Advierten que el poder de ICE puede derrumbar el santuario a indocumentados

Abogados y activistas defienden el derecho que tienen estados y ciudades de ofrecer santuario a los indocumentados, pero advierten que Inmigración tiene formas de vencer la falta de colaboración y reclaman leyes locales fuertes para enfrentar el esperado embate del próximo gobierno.

"La décima enmienda de la Constitución le da ciertos derechos a los estados, de actuar de manera independiente del gobierno federal para que no se meta en la vida de las personas", declaró hoy a Efe el abogado Víctor Nieblas, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

"El control de la inmigración es un problema federal, que debe hacerse sin la ayuda de los estados", dijo, y estos "tienen todo el derecho de reclamar su independencia".

Después de la elección de Donald Trump, los alcaldes de Seattle, Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Providence y Chicago, entre otras ciudades, declararon públicamente que los indocumentados estarán protegidos, a pesar de las amenazas de deportaciones del presidente electo.

Inclusive, Trump prometió bloquear fondos federales a las ciudades santuario que no colaboren con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Nieblas opinó que al no estar claro qué fondos perderían los estados por no cooperar "puede darse una pelea de abajo hacia arriba" y los estados retener impuestos y otros aportes al Gobierno federal.

Salvador Sarmiento, coordinador de campaña de la Red Nacional de Jornaleros, dijo a Efe que las comunidades deben "permanecer vigilantes", no dejarse llevar por "palabras bonitas" y estar dispuestas a dar pelea contra las "arbitrariedades de ICE".

En su opinión, "la 'migra' actúa como un pulpo", y tiene varios programas que funcionan como tentáculos para enlazarse con las comunidades locales.

Señaló que en muchos casos las policías locales o alguaciles de condados no colaboran directamente con ICE en la detención de indocumentados para deportación, pero sí integran unidades de combate a pandillas u otras asociaciones que los vinculan con el brazo policial de Inmigración.

"Aunque le cortemos un tentáculo al pulpo, no lo estamos matando. Sigue vivo y tiene otras maneras de agarrar a la gente", dijo Sarmiento.

El activista sugirió que las afirmaciones públicas de santuario sean convertidas en leyes, con medidas que llamen a responsabilidad a los funcionarios que no las cumplan y que permitan el seguimiento de la comunidad.

"Si la comunidad no vigila, es muy fácil que un cuerpo policial se acerque a la 'migra', o viceversa", agregó.

César Vargas, abogado y activista indocumentado de Nueva York, escribió hoy en una columna de opinión del New York Times que el santuario no es solamente legal, sino además "crucial para la seguridad nacional".

"Es un principio fundamental que las ciudades y estados tengan discreción sobre cómo hacer cumplir sus leyes y no pueden ser obligadas a despojar a sus residentes de derechos y protecciones aprobadas por las legislaturas locales", señaló.

Avideh Mousavian, del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC), dijo a Efe que santuario es un término muy amplio que comprende muchas situaciones, prácticas y políticas.

El movimiento santuario se inició en la década de 1980 en EE.UU, con el refugio que recibieron inmigrantes centroamericanos en las iglesias, y ha vuelto al primer plano con la retórica de Trump durante la campaña y su elección del senador antiinmigrante Jeff Sessions como futuro fiscal general.

"Esto ha provocado mucho miedo y división en las comunidades", que podrían refugiarse en escuelas, hospitales, lugares religiosos y hasta puestos policiales", dijo la abogada.

Pero advirtió que, aunque los estados comprenden que hay leyes federales que no pueden controlar y ofrecen su "solidaridad" a los indocumentados, debe tenerse en cuenta que el santuario "no suspende la aplicación de la ley".

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