Amnistía Internacional de Puerto Rico acusa a la Policía de terrorismo de estado
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico, Liza Gallardo, acusó hoy a la Policía de la isla caribeña de terrorismo de estado, debido a la forma en la que fueron arrestados dos jóvenes estudiantes en una manifestación por agentes encubiertos de las fuerzas de seguridad locales.
Gallardo dijo en conferencia de prensa que la organización que representa rechaza las formas en las que se realizaron las detenciones el pasado jueves en San Juan, donde los dos estudiantes fueron arrestados por agentes de la Policía encubiertos cuando protestaban junto al Capitolio, sede del Legislativo.
Los dos estudiantes se habían unido a los manifestantes que protestaban contra los recortes millonarios que exige la Junta de Supervisión Fiscal, entidad de control federal al Gobierno de la isla, y en favor de una auditoría a la millonaria deuda de Puerto Rico, que ronda los 70.000 millones de dólares.
Gallardo justificó su acusación al señalar que los miembros de la Policía deben actuar en una manifestación correctamente identificados con sus uniformes, ya que de lo contrario las detecciones pueden entenderse en términos legales como un secuestro.
Calificó el proceder de la Policía de represalia y violencia institucional, además de asegurar que Amnistía Internacional de Puerto Rico recurrirá a todas las instancias internacionales que haga falta para denunciar una situación que definió como de “castigo ejemplar” por parte de las fuerzas de seguridad para amedrentar.
“Se utilizan además tácticas de violencia contra la mujer”, aseguró Gallardo, para quien las fuerzas de seguridad se aprovechan de la mayor vulnerabilidad de las féminas para no respetar sus derechos.
Los hechos que provocaron la reacción de Amnistía Internacional de Puerto Rico se registraron el pasado domingo, cuando los estudiantes Adriana Quiles y Josué Román participaron en la protesta ante la sede del Legislativo en San Juan.
Los dos jóvenes están acusados de “actuar en concierto y común acuerdo para cometer el delito de daño agravado”, tal y como estipula el artículo 199 del Código Penal, así como en el caso de Quiles “por empleo de violencia o intimidación contra agentes”, según el artículo 245, ya que se le acusa de golpear a un miembro de la Policía y utilizar gas pimienta.
“La principal denuncia del grupo es la preocupación de que haya más arrestos por parte de agentes encubiertos, ya que al no estar uniformados es difícil que las personas reconozcan quién realiza la detención. Incluso podrían aumentar los casos de personas detenidas por denuncias como agresión por recurrir a la defensa propia ante una situación que entienden es amenazante”, indicó Gallardo.
La abogada Nora Vargas señaló por su parte que el hecho de que sean agentes encubiertos los que realizan las detenciones no los exime de cumplir con los requisitos de la Constitución o hacer los arrestos conforme a la Ley .
La también abogada de derechos civiles explicó que en el caso de los jóvenes detenidos el domingo los agentes tenían que ir al tribunal con una declaración jurada para conseguir una orden de arresto, ya que de lo contrario se considera la detención como un secuestro.
Sarah Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, añadió que “este tipo de detención perpetúa la violencia que viven las mujeres en nuestro país y ataca el trabajo realizado por los movimientos de mujeres”.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, defendió hoy los arrestos realizados por agentes encubiertos de la Policía durante la manifestación y dejó claro que habrá cero tolerancia con aquellos que incurran en violencia y vandalismo.
“Un agente, esté en uniforme o no, si ve que alguien está en violación de la ley, si ve que hay vandalismo, si ve que hay un atentado, puede intervenir y en dicho caso esto es consistente con la ley”, indicó Rosselló.
La jefa de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández, señaló por su parte que se continuará recurriendo a agentes infiltrados en las manifestaciones para como señaló “salvaguardar vidas y propiedades”.
