continúe”.
Mientras el temor a estos funcionarios y sus decisiones aumenta entre la comunidad, Luis Luna, (nombre ficticio) califica al oficial de inmigración que atendió su caso como un “ángel de Dios”.
El inmigrante mexicano, que llegó al país en 1987, trató de legalizar su estatus por medio de la petición de un hermano en la década de 1990, y al ver que el proceso podría tardar décadas decidió someter una aplicación de asilo político que quedó estancada.
A pesar de que un abogado le recomendó que no prosiguiera en su intento, pues tenía una orden de deportación, Luna decidió rescatar la petición que su hermano había hecho 27 años atrás y en el mismo día de la entrevista con un funcionario de USCIS su solicitud fue aprobada.
Tanto Romo como Galvez advierten que la intención del Gobierno Trump al ordenar un mayor escrutinio por parte de los oficiales de USCIS solo pretende desalentar a los inmigrantes a someter las solicitudes, pero piden confianza en los agentes.
“USCIS está ahí para ayudarnos, no podemos dejar asustarnos. Lo único es preparar los casos”, recomienda Romo.
