CDIH estudia medidas para evitar abusos de la industria extractiva canadiense
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó hoy posibles medidas con el objetivo de prevenir las numerosas violaciones de derechos humanos que desde hace años son denunciadas en el ámbito de la industria extractiva canadiense por sus operaciones en América Latina.
Entre los años 2000 y 2015, empresas canadienses del sector han estado involucradas en 28 incidentes, en los que se han registrado 44 muertes y 403 heridos, 363 de los cuales fueron lastimados durante la celebración de alguna protesta, según datos de la organización Justice and Corporate Accountability Project (JCAP).
Por este motivo, representantes de varias organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos solicitaron hoy en Washington que las autoridades canadienses actúen al respecto y demandaron la adopción de medidas de carácter vinculante.
El representante de OXFAM Canadá, Ian Thomson, reclamó que se instauren “con urgencia” una batería de medidas que son necesarias, según dijo, para prevenir este tipo de violaciones que principalmente afectan a las poblaciones más desfavorecidas.
Entre estas medidas, Thomson enumeró la necesidad de que las empresas firmen contratos de adhesión al respeto de los derechos humanos, el acceso por parte de las víctimas al sistema de Justicia canadiense y la creación de una Oficina del Defensor del Pueblo, cuyas resoluciones tengan carácter vinculante.
A fecha de octubre de 2017, empresas canadienses participan en cerca de 800 proyectos en Latinoamérica y, según datos oficiales del año pasado, 102 empresas han generado 1.670 millones de dólares ingresos que han ido a parar a las arcas de los Gobiernos de la región, defendió Jennifer Loten, embajadora de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Asimismo, Loten resaltó que las autoridades canadienses están “comprometidas” con la defensa de los Derechos Humanos, motivo por el cual se han adoptado una serie de medidas para evitar abusos, como la firma de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias de la Extracción, que fue implantada en junio de 2015.
Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes puesto que, según apuntó Thomson, muchas de los incidentes denunciados hoy ante la CIDH se produjeron cuando éstas “ya estaban en vigor”.
Uno de los principales problemas es la falta de información, señaló Leah Gardner de la JCAP, quien reconoció que, debido la falta de acceso a los informes oficiales, su organización se ve obligada a elaborar sus informes con información recopilada a través de los medios de comunicación y de información de internet.
En similar sentido se expresó Salvador Herencia, del Centro de Investigación de Derechos Humanos y Educación de la Universidad de Ottawa, quien denunció el “secretismo” del sector, amparado en los acuerdos de confidencialidad habituales entre las empresas y los gobiernos de los países en los que se llevan a cabo los proyectos.
Precisamente, el presidente de la comisión que analizaba el caso, Francisco Euguguren, tuvo también palabras críticas para esos gobiernos pues, según dijo, el problema de corrupción que azota la región supone uno de los pilares en los que se sustentan estos abusos.
“Lo ideal sería que no se dieran, pero que si se dan deberían ser juzgados en los países donde se producen; pero en muchos casos están más expuestos a la corrupción”, lamentó Euguguren, quien se alineó así con las demandas de las organizaciones que piden acceso a la Justicia canadiense por parte de las víctimas.