Grupos proderechos civiles demandarán “próximamente” a Texas por la SB4

Varias organizaciones proderechos civiles de todo el país apuntaron hoy que están trabajando para interponer una demanda “próximamente” contra el estado de Texas por ratificar una ley que prohíbe las “ciudades santuario” y autoriza la regla “enséñame los papeles” en este estado sureño.

“Habrá muchos litigios para impedir la implementación de esta ley, que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución y atropella las capacidades de las autoridades locales”, apuntó en una conferencia telefónica Thomas Saenz, presidente del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), quién dijo que su grupo presentará una demanda dentro en un plazo de dos semanas.

Además de esta asociación, representantes del Consejo Nacional de La Raza (NCLR, en inglés), la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Humanos y Civiles, Mi Familia Vota, Asian Americans Advancing Justice (AAAJ) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otras, también expresaron hoy su intención de llevar esta legislación a los tribunales en las próximas fechas.

Estos grupos deberán presentar los requerimientos judiciales antes del 1 de septiembre, fecha en la que, según las reglas de la legislatura texana, esta legislación entrará en vigor.

Líderes nacionales de derechos civiles analizaron las consecuencias de la ley SB4 de Texas, ratificada recientemente por el gobernador estatal y que obliga a las autoridades locales en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados y permite cuestionar el estatus migratorio de todos los detenidos.

La presidenta y consejera delegada de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Humanos y Civiles, Vanita Gupta, calificó esta ley como “una herramienta más” de la “máquina de deportación masiva” del presidenten Donald Trump, e indicó que se trata de la legislación antiinmigración “más extrema” de Estados Unidos de los últimos años.

“Es una ley que va en contra de nuestros principios como nación y que promueve el miedo entre, no únicamente los indocumentados, sino todas aquellas personas que tengan un color o acento diferente”, señaló Gupta.

En este sentido, la también presidenta y consejera delegada del NCLR, Janet Murguía, señaló que los mandatarios texanos han escondido esta “draconiana” legislación tras motivos de seguridad pública, cuando en realidad los inmigrantes tienen una tasa criminal “muy inferior” a los nacidos en Estados Unidos.

Esta activista no cerró las puertas a realizar un boicot a Texas en el futuro por esta legislación, una medida que su organización ya impulsó hace siete años en motivo de protesta de una ley de Arizona conocida popularmente como “enséñame los papeles”.

En esa ocasión, el boicot se centró en la promoción de cancelación de convenciones, reuniones y conferencias en Arizona, cuya economía depende en parte del comercio y el turismo desde otros estados y de México.

Otra de las consecuencias que preocupa mucho a estas organizaciones es que la SB4 provocará una “gran” disminución de las denuncias por parte de los indocumentados que hayan sufrido un robo, una agresión, una violación o hayan sido víctimas de abuso doméstico, por temor a ser detenidos.

“Lucharemos por nuestros hermanos latinos, afroamericanos y asiáticos para que no sufran las consecuencias de esta ley que promueve la discriminación étnica y los perfiles raciales, que es una práctica ilegal en Estados Unidos”, recordó Judson Robinson, presidente de la Liga Urbana del Área de Houston (Texas), integrante de una coalición de más de noventa organizaciones comunitarias.

Por otro lado, los activistas denunciaron que esta ley dejará a los jefes de policía y a las oficinas del alguacil de Texas en una situación “muy complicada”, porque tendrán que decidir si “traicionan” a sus comunidades o se arriesgan a perder su trabajo o, incluso, ir a la cárcel.

Los jefes policiales podrán ser demandados si entregan a una persona al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin mediar una orden judicial o estarán expuestos a demandas de los grupos antiinmigración por no cumplirla.

Asimismo, la directora de políticas inmigratorias de ACLU, Lorella Praeli, advirtió de que esta legislación tendrá un impacto “enorme” en los visitantes del estado de la estrella solitaria, que estarán sujetos a que les pidan la documentación por su apariencia física o manera de actuar.