Ciudades cargan contra estado de Texas en audiencia sobre ley migratoria SB4
Varias ciudades de Texas cargaron hoy contra ese estado sureño en una corte federal de San Antonio por la controvertida ley SB4, que prohíbe las “ciudades santuario” y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida.
Durante la audiencia, que duró más de siete horas, el juez de distrito Orlando García puso especial atención en conocer de qué modo sería aplicada la SB4 en caso de entrar en vigor el próximo 1 de septiembre, fecha prevista según la legislación texana.
La parte demandante, que incluye las ciudades de San Antonio, Austin, Dallas y Houston, los condados de El Paso, Travis, Maverick y Bexar, y el pueblo fronterizo de El Cenizo, argumentó que una de las mayores preocupaciones respecto a esta ley es su falta de claridad en muchos aspectos, lo que aumenta las posibilidades de que su aplicación sea subjetiva.
El objetivo de esta coalición es que el juez federal bloquee la ley antes de que entre en efecto, ya que considera que sería “muy dañina” para la población hispana de Texas, que representa más del 40 % del total de los habitantes del estado.
Asimismo, defendieron la idea de que la SB4 es inconstitucional porque viola la primera y la cuarta enmiendas de la Constitución estadounidense y la cláusula de supremacía, y traspasa las competencias estatales en materia de inmigración, que es una cuestión federal.
Por su parte, el estado de Texas estuvo representado por el equipo de abogados del fiscal general estatal, el republicano Ken Paxton, y fue respaldado por el Departamento de Justicia.
Según el Departamento de Justicia, la legislación texana no va en contra de los principios de preeminencia de la ley federal, respeta el federalismo y respalda el derecho de la gente a que no se viole su intimidad.
Una de las cláusulas más controvertidas de la ley, conocida como “enséñame los papeles”, autorizará a los cuerpos policiales a preguntar sobre documentación migratoria a cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.
El magistrado cuestionó si los pasajeros de un automóvil hipotéticamente parado por las autoridades locales bajo la SB4 deberían mostrar sus papeles o no, una pregunta que ni la defensa ni la parte demandante supo responder con exactitud.
La parte demandante llamó al estrado a seis testimonios, entre los que se encuentran la fiscal general del condado de El Paso, Jo Anne Bernal, la legisladora estatal Ana Hernández y el director de investigación sobre migración de la Universidad de California en San Diego, Tom K. Wong, entre otros.
Bernal, cuyo condado tiene un 80 % de población hispana, relató que si la ley SB4 entra en vigor hará de Texas un estado “menos seguro”, dado que supondrá un descenso en el reporte de crímenes y en la búsqueda de ayuda pública de víctimas indocumentadas.
La representante estatal Hernández, hija de indocumentados, ofreció parte de su testigo con lágrimas en los ojos al recordar que esta medida no sólo afectará a personas sin la documentación en regla, sino que supone también un riesgo para millones de niños estadounidenses hijos de indocumentados.
En las observaciones finales, el juez García dijo no estar seguro de cuándo dictará sentencia, pero aseguró que trabajará “lo más rápido posible”.
Las ciudades, condados y municipios que demandaron al estado de Texas están representadas en la corte por organizaciones proderechos de los hispanos, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Fondo México Estadounidense para la Defensa Legal (MALDEF), la Asociación de Chicanos en Educación Superior de Texas o La Unión del Pueblo Entero (LUPE).
Otros grupos de defensa de los derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Defensa de Trabajadores, también tienen un rol protagonista en esta batalla legal.
