Junta Supervisión Puerto Rico advierte que no hay conciencia de lo que se avecina

El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, Ramón Ruiz Comas, dijo hoy que la población de la isla no es consciente de cuáles serán las consecuencias del plan fiscal que debe entregar el Gobierno el día 28, base de un próximo presupuesto con esperados recortes.

“Todavía se percibe que hay gente que no se da cuenta de la magnitud del problema”, señaló Ruiz Comas durante un encuentro con la prensa que coincide con la entrega, hoy, por parte del Ejecutivo a la Junta de Supervisión de los planes fiscales correspondientes a cinco de las más importantes corporaciones públicas de la isla.

Ruiz Comas subrayó que “todo el país se verá impactado” por el plan fiscal y el subsiguiente presupuesto, que como aclaró deberá reflejar un balance fiscal que permita al Gobierno actuar con responsabilidad.

“Llegó el momento de tomar soluciones”, dijo, tras dejar claro que no sería realista pensar que la situación no afectará a la población, al menos durante los primeros años en los que se tratará de recomponer unas finanzas públicas que arrastran un deuda impagable que ronda los 70.000 millones de dólares.

En cuanto a cuáles serán los sectores en las que los ciudadanos sentirán de forma más directa la nueva situación, sostuvo que la Junta de Supervisión recomendó áreas de recorte, aunque es el Gobierno quien debe ahora tomar decisiones.

“El proceso que se va a seguir es que el Gobierno determine cuáles son los servicios esenciales y que asigne los fondos que puede pagar”, indicó Ruiz Comas.

Dijo que es inevitable que se den recortes dada la situación actual y que uno de los sectores que se verá afectado es el de la educación pública y en concreto la Universidad de Puerto Rico.

Ruiz Comas recordó que la Junta de Supervisión que lidera ha sugerido para el próximo ejercicio fiscal un recorte para el presupuesto de la entidad educativa de 300 millones de dólares, lo que desencadenó hace unos días la dimisión en bloque de la dirección universitaria.

Resaltó que no se trata de “decisiones simpáticas”, sino adecuadas a la nueva realidad y que si el Gobierno, por ejemplo, entiende que esa reducción puede dañar a la calidad ofrecida y determina que el recorte debe limitarse a 250 millones de dólares deberá aclarar “de dónde sacará los otros 50 millones”.

“La Universidad contará con lo que el Gobierno le ofrezca. Todo el mundo tiene que ajustarse a la realidad”, sostuvo, tras dejar claro que no se podrá gastar “como se venía haciendo”.

“Puerto Rico, conociendo sus ingresos, tiene que ajustar sus gastos”, subrayó, después de advertir de que “no se debe esperar que se envíen fondos federales para salir adelante, sino trabajar para ello”.

Ruiz Comas indicó que a los recortes necesarios para contar con un presupuesto equilibrado se suma el golpe a la asistencia sanitaria prestada a través de Medicaid, consecuencia de los pasos en el Congreso estadounidense para derogar el “Obamacare”.

Pidió por ello un esfuerzo conjunto para que las autoridades en Washington den una alternativa a este problema.

Los pasos a seguir ahora preven que el Gobierno de Ricardo Rosselló entregue el próximo día 28 un plan fiscal que debe ser la base del próximo presupuesto.

El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal matizó que en el caso de que el plan fiscal que les presente el Gobierno no cumpla con las expectativas se le dará una segunda oportunidad al equipo de Rosselló, pero que en última instancia y si es imposible el consenso será la entidad que encabeza la que certificará su propio plan.

El Gobierno está previsto que entregue hoy los planes fiscales del Banco Gubernamental de Fomento, Autoridad de Carreteras y Transportación, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas.

La Junta de Supervisión Fiscal dará a conocer el próximo 15 de marzo si aprueba el plan fiscal que le entrega el Gobierno, incluidos los de las cinco corporaciones.

La Junta de Supervisión Fiscal es una entidad que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en Washington el pasado verano para atender el asunto de la deuda de cerca de 70.000 millones de dólares que arrastra la isla.