El Gobierno vuelve a advertir a 23 entidades que protegen a indocumentados
El Departamento de Justicia volvió a advertir a los líderes de 23 entidades locales, entre las que se incluyen las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, para exigirles que sus policías locales colaboren con las autoridades federales en la deportación de inmigrantes indocumentados.
Esta es la segunda ocasión en pocos meses que la Justicia envía una carta a los dirigentes de las “ciudades santuario”, aquellas urbes que se niegan a destinar recursos para perseguir a inmigrantes sin documentación en regla, después de que en noviembre apercibiera a 29 entidades.
Sin embargo, en la misiva de hoy, el Departamento dio un paso más y amenazó con requerir la documentación por vía judicial, en caso de que las jurisdicciones no aporten la información pedida de manera completa o en un tiempo adecuado.
“Continúo instando a todas las jurisdicciones bajo revisión a que reconsideren las políticas que ponen en riesgo la seguridad de sus comunidades y sus residentes”, señaló el fiscal general, Jeff Sessions, en un comunicado.
Para el fiscal, proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados “desafía el sentido común y socava el Estado de Derecho”.
En su carta, el Departamento de Justicia pide a las entidades locales que le informen de si están cumpliendo o no con una ley que obliga a las autoridades municipales a facilitar información al Gobierno sobre el estatus migratorio de las personas que detienen o salen de la cárcel.
En caso de no responder a la petición “completa y oportunamente”, Justicia requerirá esta información a las jurisdicciones por vía judicial, según el escrito.
En las “ciudades santuario”, la policía local se niega a informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas que detiene y tampoco les avisa de cuándo van a poner en libertad a un inmigrante que ha cumplido cierto tiempo en prisión por haber cometido un delito.
Esa decisión, según el Departamento de Justicia, permite escapar a inmigrantes que suponen un riesgo y que, al contar con antecedentes, deben ser deportados de acuerdo con la ley.
“Somos optimistas y creemos que ahora sí van a colaborar con nosotros, pero si no lo hacen tomaremos otro paso y les enviaremos una citación judicial”, apuntó hoy en una conferencia telefónica un alto funcionario del Departamento de Justicia, que pidió el anonimato.
Entre las ciudades que han recibido la advertencia del Departamento de Justicia figuran Chicago (Illinois), Los Ángeles y San Francisco, ambas en California, Nueva York, así como la localidad de West Palm Beach (Florida), entre otras.
Los estados de California, Illinois y Oregón también recibieron la advertencia del Departamento de Justicia.
Algunas entidades, como Los Ángeles o los estados de Illinois y Oregón, ya fueron notificados el pasado mes de noviembre.
“Nuestro objetivo es asegurar que estas jurisdicciones cumplen con la ley federal y que pueden seguir recibiendo fondos del Gobierno en este sentido”, agregó el funcionario.
Los líderes de esas entidades “santuario”, la mayor parte demócratas, aseguran que las políticas que quiere implementar el Departamento de Justicia son las que ponen en peligro al país, pues debilitan la cooperación entre las policías locales y las minorías hispana y afroamericana.
El estado de California se convirtió formalmente en un “estado santuario” para los inmigrantes el pasado 1 de enero, después de que una ley estatal aprobada en octubre entrase en vigor.
Esta norma estatal no permite a los agentes locales y estatales investigar, interrogar o detener a personas en California solo porque sospechen que son inmigrantes sin papeles.
Aunque no es el primero en declararse “estado santuario”, posición que ocupa desde 1987 Oregón, el vecino del norte, California sí es el primer estado de gran población de indocumentados, por lo menos 2 millones de personas, que se erige en refugio para estos inmigrantes.
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