Tribunales decidirán el futuro de ley contra “ciudades santuario” en Texas
Los tribunales tendrán la última palabra sobre la aplicación del polémico proyecto de ley recientemente aprobado en Texas que prohíbe las “ciudades santuario” y autoriza la regla “enséñame los papeles” en el estado de la estrella solitaria.
Según estipula el reglamento de la legislación texana, el proyecto de ley SB4 debería entrar en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, una vez que el gobernador estatal, el republicano Greg Abbott, ratificó esta legislación hace dos días.
Sin embargo, organizaciones proderechos civiles y autoridades locales han empezado a interponer demandas al estado de Texas para evitar que la ley entre en funcionamiento.
Una de las primeras demandas, a la que tuvo acceso hoy Efe, fue interpuesta por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en nombre de un pueblo estadounidense fronterizo con México llamado El Cenizo (Texas), que se querella contra el estado y sus máximos responsables, Abbott y el fiscal general, Ken Paxton.
En este documento judicial, las autoridades locales de El Cenizo expusieron que la SB4 viola varios principios constitucionales, como la Quinta y la Decimocuarta enmiendas de la Constitución de EEUU, ambas relacionadas con el procedimiento legal para detener a personas en terreno estadounidense.
Además, esta reclamación judicial asegura que el proyecto de ley texano no respeta las leyes federales de inmigración y pone trabas al trabajo de los agentes de policía y sheriffs.
El director de asuntos de inmigración y expresidente nacional de LULAC, Hector Flores, explicó en declaraciones a Efe que este es el primero de “muchos litigios” que se presentarán en contra de esta legislación, que dijo “discrimina a todas las personas que tienen apariencia de ser inmigrantes”.
“Esta ley va a agravar la relación entre los latinos y los oficiales de policía y va a potenciar los perfiles raciales”, sentenció Flores, al mismo tiempo que lamentó que Texas esté dando “pasos atrás” en vez de avanzar en materia de derechos humanos.
No obstante, el exlíder de este grupo proderechos hispanos se mostró optimista respecto a las posibilidades de eliminar o minar los efectos de la SB4, gracias a los precedentes históricos que se dieron en otros estados, como Arizona o California, con leyes parecidas.
Además de LULAC, numerosos ayuntamientos locales, como el de Austin, y varias organizaciones, incluyendo Work Defense Project, Texas Organizing Project, United We Dream, ACLU, MALDEF y Mi Familia Vota anunciaron que están estudiando cómo abordar la batalla legal contra esta legislación.
Antes de que todas estas entidades reflejasen su disconformidad en los tribunales, el estado de Texas interpuso una demanda este lunes contra las autoridades locales del condado de Travis y de Austin por interrumpir su cooperación con los agentes federales de inmigración el pasado mes de febrero.
Asimismo, denunció al Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), una organización que mostró su férrea oposición a esta ley desde que fue anunciada.
En respuesta a este requerimiento judicial, el presidente de MALDEF, Thomas Saenz, remarcó en un comunicado que este movimiento es una acción “frívola, presentada precipitadamente y sin base legal”.
“En vez de esperar a que las personas y entidades agraviadas persigan los muchos desafíos constitucionales de la SB4, el estado manifiesta su propia ansiedad para declarar esta legislación constitucional”, detalló en este documento Saenz.
El estado de Texas se podría enfrentar también a un “amicus curiae” (amigo de la corte) presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, según adelantó en una entrevista con Efe el cónsul general del país azteca en Austin, Carlos González.
El representante mexicano recordó que la Cancillería ya presentó algunos escritos en este sentido en anteriores ocasiones para proteger los derechos de los mexicanos en este estado sureño, aunque precisó que se esperará “al momento y al contenido oportunos” para realizar esta iniciativa judicial.
