Ciudad de México reafirma defensa de su Constitución ante la Suprema Corte
El Gobierno de la Ciudad de México reafirmó su defensa de la Constitución política de la metrópoli promulgada el 5 de febrero pasado, al entregar hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sus argumentos contra la inconstitucionalidad promovida por autoridades federales.
El consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, dijo que los argumentos entregados a la SCJN buscan impedir que “circunstancias de carácter técnico-jurídico” derriben la Constitución local.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) interpuso el pasado 10 marzo ante la SCJN diversas acciones de inconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México.
Granados calificó de “inadmisible” que la PGR pretenda limitar con estas acciones la ampliación de derechos de los capitalinos, al considerar que la institución federal solo tiene facultades para interponer controversias en materia penal.
Señaló que algunas de las acciones de inconstitucionalidad de la PGR “fueron constituidas sin seriedad” y como ejemplo afirmó que señalan apartados de artículos que no existen en el texto.
El consejero informó que 60 personalidades y expertos en diversas materias formarán grupos temáticos para pedir audiencias a los ministros de la Suprema Corte en defensa de la Constitución capitalina.
Entre ellos destacan Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Humberto Lozano, Ana Laura Magaloni, Clara Jusidman y Lol Kin Castañeda, quienes participaron en la Asamblea que redactó la Constitución local entre septiembre de 2016 y enero de 2017.
El pasado 29 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que la Constitución no debe ser sometida a plebiscito al rechazar un recurso de inconstitucionalidad del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La Constitución de Ciudad de México deberá entrar en vigor el 17 de septiembre de 2018 y está conformado por 70 artículos y 39 artículos transitorios.
El texto contempla los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y apunta a eliminar la exclusión y la falta de acceso a la educación media y superior.
Uno de los artículos considerados más avanzados es el relativo al derecho de autodeterminación personal, que explicita que “una vida digna contiene implícitamente el derecho de una muerte digna”.
