AI dice que la Ley de Seguridad perpetúa fracaso del Gobierno mexicano ante la violencia

Amnistía Internacional (AI) hizo un llamamiento al Senado mexicano para que rechace un proyecto de ley que establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ya que "perpetúa institucionalmente" el fracaso del Gobierno ante la violencia.

En una carta que hizo llegar el miércoles al presidente del Senado, Ernesto Cordero, AI expresa su "grave preocupación" por la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y actualmente bajo consideración de los senadores.

AI considera que la aprobación definitiva del proyecto "sería un grave retroceso en materia de derechos humanos", argumentando que "prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares para las cuales no están capacitadas, ni por las cuales rindan cuentas".

Al respecto, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo a Efe que la organización ha documentado desde hace más de 10 años "gravísimas violaciones a los derechos humanos en el contexto de una salida política que ha impuesto el papel de las Fuerzas Armadas en la respuesta a graves situaciones" de violencia en gran parte del país.

La falta de una respuesta efectiva a este problema, sostuvo, "ha "generado una situación caótica y una de las peores crisis en todo el hemisferio".

La abogada denunció que en la respuesta gubernamental "no ha habido siquiera intentos" por ir corrigiendo los graves fallos de esta política.

Amnistía también argumenta que la iniciativa contiene disposiciones que activan a las Fuerzas Armadas cuando el presidente expide una "declaración de protección de seguridad interna".

Pero también advierte que la declaración no es necesaria cuando la situación que requiera dicha activación esté contemplada en la Agenda Nacional de Riesgos, documento secreto del que no se conocen los criterios.

De acuerdo con la directora, en una situación en que los militares desempeñan funciones policiales, desde detenciones hasta interrogatorios, "se cometen las más graves violaciones a los derechos humanos, que van desde tortura a desaparición forzada y detenciones arbitrarias".

Por otro lado, AI indica que el proyecto no establece ningún sistema efectivo de rendición de cuentas, al tiempo que estipula que cualquier acción que se realice al amparo de la ley se guiará por un principio de confidencialidad y toda la información será reservada.

Asimismo, el texto contiene referencias al respeto de los derechos humanos, pero limita este aspecto a los protocolos que emitirán las propias autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas.

La carta denuncia también que la ley obligaría a las demás autoridades, incluidas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, a entregar toda la información solicitada por las Fuerzas Armadas.

Por todo ello, llamó a las autoridades a enfrentar la inseguridad "de una forma mucho más integral, pues ya se ha demostrado que la política militarizada para responder a esta violencia que cada día cobra más vidas no ha sido efectiva".

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